España creará un Consejo de Seguridad para afrontar las nuevas amenazas

El Gobierno creará el Consejo Español de Seguridad (CES), similar a los que existen en EE UU y en otros países europeos, para dar una respuesta coordinada, al máximo nivel político, a los retos a los que se enfrenta la seguridad nacional. Este nuevo organismo, que sustituirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, se reunirá al menos una vez al año bajo la presidencia del Rey, aunque habitualmente lo presidirá el jefe del Gobierno, quien podrá delegar en el vicepresidente.

La creación del CES es la principal novedad de la Estrategia Española de Seguridad, a la que el Consejo de Defensa Nacional, que se reunirá el lunes en La Zarzuela presidido por el Rey, dará luz verde. Será una reunión especial ya que además del Rey y del príncipe Felipe, de los miembros del Gobierno y de la cúpula militar, asistirá Javier Solana. El ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad explicará el resultado del encargo que le hizo Zapatero para dotar por vez primera a España de una estrategia que aborde de forma integral los retos para su seguridad.

El documento, de casi 90 páginas, describe los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad española -desde el terrorismo al crimen organizado, pasando por la inseguridad financiera o los flujos migratorios no controlados- y reconoce que España carece de un órgano colegiado, con capacidad ejecutiva, que coordine las tareas relacionadas con la seguridad. Critica la compartimentación, el solapamiento y la duplicidad de las actuaciones de los poderes públicos y propone superarlas reforzando las capacidades del presidente del Gobierno, a través del Consejo Español de Seguridad.

Para evitar que se convierta en un órgano anquilosado e ineficaz como ha sido hasta ahora el Gabinete de Crisis o el propio Consejo de Defensa Nacional, cuyas reuniones arrastran un exceso de carácter institucional, propone que el nuevo CES tenga una composición flexible y que a sus reuniones sean convocados diferentes ministros en función del tema del que se trate, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el director del servicio secreto CNI, entre otros altos cargos y expertos.

Del CES dependerán comisiones interministeriales centradas en áreas de trabajo concretas así como una Unidad de Apoyo, con carácter permanente y vinculada con el Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis (DISC), con sede en La Moncloa, que será reformado.

También contará, como órgano consultivo, con un Foro Social, que reunirá a investigadores, académicos y representantes de empresas y organizaciones sociales. El secretario ejecutivo del CES -equivalente al poderoso consejero de Seguridad Nacional de EE UU- será el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

La Estrategia propone acometer reformas legales, para incorporar el nuevo concepto de seguridad integral a campos como la gestión de crisis, protección civil, secretos oficiales, protección de documentos y planeamiento de emergencias y catástrofes.

Además de la creación del CES, propone la puesta en marcha de una Unidad de Respuesta Integrada Exterior (URIE), que permita desplegar con rapidez personal civil especializado (desde jueces hasta ingenieros) en misiones en el exterior, tanto de mantenimiento de la paz como de ayuda humanitaria, lo que complementará la intervención de las Fuerzas Armadas.

Además, se establecerá una Comisión Coordinadora para luchar contra el crimen organizado y se elaborarán estrategias sectoriales, entre las que cita una sobre ciberseguridad.

La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad figuraba en el discurso de investidura de Zapatero, en 2008. En diciembre de 2009, el presidente encargó a Solana que dirigiera su elaboración, que concluyó a finales de 2010, aunque su aprobación se haya demorado hasta ahora. Una vez reciba el visto bueno del Consejo de Defensa Nacional, está previsto que el documento sea aprobado en el Consejo de Ministros y que se informe a los grupos parlamentarios. La Estrategia deberá revisarse al menos cada cinco años.