El jefe del CNI será el primer ‘zar de la ciberseguridad’

El Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Mariano Rajoy, examinará este jueves, y previsiblemente aprobará, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, cuyo objetivo es garantizar el uso seguro de las redes y sistemas de información mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques.

España es uno de los últimos países europeos en dotarse de una estrategia global para hacer frente a la que se considera una de las mayores amenazas para la seguridad de las sociedades desarrolladas: el uso de internet por parte de grupos terroristas, delincuencia organizada, estados hostiles o hackers.

Pese a que nadie discute su necesidad, no ha sido fácil sacar adelante la estrategia de ciberseguridad, según admiten los sectores implicados, ya que las competencias están repartidas entre distintos ministerios: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del que depende el Centro Criptológico Nacional (CCN), es responsable de la seguridad de las redes de las Administraciones y de la información clasificada; el Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), se ocupa de las redes que garantizan los servicios esenciales para el funcionamiento del país, como electricidad o transporte; Industria, que cuenta en León con el Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación), es el encargado de relacionarse con las empresas; y Defensa, con su nuevo Mando de Ciberdefensa, protege las redes militares.

La tarea de poner de acuerdo a los implicados ha corrido a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, a cuyo frente está el director adjunto del Gabinete de Rajoy, Alfonso de Senillosa.

El pulso por la presidencia del nuevo Comité de Ciberdefensa ha sido muy enconado: Industria argumentaba que el CERT (Centro de Respuesta a Incidentes TIC) de León es el más potente de España; el servicio de inteligencia esgrimía que el Centro Criptológico Nacional es el más veterano y el impulsor de la Estrategia de Ciberseguridad; e Interior hacía valer la experiencia de Policía y Guardia Civil en la lucha contra el cibercrimen. Tras estallar el escándalo del espionaje masivo de la NSA estadounidense, los otros ministerios recelaban de que el servicio secreto se encargara de proteger la intimidad de los ciudadanos en internet. “Es como poner al lobo a cuidar de las ovejas”, alegaban.

Finalmente, se ha optado por una solución salomónica. Los altos cargos del CNI, Interior, Industria, Defensa y Exteriores se turnarán, por periodos de un año, al frente del comité. El primer turno corresponderá al director del centro de inteligencia, Félix Sanz —o, en su defecto, a la secretaria general del CNI, Beatriz Méndez de Vigo—, que será el Representante Nacional de Ciberseguridad y representará a España en los foros internacionales. El nuevo organismo interministerial dependerá del Consejo de Seguridad Nacional. Tanto su vicepresidencia como la secretaría estarán encuadradas en el Departamento de Seguridad Nacional, lo que garantizará que desde La Moncloa se coordine a todos los departamentos.

Los principales objetivos de la Estrategia de Ciberseguridad son el reforzamiento de la capacidad de prevención, detección, investigación y respuesta ante las ciberamenazas; la seguridad de los sistemas de información y redes de comunicación de las Administraciones; la mejora y resilencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector privado; la capacitación de profesionales y el impulso a la industria; la implantación de una cultura de ciberseguridad, y la intensificación de la colaboración internacional.

La estrategia carece de dotación económica, por lo que su puesta en práctica dependerá de las asignaciones previstas en los presupuestos de los distintos ministerios. Su prioridad será la coordinación, no solo entre los distintos ministerios, sino también con comunidades autónomas, empresas o universidades que cuentan con su propio CERT.

El Consejo de Seguridad Nacional tiene previsto aprobar también la Estrategia de Seguridad Marítima y el Comité de Situación. Este último será una célula de composición variable que se activará en caso de crisis y dirigirá la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, o el jefe del Gabinete de Rajoy, Jorge Moragas.