Los jueces llevan a Europa su protesta contra la reforma del Poder Judicial

Las críticas a la reforma de la composición y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, se suceden. Ahora se han sumado los presidentes de las Audiencias Provinciales de España, que han acordado solicitar a los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo que valoren si la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se está tramitando en el Senado, lesiona la independencia judicial.

En sus conclusiones, los presidentes se muestran en desacuerdo con prácticamente todas y cada una de las modificaciones que introduce la reforma legislativa, expresan su “honda preocupación” y señalan que esta puede suponer una “grave afectación de los mecanismos institucionales de garantía eficaz de la independencia judicial”.

Consideran que la reforma limita "de forma injustificada" la potestad reglamentaria del CGPJ en materias directamente relacionadas con el estatuto judicial; reduce el espacio de competencia exclusiva del órgano de gobierno de los jueces en materias como el acceso a la carrera judicial, la medición de la carga de trabajo o la organización del funcionamiento de los tribunales; y reduce "hasta límites irrisorios" las condiciones de representatividad de los jueces y magistrados que puedan ser elegidos por las Cámaras.

Los presidentes de las Audiencias Provinciales consideran también que la reforma prescinde "de todo diseño legal sobre cómo y bajo qué criterios serán elegidos los vocales de procedencia judicial y critica que se limite la dedicación exclusiva de los vocales del Consejo (solo siete de 20 tendrán dedicación plena, mientras que el resto compaginarán su labor dentro del órgano con sus funciones jurisdiccionales o jurídicas). No están de acuerdo tampoco con que se hayan modificado a la baja las mayorías necesarias para el nombramiento de altos cargos judiciales.

Las conclusiones, después de enumerar todas las cuestiones con las que no están de acuerdo, plantean que el acuerdo se trasladará a los presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para que estos “puedan valorar, a los efectos del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, si la propuesta legislativa puede lesionar gravemente las garantías de la independencia judicial que constituye uno de los pilares del Orden Constitucional Europeo –artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

También comunicarán el acuerdo al Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, al CGPJ, a los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, y al Ministerio de Justicia.

Por otro lado, también se refieren al nuevo régimen de sustituciones que ha supuesto una limitación en la actuación de jueces sustitutos y magistrados suplentes, quienes únicamente pueden ejercer en caso de vacante o enfermedad de larga duración. En este sentido, los presidentes de Audiencias Provinciales proponen que este nuevo régimen se aplique únicamente cuando la planta judicial se adecúe a las necesidades reales. Añaden que con la planta actual la aplicación del nuevo modelo provocará dilaciones y probablemente afectará a la calidad de las resoluciones.

Asimismo, solicitan que el CGPJ apruebe los planes de sustitución y los criterios para su aplicación, que las secciones de las Audiencias Provinciales estén integradas por cuatro magistrados (actualmente muchas tienen tres) o que las sustituciones internas (cuando es un juez titular de un órgano el que cubre la ausencia de un compañero) sean retribuidas desde el primer día.

Otra de las ponencias abordó el futuro de las Audiencias Provinciales en las proyectadas reformas legislativas (de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta), que contemplan la desaparición de estos órganos territoriales.

Las conclusiones concluyen que estos órganos “no han planteado graves problemas de funcionamiento ni resultados que hagan merecer su desaparición”. “Muy al contrario son los órganos que mejor han funcionado en la Administración de Justicia”, añaden.

Por último, abordaron la problemática de las abstenciones y recusaciones de jueces y magistrados, y se sugirió una reforma legal más detallada de este asunto.