El concierto económico inyectaría hasta 11.000 millones más a Cataluña

La propuesta de pacto fiscal que llevaba el presidente de la Generalitat, Artur Mas, a La Moncloa apenas ocupaba una página del boletín del Parlamento catalán. La resolución —aprobada por CiU, ICV y ERC— consistía en arrancar del Gobierno central un concierto económico similar al vasco, con la diferencia de que a la cuota por el coste de los servicios prestados por el Estado se añadía otro cheque más para contribuir a la solidaridad territorial. La Generalitat todavía no había traducido ese documento en números, pero dos informes apuntan que el concierto económico, en caso de seguir el modelo vasco, hubiera aportado cerca de 11.000 millones de euros a Cataluña antes de realizar su aportación a la solidaridad territorial.

El estudio El concierto económico: necesidad y viabilidad, publicado en la revista Idees de la Generalitat y elaborado por la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, Elisenda Paluzie, analiza el impacto en las arcas catalanas de la aplicación del modelo vasco entre 2005 y 2009. En ese periodo, el déficit fiscal —es decir, la diferencia entre lo que aporta la comunidad a la Administración central y lo que luego esta se gasta en el territorio— fue de entre 15.000 y 17.200 millones de euros, lo cual equivale a entre el 8% y el 8,5% del producto interior bruto (PIB), según los cálculos de la Generalitat. De acuerdo con el estudio de Paluzie, la aplicación del modelo vasco hubiera reducido el déficit fiscal hasta una cantidad de entre 4.500 y 6.000 millones de euros, entre el 2,6% y el 3,1% del PIB.

Por ejemplo, en 2009 el déficit fiscal, según el Ejecutivo de CiU, fue de 16.409 millones. Aplicando el concierto vasco ese desfase hubiera descendido hasta los 5.449 millones, por lo que Cataluña hubiera recibido 10.960 millones más que ahora. El estudio Sobre el Pacto Fiscal y el sistema de Concierto, elaborado por el economista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ángel de la Fuente, también apunta que la equiparación de Cataluña con el País Vasco tendría un rendimiento de algo menos de 11.000 millones de euros para el año 2007.

No obstante, la resolución del Parlamento planteaba que la Generalitat debía realizar una aportación a la solidaridad territorial, condicionada a que si Cataluña es la tercera comunidad que más recauda, también debe ser la que más recursos fiscales tenga por habitante después de esa contribución. Esa máxima se conoce como principio de ordinalidad.

Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron que ese asunto estaba abierto a ser negociado con el Gobierno. Paluzie ha calculado que, para cumplir con la ordinalidad, en 2009 Cataluña debería haber recibido 1.400 millones más de lo que captó, y en 2010, 3.282 millones más. Eso supone que el margen de negociación que tenía Mas era generoso: entre los 1.400 millones que exige la resolución del Parlamento y los 10.960 millones que aportaría la aplicación estricta del concierto había 9.540 millones para poner encima de la mesa de negociación.