Amnistía Internacional desmiente a la fiscalía ante una juez argentina

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, se ha desplazado a Argentina para entregar este miércoles a la juez María Servini de Cubría, que lleva la denuncia presentada en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo, un informe que demuestra “el total desamparo judicial” que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sufren en España. El documento, titulado Casos cerrados, heridas abiertas, desmiente el informe que la Fiscalía General del Estado envió a Buenos Aires en junio de 2011 —en respuesta a un exhorto de la juez argentina— en el que afirmaba que tales crímenes se estaban investigando en España, omitiendo incluso que el exjuez Baltasar Garzón estaba procesado precisamente por haber intentado abrir una investigación al respecto.

Amnistía Internacional ha constatado que la mayoría de los 47 juzgados territoriales que recibieron los casos tras la inhibición de la Audiencia Nacional en noviembre y diciembre de 2008 en la causa han “archivado de plano sin que se haya realizado ningún tipo de investigación” las denuncias de los familiares de los desaparecidos y que, además, los jueces ni se han molestado en comunicar a las víctimas y en muchos casos, a los propios fiscales, su decisión, anulando cualquier posibilidad de recurrir el archivo. Para Amnistía, esa actitud “constituye una violación evidente del derecho a la justicia, que incluye la obligación del Estado de investigar graves violaciones de derechos humanos, el derecho a conocer la verdad —de las víctimas y de la comunidad internacional— y el derecho a la reparación”.

Amnistía solicitó información de los juzgados territoriales que recibieron los casos tras la inhibición de la Audiencia Nacional y solo cuatro la facilitaron. La organización se dirigió entonces al Consejo General del Poder Judicial, a los fiscales de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, a la Fiscalía General del Estado, y a la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura —que acaba de cerrar el Gobierno de Rajoy—, entre otros, y solo el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco facilitó la información solicitada.De los 21 casos a los que Amnistía tuvo finalmente acceso, los juzgados territoriales archivaron 17 y otros cuatro quedaron en suspenso hasta el reciente fallo del Tribunal Supremo (28 de marzo) que resuelve la cuestión de la competencia, atribuyéndosela a los juzgados territoriales aunque sin posibilidad de abrir investigaciones penales. 

Pese a "la obstrucción de las autoridades judiciales para obtener información" que denuncia Amnistía, la organización pudo constatar "el archivo sistemático" de casos sin practicar una sola diligencia alegando prescripción, ley de amnistía, fallecimiento de los responsables o existencia de la ley de memoria histórica.

En el informe que entrega este miércoles a la juez argentina, Amnistía Internacional analiza uno por uno los distintos motivos alegados por los jueces territoriales para archivar las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos del franquismo. Así, respecto a la prescripción, explica que el Código Penal, en consonancia con el derecho internacional, consagra en su artículo 131 (4) que "los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (...) no prescribirán en ningún caso". La interpretación que hace el Supremo sobre la prescripción de estos crímenes, añaden, solo es posible si se califican de "delitos comunes", pese a que, según advierte Amnistía, el propio Tribunal Supremo "ha reconocido que los hechos denunciados serían hoy constitutivos de crímenes de lesa humanidad".La organización también recuerda que varios organismos de Naciones Unidas han advertido a las autoridades españolas que los delitos de desaparición forzada son imprescriptibles y que "el Estado debe tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de estos crímenes por los tribunales españoles".  

Respecto a los archivos motivados por la ley de amnistía de 1977 y su papel fundamental para facilitar la Transición, la organización recuerda las recomendaciones internacionales hechas a España por el Consejo de Europa y el Comité de Derechos Humanos para que derogue recordando que la propia ley "excluye de su ámbito de aplicación aquellos delitos que han supuesto algún tipo de violencia grave contra la vida o la integridad de las personas". El derecho internacional, añade el informe, "niega reiteradamente la posibilidad de que un Estado pueda invocar la amnistía u otra causa para sustraerse a sus obligaciones de investigar y sancionar estos crímenes".

En cuanto al archivo de casos por fallecimiento de las personas responsables, Amnistía asegura que tal cosa "no es en absoluto un obstáculo que exima al Estado de su obligación de investigar los crímenes de derecho internacional". "En el caso de estos crímenes, los Estados tienen, en primer lugar, la obligación de investigar, y de seguido, si hay pruebas suficientes y admisibles, la obligación de enjuiciar a las personas presuntamente responsables de tales hechos".

Amnistía Internacional rebate finalmente los archivos que alegan a la ley de memoria histórica citando la propia ley, que expresamente afirma que sus previsiones "son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios".

El portazo de la justicia española y la avanzada edad de la mayoría de los denunciantes ha convertido la investigación abierta en Argentina como la única oportunidad hoy por hoy para las víctimas del franquismo de obtener justicia, explica el coordinador del informe de Amnistía Internacional, Ignacio Jovtis. “Confiamos en que la investigación argentina siga su curso y que el Tribunal Supremo rectifique, porque está incumpliendo el derecho internacional”.