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ENTREVISTA

“España debe extraditar a Billy el Niño o juzgarle en España. Es su obligación”

El relator de la ONU reclama “una política de Estado” para víctimas del franquismo

Pablo de Greiff, relator de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ampliar foto
Pablo de Greiff, relator de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación.

“No soy un cínico, ni un romántico”. “Me he cuidado de no cometer la crueldad de generar expectativas que no pueda satisfacer o promesas que no pueda cumplir”, confiesa el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, Pablo de Greiff. Ha pasado 10 días en España intentando averiguar cuánto de esas tres palabras del largo nombre de su cargo -verdad, justicia y reparación-  han recibido las víctimas del franquismo desde que se instauró la democracia. Muy poco, a juicio de sus conclusiones preliminares, que desarrollará en un informe final para septiembre. Le ha impresionado el Valle de los Caídos y la “inmensa distancia” entre las víctimas y el Estado. Cree que las primeras “merecen” que el Gobierno valore cambiar de significado el descomunal monumento a sí mismo que Franco hizo levantar a sus presos.

Nunca, en los 20 años que lleva trabajando en este área, había visto un caso igual, asegura De Greiff, quien ve en la “privatización” de las exhumaciones que establecía la ley de memoria histórica —el Gobierno las subvencionaba, pero no las asumía — el pecado original de “la indiferencia de las instituciones del Estado”.

Pregunta. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando llegó al Valle de los Caídos? ¿Ha visto algún lugar similar en otro país?

De Greiff visitó Paracuellos y el Valle de los Caídos: “Es impresionante

Respuesta.No, es absolutamente singular. Único. Es impresionante que un país que no tenía recursos levantara ese monumento con trabajos forzados.La idea de cavar una catedral en un monte de piedra, no se le ocurre a todo el mundo.

P. ¿Por qué cree que un lugar así, impensable en otros países como en Alemania, sigue en España tal y como lo dejó Franco?

R. Porque él duró 40 años en el poder. Y eso lo cambia todo.

P. ¿Es partidario, como proponía el comité de expertos nombrado por el Gobierno de Zapatero, de convertir el Valle de los Caídos en un museo de la memoria?

R. Para ciertos sitios, la idea de arrasar con todo es inadecuada. Tiene demasiada carga simbólica y su destrucción implica también una pérdida. Pero lo que no puede hacerse es dejarlo como si nada hubiera ocurrido. Como si la glorificación de toda la ideología por la cual se erigió fuera aceptable. Por eso pido que esto se vuelva a poner en la agenda porque hay algo bastante impresionante en la idea de ese sitio tal y como está, sin una sola señal que explique el contexto y cómo se construyó.

P. ¿Por qué quiso ver también Paracuellos?

R. Estuvo en mi lista desde el principio para reafirmar que esto es un asunto de derechos, no de política. Eso no quiere decir que establezca una simetría.

P. ¿Qué reclaman quienes le mostraron Paracuellos?

R. Me acompañó el presidente de la hermandad. Alegan haber sido ignorados por completo. Dicen que nunca han recibido asistencia para mantener el sitio, que lo hacen con contribuciones voluntarias y que han sido sistemáticamente olvidados. No sé si es cierto

P. España es el primer país que pidió visitar como relator de la ONU. ¿Por qué?

R. Porque lleva debatiendo esto muchísimo tiempo y no ha logrado resolverlo. Por el universo inmenso de víctimas; por el reclamo de que esta fue la transición modélica y porque hay muchos países del mundo que miran a España y su transición, desde el Medio Oriente al Norte de África.

P. ¿Y fue modélica?

R. Modélico no es casi nadie. Es un término inapropiado. Pero mi interés no es examinar si fue modélica, sino entender mejor lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado.

P. ¿La Transición tuvo un efecto de punto final en España?

R. La ley de amnistía comenzó a aplicarse como una ley de punto final y el argumento de que fue adoptada por un Parlamento democrático solo la diferencia de una autoamnistía de las que los generales se concedían a sí mismos, pero no ha de utilizarse para archivar todos los casos. Me sumo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo y el Comité contra la Desaparición forzada para que España la deje sin efecto.

P. España no es el primer país que se enfrenta a este problema. ¿Es un caso anómalo? ¿A nivel de qué país nos pondría en términos de verdad, justicia y reparación?

R. En Argentina hay tantos procesados que se ha normalizado. Los juicios ya no son noticia. Se hacen y no pasa nada. Ese es el mensaje que yo tengo para España. Aquí hay un sector que piensa que esto no se debe debatir porque los odios subyacentes se volverían a manifestar. Pero nada me hace pensar que sea cierto. En los pueblos ya todo el mundo sabe quién mató a quién.

La ley de amnistía actúa como “una ley de punto final” y debe derogarse

P. ¿En qué otros países está siendo tan difícil?

R. El trabajo se ha desplazado de América Latina a Europa del Este, Sudáfrica y ahora África. Sierra Leona no está tan mal. Pero piense en el reto inmanejable de implantar una justicia transicional en la república del Congo.

P. ¿Estamos como el Congo?

R. Esa no es una comparación muy útil.

P. De lo que ha escuchado estos diez días a ministros, jueces en activo, jueces inhabilitados como Baltasar Garzón, forenses, asociaciones y víctimas, ¿qué es lo más que la ha preocupado?

R. Lo que más me preocupa es la distancia entre víctimas y Estado. Y lo que más me impresionó fue el relato del sufrimiento de las madres, esos ancianos diciendo: 'Mi madre fue muy valiente'.  Me impresionó la historia espeluznante de una familia en la que desaparece el marido, expropian la casa, a la que se muda un falangista que les cede una habitación....

P. ¿Qué explicación le dio el Gobierno para la supresión de las partidas para la ley de memoria?

R. Insisten en la crisis económica y en que las funciones de la oficina de víctimas ahora se hacen desde otro lugar.

P. ¿Cree que es una excusa?

R. Lo veremos cuando se salga de la crisis, si las vuelven a poner. En cualquier caso, hay una deuda con una población muy, muy anciana y debería ser prioritario.

P. ¿Los relatos que ha podido escuchar estos días de las víctimas se corresponden con el concepto de crímenes de lesa humanidad?

R. Sí. Aquí hubo un plan sistemático de eliminación de personas. No hay ninguna duda. Creo que eso no lo discute nadie.

P. Si España no extradita a Argentina a Billy el niño, imputado por torturas ¿debería ser juzgarlo aquí?

R. Ese es el principio: o extraditas, o juzgas. Esa es la obligación.

P. Y si no ocurre ninguna de las dos, ¿España cómo queda?

R. No sería un momento elogioso. Será una pena que un país que ha sido líder en la implementación de la jurisdicción universal como instrumento de justicia ahora niegue la extradición de alguien requerido para bloquear un proceso.

P. ¿Por qué cree que en España las víctimas de ETA tienen derechos y homenajes y las del franquismo no?

R. Por qué las víctimas franquismo no reciben mejor tratamiento es algo que estoy intentando entender dada la capacidad institucional del resto.

P. ¿Qué consecuencias tiene que en un país haya víctimas con distintos derechos?

R. Es quebrar principios de tratamiento equitativo, y para un régimen democrático es muy serio ese tipo de discriminación. Parte de la promesa de los regímenes constitucionales es evitar ese tipo de discriminación. Finalmente, de lo que se trata es de ayudar a la superación de la condición de suplicante. Y cuando hay alguien que depende de la gracia positiva o negativa se está rompiendo la promesa de la modernidad.

Las recomendaciones del relator de Naciones Unidas

Natalia Junquera

Justicia. "Es el campo donde se observan mayores déficits" en el tratamiento de las víctimas del franquismo, asegura De Greiff. "A la misma conclusión han llegado diversos comentaristas y actores dentro y fuera de España, lo mismo que diversas instituciones, tanto regionales como internacionales. Estas últimas incluyen el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición forzada, órganos que velan por el cumplimiento de las convenciones correspondientes, de las cuales España forma parte", añade. 

En este ámbito, el relator de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, recomienda:

- Dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977.

- "Hacer posible el acceso de las víctimas al aparato judicial, adecuando las leyes a estándares internacionales relevantes"

- "La colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior"

- "Tomar medidas contra el debilitamiento de las leyes que rigen el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales españoles".

- Anular las sentencias de todos los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno explicó al relator que este había sido un tema de debate, finalmente descartado, durante la tramitación de la ley de memoria histórica. En algunas reuniones, explica De Greiff, se mencionó que el Estado había "rechazado" esa reclamación con "preocupaciones financieras subyacentes", es decir, ante el temor a que los destinatarios de esas sentencias anuladas reclamaran indemnizaciones.

Verdad. La información sobre la violencia que tuvo lugar en España durante la Guerra Civil y la dictadura "no es completa y está sumamente dispersa", afirma De Greiff. "El mapa de fosas registra 2.382 fosas que contendrían los restos de 45.000 personas. Durante la visita, recibí quejas recurrentes acerca de la falta de actualización del mapa, que hay que recordar, no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores, investigadores independientes, asociaciones  memorialistas y proyectos universitarios que no han recibido suficiente apoyo, como es ampliamente reconocido, aun por instancias gubernamentales en los dos últimos ciclos presupuestarios".

El relator lamenta que no exista una iniciativa estatal comparable al proyecto de la Universidad de Santiago Nomes e Voces, que cuenta con información catalogada y sistematizada de las víctimas de la Guerra Civil en Galicia incluyendo testimonios personales, documentos y fotografías.

"No es una exageración decir que con respecto al pilar de la verdad, en realidad no se estableció nunca una política de Estado", lamenta De Greiff,que propone a España:

- Sistematizar la información ya existente.

- Identificar lagunas en el conocimiento

-Trazar un plan que de forma ordenada, mediante el establecimiento de prioridades, y contando con los recursos adecuados, pueda llevar a cabo o financiar las investigaciones necesarias.

- Restablecer y aumentar los recursos dedicados a la memoria histórica, en los diferentes niveles

-Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad para ajustarlos a los estándares internacionales, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo, a través de la adopción de una ley de archivos".

Reparación. El relator cree que de los pilares de su mandato, este es el que "más desarrollo ha tenido en España en términos de reparaciones materiales". No obstante, insta a examinar "si hay algo en el campo de las reparaciones que pueda hacerse para resarcir los sufrimientos padecidos por mujeres durante la guerra y la dictadura". 

El relator recuerda que la "restitución de propiedades y documentos incautados a particulares sigue aún pendiente"  y recomienda:

- Tomar medidas para atender las reclamaciones relacionadas con la restitución de las propiedades y documentos incautados a particulares durante el franquismo.

- Ampliar la cobertura de los programas de reparación para incluir a categorías de víctimas de violaciones de los derechos humanos que han quedado fuera de los programas existentes, como detenidos en campos de trabajo. 

- Establecer canales de comunicación entre las autoridades competentes, las víctimas y las asociaciones.

-Revisar, consultando con las víctimas, el modelo actual donde el Estado delega en asociaciones y particulares la responsabilidad sobre las exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y promover la coordinación y actuación necesaria de las autoridades judiciales.

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