La infanta Cristina, al banquillo como cooperadora del fraude de su marido

El juez José Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido. El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.

El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.

El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos de los escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.

El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".

El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.

Cristina de Borbón ha protagonizado desde 2013 –y desde su declaración ante el juez como imputada de febrero de 2014- gran parte de las informaciones sobre el caso Urdangarin también llamado caso Nóos.

El asunto judicial se abrió en 2010 para investigar la supuesta malversación de seis millones de fondos públicos de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través del Instituto Nóos. La lupa escrutadora se centró en la presencia de Cristina de Borbón en la junta de Nóos y, especialmente, en su papel de copropietaria con su marido de la compañía Aizoon en la que se drenaron cantidad supuestamente defraudadas.

El último escrito determinante en la causa del juez Castro, el auto de apertura del juicio oral, contiene el relato de hechos bajo sospecha, el abanico de supuestos delitos y así como el listado de acusados que han de estar en el banquillo para ser juzgados. El socio Diego Torres, su esposa Ana Maria Tejeiro y sus dos hermanos colaboradores de Nóos. El ex presidente Jaume Matas y cuatro de sus colaboradores, cargos de Madrid 2016 y de la Comunidad Valenciana.

El fiscal quiere una petición de pena máxima de 19, 5 años de prisión contra Iñaki Urdangarin y una multa de 3,5 millones mientras que para el expresidente balear Jaume Matas la pena reclamada es de 11 años. Para Diego Torres son más de 16 años. La Fiscalía Anticorrupción no ve culpable a la Infanta pero le exige el pago de casi 600.000 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de los fondos fraudulentos operados en Aizoon aun sin saber su procedencia ilegal y no ser administradora de la compañía. La Infanta depositó esta partida en el juzgado. Al abonar esta cantidad (de no ir a juicio) evitaba ser parte –civil- en la causa y ser citada como solicita el fiscal.

Iñaki Urdangarin se enfrenta a acusaciones por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo de capitales.