Bauzá acalla otra voz civil independiente

Es una actuación de recorte y ahorro más, que tiene un carácter simbólico y repercusión política institucional. El Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá, del PP, ha anulado, desde el Parlamento, el Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de carácter plural y diverso donde se expresaron durante una década las opiniones y los análisis de la sociedad civil. El CES deliberada y proponía enmiendas sobre proyectos públicos, en un foro donde coincidían patronos, obreros, colectivos y profesionales.

Por otras vías, semanas atrás, quedó sin respaldo financiero el Centre de Recerca Econòmica (CRE) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y de la caja de ahorros Sa Nostra, que publicaba informes técnicos y emitían reflexiones independientes sobre la realidad de la comunidad. El CRE estaba bajo la tutela de dos entidades públicas ligadas al Gobierno.

Desde la vicepresidencia económica del Ejecutivo balear se replicó un diagnóstico adverso sobre el crecimiento del CRE afirmando que “estaba en línea con el Gobierno anterior” (de izquierdas). Idéntica descalificación ideológica mereció el Consejo Económico Social. Anteriormente el Gobierno de Bauzá liquidó el Consejo de la Juventud.

El PP aduce las razones “política y moralmente necesarias” del ahorro de medio millón del gasto anual que representa el CES en los presupuestos de la comunidad, con el objetivo de controlar el déficit autonómico. El PSM-Més per Menorca señaló que el Gobierno balear “quiere hacer callar a los disidentes de la ortodoxia”, en palabras de Nel Martí. Por parte del PSOE, Lurdes Aguiló, afirmó que el Ejecutivo autonómico pretende "desactivar" los organismos de la arquitectura institucional que no controla.

Los diputados de la mayoría han votado la suspensión de manera indefinida del CES, nacido bajo el amparo del Estatuto de Autonomía de Baleares y cuya anulación definitiva requeriría una modificación estatutaria. El presidente del CES ha sido hasta ahora Llorenç Huguet, ex rector de la UIB y antes lo fue Paco Obrador, sindicalista de UGT y ex político socialista.

La izquierda y los nacionalistas resaltaron sobre el CES su condición de plataforma de diálogo entre los agentes sociales y los poderes públicos, con formación plural de sus miembros. El consejo emitió 200 dictámenes, más de 30 informes y 11 memorias anuales.

La diputada socialista Aguiló preguntó en la cámara a los diputados del PP "si no se dan cuenta" de que la extinción del CES "es una barbaridad y un despropósito". La portavoz conservadora Margalida Prohens replicó que el Parlamento era "plenamente soberano" y reconoció que “el camino difícil, tortuoso e impopular” de control y recortes “lo hemos tenido que iniciar y parece que no nos van a acompañar a recorrerlo”.