Tres víctimas del franquismo declaran por videoconferencia ante la juez argentina

Merçona, hermana de Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil, y Fausto Canales, hijo de fusilado, cuentan su historia a la magistrada que investiga los crímenes de Franco

El 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich murió, ejecutado a garrote vil, tras haber agonizado durante una eternidad de 20 minutos. Treinta y nueve años después, su hermana Merçona ha asegurado hoy por videoconferencia a una juez argentina, María Servini de Cubría, que aquel chaval de 25 años que hoy tendría 69 no mató, como le acusó el Régimen, a un policía. "Su muerte fue una venganza", declaró poco antes de entrar en el consulado argentino en Madrid para contar su historia a la magistrada que recibió, tras el portazo de la justicia española y el procesamiento de Baltasar Garzón, la querella por genocidio de las víctimas del franquismo en España. "Desde que mataron a mi hermano hemos intentado conseguir justicia por todos los cauces posibles", explicaba Merçona, cuya familia intentó reabrir el caso en el Tribunal Supremo y recurrió hasta el Constitucional. "Siempre ha sido negativa tras negativa. Esperamos que esta vez sea la definitiva".

Preguntada por qué sería hacer justicia, tantos años después, para su familia, Merçona Puig Antich respondió: "Que los implicados paguen y que se reconozca mundialmente que no fue como dijeron; que en aquel juicio no admitieron las pruebas y que el Gobierno, que ha pasado página tapándolo todo, lo reconozca y pida perdón".

Fausto Canales, hijo de un fusilado cuyo cuerpo fue a parar, sin consentimiento de la familia, al peor sitio posible, junto al verdugo en el Valle de los Caídos, llega un poco más tarde al consulado argentino en Madrid donde se realizan las videoconferencias. Acaba de regresar de Bruselas, donde una veintena de víctimas del franquismo protestó ayer ante el Parlamento Europeo por el veto del PP a una exposición sobre las fosas comunes que se han abierto estos últimos 12 años. Pero el viaje hasta este momento, en que una juez va a escuchar su testimonio, ha sido, en realidad, mucho más largo. "Me ha costado 14 años llegar hasta aquí. Desde que me jubilé me puse a perseguir justicia, aunque desde que tengo uso de razón tengo el deseo de recuperar los restos de mi padre. He dado todos los pasos de tipo administrativo y penal que se pueden dar en España [habló con representantes de casi todos los partidos políticos, puso una denuncia en la Audiencia Nacional...]. Incluso puse una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, pero fue inadmitida. Ahora tenemos todas nuestras esperanzas puestas en la querella argentina".

Para Fausto, la justicia, tantos años después, ya no tiene nombres de banquillo. "Los responsables, en mi caso, han muerto. Por eso para mí, justicia sería que la juez dejara por escrito en la sentencia que mi padre y todos los desaparecidos del franquismo, los 113.000 que documentó el juez Baltasar Garzón en su auto y que están en las cunetas, fueron víctimas de un plan de genocidio. Que el nombre de mi padre quede limpio y que la justicia dé al Estado español el correspondiente repaso".

Hoy también ha acudido a declarar por videoconferencia ante la juez argentina Pablo Mayoral, procesado, en julio de 1975, por el Juzgado Militar número 2 de la Primera Región Militar, en la causa 245/75 por la que se pidió pena de muerte a tres de sus compañeros, y por la que finalmente fue fusilado el 27 de septiembre de 1975, apenas dos meses antes de la muerte de Franco, Xosé Humberto Baena Alonso. "Su hermana Flor ha ido a todas las instancias: al Defensor del Pueblo, a la ONU, al Parlamento Europeo... y en todas partes le han dicho que lo que se hizo estaba mal, pero nadie ha sido capaz de seguir la causa contra los criminales franquistas ni de hacer un homenaje a sus víctimas. Yo hoy voy a recordar ante la juez las torturas a las que fui sometido, los 40 días de aislamiento en la cárcel, la condena sin ninguna prueba, y aquel consejo de guerra que duró apenas tres horas.... Nos acusaban de matar a un policía y de pertenecer al FRAP (siglas de Frente Revolucionario Antifascista Patriota). Nosotros nos reafirmamos en nuestra pertenencia al FRAP, pero dijimos que de ninguna manera habíamos participado en los hechos de los que nos acusaban... Para mí, justicia, tantos años después, sería enjuiciar y, si es posible, meter en la cárcel a algunos de los responsables. Que les condenaran por sus hechos criminales en una de las dictaduras más duras de Europa. Si en España no pudo hacerse creo que es porque el franquismo sigue teniendo muchos resortes de poder. No ha sido desmantelado del todo".

Sobre la firma

Natalia Junquera

Reportera de la sección de España desde 2006. Los jueves publica una columna en Madrid, Kilómetro cero. Durante la semana comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter y realiza entrevistas para la serie Conversaciones a la contra. Especialista en memoria histórica, ha escrito dos libros, Valientes y Vidas Robadas (Aguilar).

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