El caso de las donaciones millonarias pone bajo sospecha a Convergència

La investigación judicial sobre el expolio del Palau de la Música de Barcelona, una de las instituciones emblemáticas de la cultura catalana, ha sembrado serias dudas sobre la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Los últimos informes policiales revelan que Ferrovial pudo no ser la única empresa que, presuntamente, pagó comisiones a la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Otras firmas de la construcción (ACS, FCC), pero también concesionarias de autopistas (Abertis), farmacéuticas (Grupo Ferrer) y suministradoras de aguas (Cespa, Sorea) hicieron donaciones a una fundación afín al partido de Artur Mas, la Trias Fargas, que en buena medida nutrieron las arcas de CDC.

La policía ha revelado al juez que, entre 2002 y 2008, la fundación recibió 6,5 millones en concepto de donación. La cifra supera en mucho las aportaciones recibidas, por ejemplo, por la Fundació Rafael Campalans, ligada al Partit dels Socialistes. En 2008, por ejemplo, esta fundación recibió 30.000 euros en donaciones, un 3% del total de los casi 900.000 euros que ingresó. Las donaciones para la Trias Fargas de ese mismo año suman 1,3 millones, el 65% del total.

En 2003, y después de 23 años de Gobiernos de Jordi Pujol, el tripartito de izquierdas se hizo con el poder en la Generalitat. Pero la supuesta travesía en el desierto de CDC no fue tal; al menos, en el plano económico. La merma de poder político no desanimó a los donantes. Es más, las aportaciones a la fundación “se incrementaron en un 400%” en ese periodo, entre 2002 y 2008, según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled ha pedido ahora al juez que remita ese informe y otros documentos al Tribunal de Cuentas para que examine con lupa todas las contribuciones —la policía solo ha reseñado las más significativas— que acabaron en manos de Convergència y de organismos afines. Aunque la prioridad de los investigadores es cerrar la pieza “política” del caso Palau (o sea, las presuntas comisiones pagadas por Ferrovial a cambio de la adjudicación de la línea 9 del metro y de la Ciudad de la Justicia), el organismo fiscalizador puede aportar pistas para una ulterior indagación judicial de las cuentas, poco transparentes, del partido.

El Tribunal de Cuentas examinará si hubo financiación irregular

Por ahora no hay pruebas para concluir que esas empresas pusieron dinero encima de la mesa a cambio de favores (presentes o futuros) del Gobierno catalán o del más de medio millar de Ayuntamientos comandados por CiU, la federación de la que Convergència es socio mayoritario. Pero la policía deja constar su sospecha de que esas aportaciones hayan “viciado” los concursos públicos en los que han participado. Si se examinan los números de la fundación, por un lado, y las adjudicaciones de obras en la era Pujol, por el otro, se observan curiosas coincidencias: las constructoras que hacen donaciones salen beneficiadas por decisiones de la Generalitat y sus empresas públicas.

Las indagaciones sobre la presunta financiación irregular de Convergència también plantean interrogantes sobre el rol que juegan las fundaciones privadas ligadas a partidos políticos. La Trias Fargas —rebautizada Catdem tras el escándalo del Palau, en julio de 2009— es una “plataforma de pensamiento político” que “difunde ideas” y “fomenta el debate para promover el catalanismo y la democracia”, recoge su web.

El informe policial concluye que, en la práctica, la fundación es también una correa de transmisión para hacer llegar el dinero al partido que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, dirige desde hace 12 años. Se hace “un uso espurio de las fundaciones” para canalizar fondos, “algunos de los cuales podrían tener procedencia ilícita”, sigue el informe. El hecho de que se escoja una fundación privada, indica la policía, pretende “evitar que las instituciones fiscalizadoras del Estado se percaten de las irregularidades”.

La identificación entre fundación y partido es tal que funcionan bajo el sistema de “caja única”, de modo que hay “constantes transferencias de fondos” entre ambas. La policía cita ejemplos sobre ese flujo de dinero. El 14 de octubre de 2008, la empresa Bruesa Construcciones hizo una donación de 60.000 euros a la Trias Fargas. Ese mismo día, el dinero se traspasó a una cuenta de CDC.

Algunas empresas ‘devolvían’ como donación el dinero que cobraban a CDC

La Trias Fargas es, supuestamente, el principal vector de financiación de CDC. Pero el dinero aterriza en el partido por muchas otras vías. La investigación sobre el saqueo del Palau perpetrado por su expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull —cifrado provisionalmente en 35 millones—, ha revelado la existencia de empresas que juegan un papel clave en la trama. Tres de ellas (New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent) son, al mismo tiempo, proveedoras del Palau y de la formación nacionalista.

La investigación ha acreditado que esas empresas fueron usadas como “instrumento” para hacer llegar el dinero de Ferrovial a CDC. En ese juego a tres bandas, Millet y Montull hicieron de intermediarios a cambio de una comisión. Las empresas cobraron un millón del Palau por trabajos que, según los indicios hallados, no ejecutaron. Pero es que, además, esas empresas (dedicadas al buzoneo y el marketing electoral) facturaron 804.563 euros a CDC por trabajos “genéricos” hasta 2009, según un informe del administrador concursal de esas sociedades, que también ha arrojado luz al caso.

Se hace un uso espurio de las fundaciones”, dice el informe policial

Lo curioso es que esas mismas empresas devolvieron a la formación de Mas parte del dinero que habían ingresado: 775.000 euros. “No ganábamos, pero tampoco perdíamos. Hicimos donaciones a Convergència como inversión de futuro, para fidelizar al cliente”, justificó el administrador de Mail Rent en su declaración como imputado. Entre otras irregularidades, el informe denuncia que la empresa entregó 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de la operación. La policía sospecha que ese dinero acabase, una vez más, en CDC. Las empresas que cobran del partido parecen empeñadas en devolverle parte de lo ganado. Es el caso de Hispart, otra proveedora que “paga una cuota de afiliación o similar”, según la policía. Se ignora, además, el destino de 18 de los 35 millones expoliados, ya que fueron retirados en cheques al portador por Millet y Montull.

En 2010, con CiU en la oposición, el caso Ferrovial puso a Mas contra las cuerdas. Ahora, el presidente de la Generalitat ha vuelto a salir al paso de los nuevos indicios que apuntan a la financiación irregular de su partido. El pasado miércoles, ante el acoso de la oposición, Mas se puso a la defensiva. Justificó la “legalidad” de las donaciones, pero admitió que no conoce “hasta el último milímetro” la financiación de CDC.