Los populares traducen en resoluciones los anuncios de Rajoy

PP y PSOE, entre descalificaciones, negociarán el pacto anticorrupción

El grupo socialista, el miércoles en el Congreso
El grupo socialista, el miércoles en el CongresoCristóbal manuel

Los discursos del debate del estado de la nación se concretan en cerca de 80 resoluciones que han redactado los siete grupos parlamentarios para su votación el próximo martes. Las propuestas socioeconómicas son las más numerosas aunque las más novedosas y de trascendencia política se centran en medidas anticorrupción -muy elaboradas en el PP, PSOE e Izquierda Plural – y en las de ámbito territorial. Además de lo ya conocido, el PSOE e Izquierda Plural proponen prohibir absolutamente las donaciones de las empresas y de personas jurídicas a los partidos. Ahora están permitidas con el límite de 60.000 euros al año por empresa. Los socialistas han dado el paso de plasmar por escrito la creación de una ponencia para reformar la Constitución para un mayor acomodo de Cataluña con el resto de España, reformar el Senado e incluir la Sanidad como uno derecho de todos los españoles, al mismo nivel que la Educación y las pensiones.

Aunque la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, considera que “es imposible hablar de transparencia mintiendo sobre Bárcenas”, sí está dispuesta a alcanzar un acuerdo con el PP y el resto de las fuerzas políticas contra la corrupción. Rodríguez y otros dirigentes del PSOE han proclamado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “ha mentido” sobre la situación de su extesorero y le consideran rehén del mismo. A pesar del enfrentamiento habrá negociación. También el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, ha mostrado su total disposición al acuerdo y, siguiendo las instrucciones del Gobierno, abre la mano al resto de los grupos parlamentarios, sin excepción. Así durante este fin de semana tanto un equipo del grupo popular, dirigido por Alonso y el secretario general del grupo, José Antonio Bermúdez de Castro, está en la tarea de analizar todas las propuestas de los grupos para calibrar cuáles puede aceptar, previa autorización del Gobierno. El plazo de presentación de enmiendas culmina a las seis de la tarde del próximo lunes aunque fuentes del Grupo Popular afirman que hasta “el momento de la votación del martes”, se intentará el acuerdo. Todas las propuestas que hizo Mariano Rajoy y ha glosado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las han presentado Alonso en el registro del Congreso.

Medidas anticorrupción

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Ahora empieza la negociación. A lo largo del lunes Alfonso Alonso (PP) y Soraya Rodríguez (PSOE) intentarán un pacto que, además de la dificultad política, entraña cierta complejidad porque abarca el cambio de varias leyes y la promulgación de otras nuevas. Por ejemplo, se pide que en la Ley de Transparencia se incluya a los partidos políticos, los sindicatos, la patronal, la Casa del Rey y las entidades que tengan una financiación pública superior al 40%. El PP coincide en su resolución prácticamente en todo, salvo en incluir a la Monarquía. No lo aceptará. Todavía no hay una decisión en el Gobierno sobre la aceptación de prohibir las donaciones a los partidos y a sus fundaciones como propone el PSOE e Izquierda Plural. Sí habrá acuerdo con seguridad en darle un vuelco al Tribunal de Cuentas para que sea capaz de fiscalizar a los partidos políticos año a año, lo que exigirá una mayor dotación humana. Está por ver que el PP acepte las propuestas del PSOE e Izquierda Plural para incrementar las penas por delitos de corrupción.

También se proponen distintas modificaciones legislativas para, entre otras cuestiones, incrementar las penas en delitos de corrupción y el tiempo de prescripción de los mismos, otorgar a la Audiencia Nacional la competencia en este tipo de delitos, establecer procedimientos preferentes y sumarios, y prohibir acuerdos de conformidad con el Ministerio Fiscal. Asimismo, se propone modificar la ley de contratos del sector público para que las empresas condenadas por delitos vinculados con la corrupción política no puedan contratar con ninguna administración pública. Finalmente, se contempla la creación de una unidad especial antifraude para prevenir estos casos y que se realicen inspecciones anuales en las distintas administraciones para comprobar su adecuado funcionamiento.

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Reforma de la Constitución

De especial trascendencia puede considerarse el paso que ha dado el primer partido de la oposición, el PSOE, para plasmar por escrito una propuesta de la reforma de la Constitución de 1978, como anunció Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de la nación. El procedimiento reglamentario sería con la creación de una ponencia dentro de la Comisión Constitucional del Congreso que realice una “revisión concreta, serena y prudente del marco constitucional”. Se menciona a Cataluña al estimar que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su estatuto ha originado problemas “en el desarrollo de su autogobierno” y en el “marco general del relaciones entre Cataluña y el resto de España”. Pero no solo hay que abrir la Constitución por Cataluña sino también para buscar “la clara implicación de las comunidades autónomas en la gobernabilidad conjunta” y la necesaria reforma del Senado. Aún no hay decisión del Gobierno sobre la respuesta que dará a esta ambiciosa propuesta de los socialistas que sí encontrará el apoyo de la mayoría de los grupos de oposición. Las propuestas de Coalición Canaria–Nueva Canaria tendrán el apoyo de toda la oposición pero el Gobierno las estudiará una a una ya que no tiene el menor interés en dar la razón al gobierno canario de que el ejecutivo de España desatiende a las islas.

Derecho a decididr

La posibilidad de que los ciudadanos decidan su vinculación con España lo plantean Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), CiU, ERC, BNG y Amaiur. En suma “el derecho a decidir” en general y, en particular, que el Gobierno permita a Cataluña que celebre su consulta con una nueva regulación de los referendos. En esta resolución no encontrará al PSOE ni al PP, aunque sí al PNV. La formación nacionalista vasca pide la competencia penitenciaria para su comunidad autónoma. Amaiur, por su parte, presenta una resolución en la que plantea “una nueva política penitenciaria”, en referencia a los presos de ETA. Ninguna de las dos saldrá adelante.

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA

Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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