Los alcaldes preparan su ofensiva para descafeinar la reforma municipal

Que el Gobierno se ha metido en un complicado jardín con la reforma de la administración local lo sabe hasta el último alcalde del PP. La oposición al anteproyecto de ley que quiere transformar la actual Ley de Bases de Régimen Local para dar más poder a las Diputaciones ha sido tan fuerte que el informe, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de febrero, todavía no ha llegado a su siguiente parada: el Consejo de Estado.

El dato es significativo, porque cuando el Ejecutivo quiere imprimir ritmo a una ley no suele pasar ni una semana entre una cosa y la otra. “Esto no ha hecho más que empezar”, analiza un miembro del consejo federal de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). “El PP está llamando a filas a sus alcaldes pero lo va a tener muy complicado porque la presión pública crece y muchos municipios amenazan con la insubordinación”, asegura la misma fuente, que echa cuentas: “Como muy temprano la ley entrará en vigor en enero de 2014, a un año de las elecciones, y eso les puede hacer daño”.

La batalla de los alcaldes por descafeinar la norma comenzó con las protestas desde la oposición (fundamentalmente PSOE, IU y CIU), continuó con los ataques en voz alta de las federaciones de municipios autonómicas dominadas por el PP, como Galicia o La Rioja y se reforzó con los peros de los Gobiernos autónomos de todo signo, en especial el andaluz. Critican que se haya centrado estrictamente en el aspecto económico cuando la deuda de los Ayuntamientos no solo no ha crecido en 2012, sino que únicamente supone el 4,1% del PIB (41.967 millones). “Es el mundo al revés, ahora vamos a tener que financiar a las Comunidades Autónomas para que presten servicios sociales en las ciudades”, asegura Abel Caballero (PSOE), vicepresidente de la FEMP. Con la poda de competencias también se recortarán los presupuestos locales. Conflictos con contratas de basuras, agua o limpieza que han generado huelgas en toda España son un ejemplo de lo que podría suceder.

Íñigo de la Serna, alcalde de Santander (PP), y presidente de la FEMP, está intentando calmar los ánimos con un documento que recoge las alegaciones municipales al plan. El borrador ya circula en los despachos y es demoledor: si se aplicase punto por punto la Ley quedaría desvirtuada por completo, porque propone la supresión de los artículos más polémicos, como el que refuerza el poder de intervención sobre los consistorios de menos de 5.000 habitantes. Los alcaldes dicen que no aceptarán que aumente el control de las autonomías ni que se refuerce el papel de los interventores, a los que ven como los “hombres de negro” del ministro Cristóbal Montoro. Tampoco van a pasar porque no se les escuche para fijar el llamado “coste estándar de los servicios”, de referencia para determinar si un Ayuntamiento es eficiente.

El Ministerio de Hacienda asegura que la diferencia entre lo que los municipios pagan por un mismo servicio puede llegar al 70%, pero la fórmula que ha buscado para atajar el despilfarro, a juzgar por los expertos, va a ser muy difícil de aplicar. Otro tema polémico es la intención del PP de sustituir la fusión de Ayuntamientos por una fórmula mucho más compleja que quizá no dé los mismos resultados: el vaciado de competencias de los núcleos de menos de 20.000 habitantes, que en España son 7.717, el 95% del total.

En unos días la FEMP tendrá listas sus alegaciones. Si las voces de los alcaldes no son tomadas en cuenta tienen guardado un as en la manga: convocarán una multitudinaria asamblea convocando a los 7.331 municipios de la federación. La presión aumentará.