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La nacionalización de Bankia

De Banesto a la CAM, las otras comisiones de investigación

El PP veta la comisión sobre Bankia, pero apoyó y solicitó otras, como la de CCM Los resultados de los distintos casos han sido desiguales

CAM
Modesto Crespo, expresidente de la CAM, en su comparecencia en la comisión de investigación.JORDI VICENT

El Congreso no va a celebrar una comisión de investigación sobre Bankia. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha zanjado el debate esta mañana en su comparecencia tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, cuando ha afirmado que el asunto se discutirá en una subcomisión a puerta cerrada. El PP ya había impedido hasta el debate sobre si debía crearse o no una comisión; lo hizo en la Mesa del Congreso, con su mayoría absoluta y sin más explicación que la inconveniencia. Pero la de Bankia no sería la primera investigación que se celebra en España en sede parlamentaria sobre la crisis en un banco o caja. Con resultados desiguales, las cámaras han puesto el foco sobre Banesto o sobre la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), una comisión, esta última, que continúa activa. El PP ha apoyado o solicitado también en otras ocasiones la creación de comisiones, como en Caja Castilla- La Mancha (CCM). La búsqueda de responsabilidades ha llegado más lejos fuera: en EE UU, el foro parlamentario ha indagado acerca de las causas que provocaron el colapso del sistema bancario.

La comisión depende de la mayoría en el Parlamento

El Reglamento del Congreso regula las comisiones de investigación. El artículo 52 de la norma dice: "El Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público". Que se ponga en marcha o no la comisión depende por tanto de las mayorías en el Parlamento: el PP con su mayoría absoluta en el Congreso tiene la última palabra. Su última palabra, de momento, es que nada de comisiones.

El Día de los Inocentes de 1993, Luis Ángel Rojo, gobernador entonces del Banco de España, comunicaba a Banesto que intervenía el banco y destituía al Consejo de Administración, incluido el todopoderoso Mario Conde. La crisis de Banesto abrió dos procesos: el judicial y el administrativo. El primero se saldó en julio de 2002 con la sentencia del Supremo que elevaba de 10 a 20 años la pena de cárcel para Mario Conde y, el segundo, en febrero pasado, cuando el Banco de España acordó su inhabilitación por 20 años como banquero.

La comisión de investigación, que echó a andar el 3 de marzo de 1994, duró más de siete meses. Los grupos políticos integrantes de la Comisión Parlamentaria de seguimiento de Banesto coincidieron en señalar que la actuación del anterior equipo gestor del banco estuvo presidida por múltiples negligencias y errores, y que una gran parte de operaciones específicas fueron fraudulentas. En el tiempo que duró pasaron por la Comisión representantes institucionales, de la banca, auditores, presidentes de empresas relacionadas con Banesto, asociaciones de accionistas, sindicatos, ex gestores, gestores actuales (el actual presidente, Alfredo Sáenz, en cuatro intervenciones) y Mario Conde.

El pasado 2 de mayo comenzó la comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes Valencianas, que continúa activa. Los grupos parlamentarios acordaron el pasado 15 de marzo que comparecieran 79 personas. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el subgobernador, Francisco Javier Aríztegui; el anterior subgobernador José Viñals y otros cinco responsables del Banco de España y del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) se han negado porque sólo rinden cuentas en el Congreso de los Diputados. Las Cortes Valencianas les han vuelto a llamar con la advertencia de que la incomparecencia está prevista como delito de desobediencia en el Código Penal.

En la comisión ya ha comparecido el expresidente de la caja, Modesto Crespo, que se ha eximido de responsabilidad en el desastre. Declaró que se dedicaba a "representar institucionalmente a la CAM", sin tener funciones ejecutivas. De otro modo, añadió, no habría aceptado el cargo por su falta de conocimientos financieros. Los vicepresidentes de la entidad culparon a los directivos de la quiebra y alegaron que se les hurtó información. Hoy mismo ha declarado José Enrique Garrigós, exconsejero de la entidad, que ha admitido que no tenía preparación para analizar los balances que presentaba la dirección general de la CAM.

El Parlamento de Castilla- La Mancha no ha celebrado una comisión de investigación sobre CCM, solicitada por el PP, y rechazada con los votos del PSOE cuando gobernaba José María Barreda. En la vía judicial, sin embargo, la Audiencia Nacional abrió una investigación en 2010 sobre la quiebra de la entidad, rescatada un año antes con 7.100 millones de euros y posteriormente integrada en el Grupo Cajasur. La Fiscalía eximió al expresidente de entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y al exdirector general, Ildefonso Ortega, al considerar que no se enriquecieron con la gestión de la caja de ahorro. Los jueces mantuvieron abierta la investigación sobre la quiebra, en la cual los dirigentes tendrán que responder de las acusaciones de administración desleal, falsedad contable y estafa.

La Audiencia Nacional condenó a Caja Madrid el pasado enero al pago de 12,22 millones de euros por su responsabilidad civil en el fraude de Gescartera. El Banco de España intervino la agencia de valores en 2001, cuando su agujero patrimonial rondaba los 88 millones de euros. Los magistrados eximieron de responsabilidades a La Caixa y condenaron al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de cárcel por apropiación indebida y falsedad documental. 

La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera en Estados Unidos, encargada de averiguar las causas que provocaron el colapso del sistema bancario a principios de la pasada década, concluyó que la crisis financiera “pudo evitarse”. Entre los responsables de poner a la economía del país y luego del resto del mundo al borde del precipicio, a juicio de la comisión, están el apetito desmesurado de los bancos por el riesgo y la ineptitud de las agencias de calificación, pero también los agujeros en la regulación y la actuación laxa de los supervisores, como la Reserva Federal. La falta de iniciativa política para exigir responsabilidades a Wall Street también jugó un papel central en esa tormenta que llevó a 12 de los 13 grandes bancos casi a la quiebra, mientras que al menos medio centenar de fondos de inversión libre intentaron beneficiarse de los acontecimientos. La palabra "avaricia" emerge a lo largo del informe de la comisión al referirse a la conducta de entidades como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers o Citigroup, acusadas de asumir riesgos excesivos sin contar con el colchón de capital necesario.

La comisión no exime de fallos a la labor de Alan Greenspan al frente del banco central, y a su sucesor Ben Bernake. La investigación carga también en contra del equipo del expresidente George Bush por alimentar la incertidumbre en el mercado y la gestión de Bill Clinton, cuya decisión de dejar al margen de la supervisión de instrumentos como los derivados, pudo constituir el primer embrión de la crisis.

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