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La no exigencia del catalán a funcionarios abre una grieta en el PP balear

El diputado popular Antoni Pastor rompe la disciplina de voto porque "se fractura la sociedad"

Bauzá (derecha) emite su voto mientras el diputado Antoni Pastor, se abstiene durante la votación de la ley del catalán en la Función Pública. Ampliar foto
Bauzá (derecha) emite su voto mientras el diputado Antoni Pastor, se abstiene durante la votación de la ley del catalán en la Función Pública.

El golpe de timón del Gobierno de José Ramón Bauzá (PP) a la política institucional de normalización del catalán en Baleares, fijada por consenso en 1986, motivó este martes un episodio de ruptura en el grupo parlamentario y la apertura de una crisis pública, que también se trasladó a las redes sociales, por la dimensión simbólica de la cuestión.

Antoni Pastor, una de las figuras del PP de Mallorca, alcalde de Manacor y exportavoz parlamentario, votó este martes en el Parlamento junto con las minorías de la oposición (PSOE y PSM) contra la retirada de la exigencia de que los nuevos funcionarios conozcan la lengua catalana, a excepción de los que opositen para profesores o para puestos de atención al público.

El catalán no será un requisito sino un mérito, según se corrige en la ley de la función pública balear. Pastor no quiso votar con su partido de siempre, el PP, “por el desprestigio” para su lengua, que la modificación implica, según dijo. El díscolo diputado acusa a su partido de haber creado una fractura en la sociedad y la Cámara, al romper el pacto estable sobre la normalización lingüística. Los nacionalistas culturales y políticos celebran su posición.

"La lengua dejará de ser un problema para el trabajo", dijo el diputado conservador Fernando Rubio, que atacó a los grupos socialistas y nacionalistas por no condenar el "ataque sistemático de manera violenta y organizada" que se ha producido, por el tema del catalán y los recortes, contra el presidente Bauzá en sus visitas a sedes del PP en los pueblos. Rubio afirmó que las protestas las alienta "una minoría radical organizada”.

Al PP de Baleares, hegemónico en todas las instancias de poder, se le ha abierto una vía de agua interna. Por una cuestión simbólica y polémica en el exterior del grupo pero que no pone en cuestión la estabilidad del partido y de sus gobiernos autonómico e insular. El PP tiene 35 de los 59 diputados de la Cámara. Pastor será sometido a la comisión de garantías del PP. Él se ve expulsado, tras ser amenazado y advertido desde los medios por todos los dirigentes tras reclamar que la votación fuera libre, en conciencia. Si el PP echa a Antoni Pastor dos grupos regionalistas en proceso de fusión le esperan para liderar una tercera vía moderada: la Lliga Regionalista de otro exlíder del PP, Jaume Font, y Convergència per les Illes, de Josep Melià, ex Unió Mallorquina. No fue, por tanto, baladí que el PP vindicara que "representa los valores del regionalismo integrador” para sellar posible fugas.

El PSOE habla de genocidio y el PP le acusa por extremismo

El catalán desata pasiones: El PP de Baleares cree que el catalán está absolutamente normalizado en la Administración balear y lamenta “el extremismo ideológico” de la izquierda y su intransigencia. “El bilingüismo es una riqueza cultural emocional”, afirman los conservadores.

Francina Armengol, líder del PSOE balear, habla de "crimen y genocidio culturales” y de "atentado contra la lengua catalana". Tilda de “disparate” la reforma y recrimina al Ejecutivo por "mutilar la autonomía política” anterior. “El PP certifica la defunción del catalán en la Administración, solo Toni Pastor mantiene la dignidad”, apuntó Biel Barceló, líder del conglomerado nacionalista PSM-Iniciativa Verds-Entesa per Mallorca y Més Per Menorca.

El consejero de la Función Pública, Simón Gornes, del PP, afirmó que "la Administración no puede tener preferencia por una lengua", sino que deben ser los ciudadanos quienes deben elegir.

Por su parte, el parlamentario Més per Menorca, Nel Martí, lamentó que el Parlamento "legisle contra la lengua de su país" y consideró que el catalán vuelve a una "situación de indefensión promoviendo la sustitución lingüística”.

La modificación de la Ley de Función Pública implica la reforma parcial de la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ley de Coordinación de Policías Locales.