La montaña ácida resiste

Hace tres años debería haberse empezado a limpiar. Así lo ordenó la Audiencia Nacional y lo ratificó el Tribunal Supremo. La sentencia dio finalmente la razón al Ministerio de Medio Ambiente, que en 2003 retiró la concesión del basurero a la empresa de fertilizantes Fertiberia por verter más de lo acordado en el contrato firmado a finales de los sesenta (hasta tres metros de altura), y la obligó a dejar de verter y regenerar la zona. Lo primero lo hizo (ahora compran el ácido fosfórico ya hecho); lo segundo, no.

Todos los implicados aseguran que están cumpliendo su papel. El ministerio dice que vigila para que se cumpla la sentencia. Se da la circunstancia de que la titular del departamento, Isabel García Tejerina, fue directora de planificación de Fertiberia entre 2004 y 2012. La Junta de Andalucía, que tiene las competencias medioambientales, asegura que también aprieta: impuso a la compañía una multa de 240.000 euros recientemente por los retrasos en el plan de restauración. La empresa alega que está trabajando en las soluciones tras presentar por fin en abril un proyecto preliminar. “Estamos siendo proactivos”, según el director de la planta de la empresa en Huelva, Roberto Ibáñez, que espera disponer de un plan más detallado en tres meses.

La tasa de cáncer está por encima de la media española, pero ninguna investigación lo ha vinculado a los desechos

Cuando por fin comiencen, tardarán, como poco, 10 años, con lo cual concluirían en 2024, 13 años después de la sentencia del Supremo, 22 después de que el ministerio les retirara la concesión y 26 desde que arrancara el expediente sancionador. “Yo esto no lo voy a ver. Esto no lo va a arreglar nadie”. José Sánchez Aroca, de 79 años, lleva 55 viviendo en uno de los barrios más pobres de Huelva, el de Pérez Cubillas, a 300 metros de unas montañas tóxicas que los vecinos han visto crecer casi sin reparar en ellas, a pesar de que a veces llega un olor que reconocen perfectamente, mezcla de azufre y de agua podrida. “Aquí tenemos otros problemas”, dice este hombre que cada día reparte entre sus vecinos las raciones de comida que sobran en un centro para mayores.

Con una crisis que tiene a buena parte de sus habitantes en paro (la tasa es del 80%, aseguran), en el barrio son escépticos en general y lo son en particular con el tema de las balsas de fosfoyesos. Comentan con cierto hastío y bastante resignación los informes y contrainformes que hablan de los posibles efectos negativos para la salud del enorme vertedero y de toda la industria química que se instaló en la ciudad y los alrededores en los años sesenta, que aumentó en 10.000 habitantes la ciudad de Huelva solo en la primera década, según explica el alcalde, Pedro Rodríguez. Hoy, a pesar de la crisis, las polémicas y la sentencia del vertedero, sigue dando trabajo de forma directa e indirecta a 8.500 personas, según la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva.

El hecho es que la tasa de cáncer en la provincia, por ejemplo, está muy por encima de la media española, pero ninguna investigación ha conseguido vincularlo claramente con los desechos fabriles. En Pérez Cubillas creen que a nadie le importa, según cuenta José Álvarez, que trabaja en Renfe, justo al lado del vertedero. Los vecinos ven cómo pasan las semanas, los meses, los años y aquello apenas se mueve.

La Audiencia Nacional habló de “injustificadas demoras” en un auto del 27 de mayo con el que daba una especie de golpe en la mesa para hacer cumplir su decisión. Otorgaba a las Administraciones un mes para pronunciarse sobre el proyecto de regeneración presentado en abril por la compañía y, si resultaba correcto, dar los permisos necesarios. A partir de ese momento, el tribunal planeaba decidir qué pasos dar y en qué plazos. Pero admitía la enormidad del asunto, y por eso no ordenaba la ejecución inmediata.

Hablar del vertedero es dar cifras gigantescas, las cuente la compañía o la Junta. La segunda habla de 720 hectáreas donde se han acumulado 100 millones de toneladas de fosfoyesos, además de 7.000 toneladas de cenizas radiactivas procedentes del accidente de Acerinox en Cádiz en 1998 que depositó allí la Diputación de Huelva. El director de la planta de Fertiberia en Huelva asegura que quedan por limpiar unas 440 hectáreas y entre 30 y 40 millones de toneladas. En todo caso, según distintos expertos, el gran problema son los varios cientos de miles de metros cúbicos de agua ácida que se han acumulado en lo que fue una antigua marisma en la margen izquierda del río Tinto, casi donde se encuentra con el Odiel, muy cerca de Doñana.

“¿Qué haces con todo eso? Si los sacas, ¿dónde lo llevas? Le trasladas el problema a otro. El mal ya está hecho. Deberían compensarlo invirtiendo en Huelva”, dice Luisa López, presidenta de la asociación de vecinos de Pérez Cubillas. ¿Cuánto vale una marisma a orillas del río Tinto rellenada durante décadas de basura química?

“No se está pagando la deuda ambiental, ni a nivel general ni por parte de las empresas; nadie se hace responsable”, explica Joan Martínez Alier, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. El experto dirige el Atlas Global de Justicia Ambiental, que recoge y analiza a través de mapas interactivos la trayectoria de un millar de conflictos ecológicos. Hay 40 en España y entre ellos está el de Huelva. Pero también el de la mina de Aznalcóllar (tres lustros después del accidente, la Administración sigue intentando que la empresa sueca Boliden pague los 240 millones que se gastaron en limpiar seis millones de metros cúbicos de residuos en el entorno del río Guadiamar y de Doñana) y el del embalse de Flix en el río Ebro a su paso por Tarragona (la limpieza de un millón de toneladas de lodos tóxicos y radiactivos causados por los vertidos durante más de un siglo de la fábrica de la empresa química Ercros costará 223 millones, de los que la empresa pagará 10 millones).

Mientras, el Gobierno tramita una reforma legal que exime al 98% de las empresas potencialmente contaminadoras de la obligación de contratar fianzas o avales para pagar accidentes, aunque el Ejecutivo puntualiza que seguirían obligadas las 5.470 compañías con mayor riesgo.

Fertiberia, cuya fábrica en Huelva se ha quedado prácticamente reducida a la nada, asegura que está dispuesta a pagar: “Somos los primeros interesados en arreglarlo”, dice el director de la planta en Huelva. Roberto Ibáñez añade que los técnicos de la empresa trabajan en un plan para aislar, cubrir y reforestar la zona, dejando una especie de chimeneas para que se vaya evaporando el agua contaminada de la antigua marisma. El responsable opina que trasladar los fosfoyesos, como reclaman algunos vecinos y ecologistas, “es inviable económica y ambientalmente”. La Junta calculó en 2010 que costaría 2.500 millones y se tardaría 30 años, a razón de 45 viajes de camión al día.

La empresa, que facturó 1.264 millones de euros en 2012, tiene depositado como aval para cumplir con la limpieza 21,9 millones. Ibáñez prefiere no dar una cifra todavía del coste del proyecto. Aurelio González, de la Mesa de la Ría (un grupo vecinal convertido las pasadas elecciones en partido con representación en el Ayuntamiento), cree que va a ser mucho más.