Procesados por genocidio los agentes de Pinochet que mataron a Carmelo Soria

El juez Pablo Ruz ha procesado por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta la dictadura de Augusto Pinochet, que el 14 de julio de 1976 secuestraron, torturaron y dieron muerte al español Carmelo Soria Espinoza, que trabajaba en Chile como diplomático para Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Además, ha dictado órdenes internacionales de detención para su ingreso en prisión de todos ellos. El juez de la Audiencia Nacional entiende que puede existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respondía y daba cuenta personalmente de sus actos.

Los reclamados, todos ellos en su día pertenecientes a la Brigada Mulchen de la DINA, son Juan Guillermo Contreras Sepúlveda, José Remigio Ríos San Martín, Jaime Lepe Orellana, Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Blemar Labbe y Patricio Quilhot, todos ellos de nacionalidad chilena, al que se suma el estadounidense Michael Vernon Townley, también empleado de la DINA.

Los siete están acusados de haber participado en el secuestro y tortura del diplomático, a quien rompieron casi todas las costillas y, posteriormente, le inyectaron y le forzaron a beber pisco (aguardiente de uva) para darle muerte, aunque finalmente fue estrangulado. "Pobre Chile…”. Esas fueron las únicas palabras que el diplomático español Carmelo Soria fue capaz de articular durante el tormento, según el auto de procesamiento. Los torturadores querían saber su relación y sus contactos con el Partido Comunista de Chile.

Soria fue metido en el coche y tirado a un canal. En el bolsillo le metieron una nota para que pareciese que se había suicidado al enterarse de que su mujer le era infiel. Su intención era hacer parecer que el diplomático español había muerto en un accidente de tráfico.

La Audiencia Nacional sostiene que es competente para asumir investigación en aplicación del principio de jurisdicción universal, al tratarse de un supuesto delito de genocidio y lesa humanidad del que una de sus víctimas habría sido un español fuera del territorio nacional.

El juez Ruz ha decidido seguir adelante con el procedimiento al comprobar que la justicia chilena ha dado carpetazo al asunto, impidiendo cualquier pronunciamiento sobre el asunto. En este sentido, el juez coincide en subrayar que "no ha existido una investigación y persecución realmente efectiva de los hechos" y explica que el proceso fue cerrado en aquel país por una amnistía que "no respondía al consenso total de las fuerzas políticas en un periodo constituyente". Una amnistía que, recalca, supone un "obstáculo que hace imposible la persecución eficaz del delito en el lugar de los hechos".