El Gobierno presiona para retirar el euro por receta pero Madrid resiste

No lleva ni dos meses como presidente de la Comunidad de Madrid, pero Ignacio González ya tiene frente a sí un conflicto importante con el Gobierno central, de su mismo partido. Y esta vez es a cuenta de algo insospechado, como el euro por receta. Cuando Esperanza Aguirre decidió dimitir, el 17 de septiembre, muchos marianistas confiaron en que el presidente impediría que González le sucediera, porque conocían su enemistad. Pero Mariano Rajoy dio su visto bueno, y el PP entendió que las aguas se habían calmado. Sin embargo, ahora las espadas entre los marianistas y los aguirristas, con González a la cabeza, vuelven a estar en alto.

El Gobierno lleva semanas, pero especialmente los últimos días, lanzando todo tipo de mensajes en público contra el euro por receta. Pero además ha habido varias conversaciones privadas de miembros del Ejecutivo con González y con el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty —ex secretario general de FAES— para que lo retiren. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse.

González no tiene fácil marcha atrás y no quiere darla, al menos de momento. Está muy molesto, sostienen fuentes madrileñas, porque vio que el Gobierno respondía de forma muy tibia ante el euro por receta aprobado en Cataluña y pensó que él también podía implantarlo sin problemas. De hecho, en todos estos meses, desde marzo, cuando se aprobó, el Ejecutivo no decidió recurrir al Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno de Artur Mas. Se limitó a llevar el asunto a una comisión bilateral y permitir que Cataluña implantara una medida que se aprobó con la abstención del PP catalán. Para González, esa actitud es incompatible con la dureza con la que se expresa ahora el Gobierno, incluido Rajoy, cada vez que habla del euro por receta. “Es que entonces [cuando lo aprobó Cataluña] ustedes [los periodistas] no recuerdo que me preguntaran por este asunto y ahora [que lo aprueba Madrid] preguntan en algunas ocasiones, por eso a lo mejor parece que tiene más importancia, pero la posición es la misma que con Cataluña, se estudiará su constitucionalidad”, sentenció el pasado jueves la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Lo cierto es que fuentes del Gobierno central y el de Madrid coinciden en que la decisión de plantear el euro por receta, que surgió de Lasquetty y fue aprobada por González, no fue consultada con nadie del Gabinete de Rajoy, ni siquiera con la ministra más afectada, Ana Mato (Sanidad). Después de que se anunciara, Sáenz de Santamaría fue muy dura en público: “No es nuestro modelo”. Mato habló con González y con Lasquetty, según fuentes de los dos Gobiernos. De hecho, el presidente madrileño, un histórico del PP con buenas relaciones en todas las esferas, ha hablado con varios miembros del Ejecutivo. Sin embargo, no parece haber solución. De hecho, fuentes del Ejecutivo creen que lo más probable en este momento es que en muy poco tiempo —el plazo para hacerlo se agota el 31 de diciembre— el Gobierno, avalado por el Consejo de Estado, que cree que el euro por receta invade competencias estatales, y por tanto es inconstitucional, recurrirá el plan catalán con petición expresa de que se suspenda su aplicación, lo que frenaría automáticamente este coste que soportan desde hace casi cinco meses los catalanes. La Generalitat insiste en que no lo retirará por iniciativa propia. El Gobierno argumenta que su sistema, esto es, el copago de las medicinas por renta, es más justo y no castiga tanto a los mayores como el euro por receta.

Ese recurso sería un mensaje definitivo para Madrid. El Gobierno de Ignacio González aprobó el jueves el euro por receta, pero no se aplicaría hasta el 1 de enero y aún debe llevarlo a la Asamblea, donde el PP tiene mayoría absoluta holgada, para ratificarlo, ya que está dentro de los Presupuestos, en la ley de acompañamiento. Es allí, a finales de año, mediante una enmienda, donde el Gobierno central espera que González renuncie a su plan. Pero si no lo hace, ya sabe que le espera un recurso de inconstitucionalidad como el que se prepara para Cataluña. En cualquier caso, como es habitual en el Gobierno del PP, todas las fuentes insisten en que la decisión de recurrir la tomará Rajoy y nadie sabe bien lo que piensa hacer, como siempre.

Lo que sí es seguro es que este enfrentamiento tiene un trasfondo político importante. Madrid es la comunidad clave del PP y el Gobierno de Rajoy está cansado de que vaya siempre por libre. Cuando gobernaba Aguirre, el Ejecutivo madrileño iba a contracorriente en los asuntos más importantes y siempre suponía un quebradero de cabeza para los marianistas. El último gran choque se vivió pocos días antes de que ella dimitiera, a cuenta de la excarcelación del etarra Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara, a la que se opuso Aguirre.

Ahora, con González, pese a que él insiste en trasladar imagen de normalidad e insistir en que las rencillas entre Rajoy y él que estallaron en 2008 están superadas, parece evidente que el Gobierno quiere lanzar un mensaje de que no va a tolerar que vaya por libre. González, por ejemplo, ha decidido, pese a sus problemas de déficit y recortes, no subir ningún impuesto en los nuevos Presupuestos de Madrid, un claro mensaje frente a un Gobierno, como el de Rajoy, que ha subido casi todos los impuestos posibles.

Aunque las formas no se pierden y entre algunos de los protagonistas hay incluso buenas relaciones, la batalla entre los dos Gobiernos es evidente. Y el ambiente está aún más enrarecido por las tensiones entre el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid, que se mantienen e incluso se recrudecen a cuenta del caso Madrid Arena, pese a que ya no están en sus puestos ni Aguirre ni Ruiz Gallardón.

El Ejecutivo central señala que el Gobierno madrileño no puede hacerse ahora el sorprendido por su reacción ante el euro por receta, entre otras cosas porque su consejero de Economía, Enrique Ossorio, era hasta hace un mes miembro de la cúpula de Ministerio de Hacienda, que es donde se está discutiendo con Cataluña y preparando ese recurso de inconstitucionalidad. Es imposible que, al menos él, no conociera la voluntad del Ejecutivo de pararlo, explican. Otras fuentes del Gobierno confían en llegar a un acuerdo porque el euro por receta no tiene tanta relevancia y además no está funcionando como se esperaba en Cataluña. Señalan que lo que sí va incluso por encima de lo esperado es el copago que aprobó Sanidad, que ha supuesto un ahorro para el Estado —el coste lo asumen los ciudadanos— de 636 millones en tres meses. De hecho, en Madrid admiten que solo esperan recaudar 80 millones de los 7.000 que cuesta la sanidad madrileña. Lo hacen para disuadir, no para recaudar, insisten en Madrid. En cualquier caso, para González sería una clara derrota tener que retirar algo ya presentado. La solución se verá en pocas semanas.