Los escándalos acorralan a Rajoy

El mantra del PP que asimila los gobiernos del PSOE al “despilfarro, el paro y la corrupción” se viene abajo. El despilfarro se transforma en medidas impopulares de recorte, hay casi seis millones de parados y la avalancha de escándalos desborda a las instituciones. La riada llega al ya debilitado presidente del Gobierno, que estaba pendiente de la crisis, la prima de riesgo y Cataluña.

A la larga lista de escándalos se ha sumado la nueva explosión del caso Gürtel. La espoleta retardada del caso, que ya acabó con concejales, consejeros de Madrid, el presidente de Valencia y hasta con el juez instructor del caso (Baltasar Garzón), ha explotado en forma de cuentas en Suiza y de amenaza a Rajoy por presuntos sobresueldos en la sede de Génova. El panorama se tiñe de negro porque el Gobierno y el PP habían hecho bandera política de las acusaciones a CiU (también por la acumulación de casos), por la ausencia de responsables en la quiebra de las cajas y por la escasa ejemplaridad del final de otros escándalos, como el que afecta a Unió. También porque la crisis económica ha derivado en el cuestionamiento de la política y de parte de las instituciones y porque los ciudadanos sufren los recortes. Los 22 millones de euros en cuentas suizas son siempre mucho dinero, pero mucho más en momentos de sacrificios.

“No tenemos un plan B”, admite un ministro para el que los escándalos están arruinando su agenda política y su discurso, sin que haya reacción. El viernes todos los ministros comentaron entre ellos, antes y después del Consejo, las revelaciones sobre Bárcenas; algunos trasladaron a otros su decisión de desmentir que hubieran cobrado, pero la reunión transcurrió como si nada hubiera pasado. Rajoy no les dijo nada.

Luego, cuando por segundo viernes consecutivo se preguntó a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría qué medidas prepara contra la corrupción, su respuesta volvió ser remitirse a la ley de transparencia que se tramita en el Congreso, contestada por todos los partidos. La Moncloa pidió al director del Centro de Estudios Constitucionales, Benigno Pendás, propuestas de regeneración, pero no se incluye ninguna sobre corrupción. También él se remite a la ley de transparencia. De ahí no sale tampoco la reacción.

Con este escenario no hay agenda política posible. El PP había montado para este fin de semana una convención para hablar de la reducción de gastos en ayuntamientos y, finalmente, el reflejo en los medios es la corrupción y un supuesto reparto de sobres revelado por El Mundo.

La agenda del Gobierno también se colapsa: Rajoy diseñó en Navidad un arranque del periodo de sesiones con el debate sobre el estado de la Nación el 20 de febrero en el que mostrar iniciativa política y subirse a la ola de un asomo de recuperación económica, disipando la sombra del rescate.

Tampoco hay discurso que resista. Cristóbal Montoro impulsó la amnistía fiscal y el primero que se cuela por esa rendija es el tesorero del PP. “¿Cómo justificar así la petición de sacrificios?”, se pregunta un dirigente popular.

El Gobierno no prevé medidas concretas contra la corrupción

Otro ejemplo de cómo un escándalo arruina un discurso: las denuncias sobre el exconsejero Güemes proporcionan munición a quienes cuestionan la privatización de la gestión de la Sanidad en Madrid y pueden presentarla como un negocio para ex altos cargos. Y mientras se tramitaba esa contestada privatización, el presidente de Madrid firmaba la compra del ático de los 700.000 euros.

En el Gobierno y en el partido se da por hecho que Bárcenas está presionando a La Moncloa, una vez desvelada su cuenta en Suiza y constatado que nadie le apoya ya. Si fuera así, ese chantaje en los aledaños del presidente sería similar al del exsocio de Urdangarín que afecta al jefe del Estado. Se embarra el terreno cerca de las dos instituciones.

El extesorero, que esperaba un horizonte penal más favorable, ha dejado ver que lleva puesto un cinturón bomba. Pone a Rajoy en el brete de responder si cobró sobresueldos o si los conoció y no los denunció. Todo eso con la imagen de Rajoy muy erosionada, con un insólito 29% de estimación de voto, con la etiqueta de previsible arruinada y cuando él mismo admite que ha incumplido su palabra. Le quedaba la de eficaz frente al soberanismo y la de honrado, aunque con Francisco Camps ya arriesgó y perdió y con Bárcenas nunca puso distancia.

¿Qué se puede hacer? En el Gobierno se acepta que Rajoy es un político de motor diésel al que le cuesta arrancar y, en este caso, fuentes del Ejecutivo explican que hay pocas iniciativas y medidas legales que se puedan impulsar. No hay respuesta a la pérdida de crédito de la política. Está en marcha la ley de transparencia, objetada por expertos porque deja zonas de sombra y porque mantiene el silencio administrativo negativo y su efecto político ya se ha diluido. En el Congreso no avanza la luz sobre actividades, viajes e ingresos de los parlamentarios y, por supuesto, nadie se plantea en el PP mejoras en el funcionamiento de la Cámara. Tampoco que la Comisión del Estatuto del Diputado pueda investigar si son veraces los datos aportados cuando, por ejemplo, niegan que sus empresas contraten con la administración. Al presidente del Congreso, Jesús Posada, se le reconoce talante, pero se lamenta que no sea proactivo frente al descrédito.

Tampoco hay disposición a endurecer los requisitos para lo que se conoce como puerta giratoria, es decir, el paso de políticos a la actividad privada. Hay casos como el de Felipe González, José María Aznar o Juan José Güemes, entre otros, que tienen que ver con la ética, ya que han superado los dos años de incompatibilidad. Pero hay otros, como el de Elena Salgado, sobre los que la Administración nunca ejerce su capacidad investigadora, aunque sea evidente que fichan por empresas sobre las que han tomado decisiones antes de que transcurra ese periodo de dos años.

A largo plazo, Justicia pondrá en marcha una reforma del Código Penal que endurece el tratamiento a delitos como la administración desleal, la apropiación indebida, la malversación y la insolvencia punible, entre otros puntos relacionados con la corrupción. Pero no se aplicarían a los casos ya conocidos. Está pendiente para la futura ley de Enjuiciamiento Criminal adaptar la promesa de Alberto Ruiz-Gallardón de eliminar la excepción de la responsabilidad de las personas jurídicas que afecta a partidos y sindicatos. Significaría que en caso de delito cometido en un partido, por ejemplo, con el reparto de comisiones en forma de sobresueldos no declarados, habría responsabilidad penal de la formación, es decir, de sus máximos dirigentes, incluso sin probar que tomaron la decisión.

Dos instituciones claves están afectadas por supuestos chantajes

Sobre financiación de partidos, el PP alega que el caso de Bárcenas tiene que ver con su propio enriquecimiento y que, por tanto, no es precisa una reforma legal. Las cuentas del PP están necesariamente claras porque sus manejos no se declaran ni dejan rastro. Si hubo sobresueldos no estarán reflejados en las cuentas oficiales por mucho que se busque. José Antonio Bermúdez de Castro, dirigente del PP, explica que la ley ya se ha modificado esta legislatura, con acuerdo de todos, para limitar las donaciones anónimas, prohibir aportaciones de empresas con relación con las administraciones, que se publiquen las condonaciones de deudas, que los créditos renegociados se limiten a 100.000 euros, que se obligue a auditorías internas y que se dé potestad sancionadora al Tribunal de Cuentas.

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, formuló la semana pasada una propuesta de pacto contra la corrupción que más bien es un compromiso de atajarla dentro de cada partido. Sus propuestas concretas, para mejorar el control, quedarán para su conferencia de octubre. Al PSOE le preocupa combatir la etiqueta del “todos son iguales”, que se traslada en las encuestas como un duro castigo al bipartidismo.

Hay también una responsabilidad ciudadana porque el hastío por la corrupción no lleva aparejado un rechazo a opciones afectadas. Así, Camps aumentó los escaños del PP en julio de 2011 cuando ya había estallado Gürtel. En todo caso, la impresión de lodazal político no es nuevo: En los 90 se vivió cuando coincidieron el caso Roldán, Filesa y Naseiro, entre otros muchos. Entonces surgieron medidas como la creación de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de la ley de financiación de partidos. De esta crisis institucional aún no ha salido ninguna propuesta. Queda la Justicia, pero su actuación es siempre lenta, a ritmo distinto al de la política, y cada vez con menos medios.