¿Debería ser obligatorio vacunar? Mejor convencer, dicen los expertos

La mayoría de los médicos de familia que ejercen en España jamás han visto un paciente de difteria. Décadas de campañas de vacunación relegaron esta enfermedad infecciosa y potencialmente mortal a la categoría de dolencia erradicada, material de libro de texto. Pero esta semana, en Olot (Girona), un niño de seis años se ha convertido en el primer afectado de difteria en 28 años. España ni siquiera tenía reservas del fármaco, una antitoxina, que es clave para superar la enfermedad. Las de Francia y Suecia estaban caducadas. Hubo que traerlas en avión desde Rusia y en valija diplomática. El niño no estaba inmunizado por decisión consciente de sus padres. Ante un caso así, la pregunta brota inevitable: ¿Debería ser obligatorio que las familias vacunaran a sus hijos?

En España, las vacunas se recomiendan, no se imponen. La Ley general de Sanidad, de 1986, suprimió la obligatoriedad. Tras años de desencuentros entre comunidades autónomas, en 2013 se aprobó un calendario de vacunación único, pero no común, porque hay regiones que siguen ofreciendo por su cuenta inmunizaciones que las demás no contemplan. Son los pediatras los que van informando a los padres de cuándo tocan los pinchazos oficiales, que están financiados. Es potestad de los padres negarse. Los expertos consultados por EL PAÍS coinciden mayoritariamente en que la vacunación no debería ser obligatoria. “Es mucho más efectivo convencer que obligar”, resume Ildefonso Hernández, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

“El Estado tiene que usar los poderes cuando está en riesgo la salud de un niño, y lo hace cuando hay un riesgo real, como en caso de emergencia por un brote epidémico. Hacerlo cuando tenemos coberturas de vacunación superiores al 90% no parece necesario. La clave es la educación: los ciudadanos responsables y críticos saben elegir bien”, señala Hernández. Para David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, hay otro elemento clave: la coerción puede resultar contraproducente. Tras varios brotes de sarampión en niños no vacunados, Estados Unidos está endureciendo sus leyes. “Se está viendo que hacerlo provoca sentimientos antivacunas y que los grupos contrarios a la vacunación se vean reforzados en sus argumentos”, señala. Se han vuelto más beligerantes y, pese a ser minoritarios, consiguen mucho eco.

“El derecho a la vacunación es de los niños, no de los padres”, dijo a EL PAÍS Rubén Moreno, secretario general de Sanidad, tras conocerse la noticia del contagio del niño de Olot. El ministerio no ha querido pronunciarse después sobre si la inmunización debería ser obligatoria, ni siquiera sobre si se debería abrir ese debate. Tampoco el grupo popular en el Congreso. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE, asegura: “No somos partidarios de la obligatoriedad, sino de campañas y acciones educativas de concienciación”. Solo en situación de grave riesgo de salud pública estarían a favor de la coerción. El debate, asegura, nunca surgió en el ministerio mientras él fue secretario general de Sanidad (2005-2011).

Tampoco ha surgido entre la judicatura, señala Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria. Los jueces aplican la Ley general de Sanidad en casos en los que se pone en peligro la salud pública o si hay riesgo para la vida de una persona. “Por ejemplo, un caso de negativa a hacer una transfusión de sangre a un menor. Si hay peligro para la vida del niño y según el criterio médico, se autoriza. Ocurre también con casos de enfermedades infecciosas como la tuberculosis o el ébola, en los que los jueces obligan al aislamiento o al tratamiento”, señala. Pero son situaciones muy concretas y aisladas, dice: “Yo he podido tener en ocho años un par de casos”. ¿Se podría pedir responsabilidad a los padres del niño de Olot tras comprobarse el efecto de su decisión? Sexmero asegura que, en el caso hipotético de producirse un contagio, los padres responderían civilmente. “Se les podría privar de la guardia y custodia, incluso si no hay otra familia que denuncie, porque la comunidad autónoma podría plantearlo de oficio y, al tener la tutela automática por desamparo, privarles de la patria potestad”.

¿Responsabilidad de los padres?

Los padres del niño con difteria se sienten “engañados” por los grupos antivacunas, según dijo el viernes el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Antoni Mateu. Han reconocido que “no estaban bien informados”, añadió, y, a preguntas de los periodistas, descartó completamente la posibilidad de responsabilizarlos de los gastos del tratamiento. Sí se mostró a favor de “perseguir de forma punible” a los grupos antivacunas que propagan mensajes sin evidencia científica. El consejero de Sanidad catalán, Boi Ruiz, aseguró en una entrevista que es partidario de la obligatoriedad de algunas vacunas.

“Entran en colisión dos derechos: el de protección de la salud pública frente al derecho individual de los padres”, opina Carmen de la Fuente Hontañón, vicepresidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. “En un caso de enfermedad potencialmente mortal como es la difteria la opinión de los padres no prevalece sobre el derecho de protección del que velan los poderes públicos”, añade. Para Montse Esquerda, directora del Instituto Borja de Bioética-URL, “lo ideal sería no tener que llegar a la obligatoriedad. Solo si no se consiguiera un consenso, o si hubiera un número de casos significativo se podría pensar en cambiar la ley”. Francisco Álvarez, pediatra en Asturias, habla de su propia experiencia cuando asegura que un médico insistente, si se explica con datos, puede llegar a convencer a unos padres: “De 700 pacientes que tengo solo en un caso una persona se negó. Hablé mucho con ella. Tardé tres años en vacunar al niño, pero al final lo vacuné de todo”.