El Gobierno llevará la extra de los funcionarios vascos al Constitucional

El Consejo de Ministros decide plantear una cuestión de competencia ante el reto de Patxi López

El Gobierno ha decidido esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias por la decisión del Ejecutivo de Patxi López de pagar a los funcionarios vascos la paga extra de Navidad, que Mariano Rajoy decidió quitar a todos los empleados públicos. "El procedimiento será el que le acabo de exponer respecto a otras Administraciones", ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien había sido preguntada por el caso de Extremadura, que no ha citado explícitamente. Tampoco ha mencionado a Navarra que también pagará la extra, pero con una argucia: adelantando la paga de verano a enero.

El objetivo es que el próximo pleno del Constitucional decida la admisión a trámite de este asunto ya que, de hacerlo, supondrá la suspensión de esta paga durante al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Tribunal para ratificar o levantar esta suspensión, según ha explicado el Ejecutivo, a la espera de una resolución del conflicto.

El Ejecutivo del PP esgrime que el Estado tiene la legitimidad "para establecer límites retributivos de los empleados públicos, que operan como límites de la autonomía financiera autonómica, según se establece en la doctrina del propio Tribunal Constitucional".

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El Gobierno vasco, que se encuentra en funciones, anunció su intención de pagar este abono extraordinario el mes que viene a sus 67.000 empleados públicos porque así lo recoge su Ley de Presupuestos. Como esta norma no fue modificada tras el real decreto, considera que sigue en vigor y debe cumplirla. Dedicará a este fin 207 millones de euros.

El Ejecutivo de Patxi López había calificado de "abuso" y de "chantaje" las amenazas del Ejecutivo central a los funcionarios vascos por la decisión de abonar la paga extra de Navidad. El Gobierno de López ha respondido así en un comunicado al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien advirtió ayer a Euskadi que pagar la extra de Navidad "es ilegal" por lo que esta decisión "será recurrida ante el Tribunal Constitucional".

Sáenz de Santamaría ha explicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudia "caso por caso" los anuncios autonómicos de abonar una extra las próximas Navidades, por si incumplen la legislación estatal.

En concreto, los casos de Extremadura y Navarra, cuyos gobiernos abonarán en enero una paga extra, pero la correspondiente a junio de 2013, según han aclarado, puesto que el año que viene no está prevista por el momento ninguna restricción. Hacienda estudiará si efectivamente el abono corresponde a dinero del próximo ejercicio o de éste.

Los empleados públicos presentarán el próximo mes de enero, cuando se haya consumado que no se les ha abonado la paga de Navidad, una demanda ante los tribunales para que se les devuelva la extra que el Gobierno decidió suprimir por decreto el pasado mes de julio. Los trabajadores públicos, representados en la Plataforma sindical y de asociaciones de empleados públicos (que integra a 33 organizaciones, entre ellas CSIF, CC OO y UGT) consideran que la eliminación de la paga vulnera sus derechos constitucionales.

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