Rajoy reunirá a las regiones a principios de mayo para vigilar los planes de ajuste

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado esta mañana que en las próximas semanas convocará una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) --el órgano de interlocución del Ministerio de Economía con las comunidades autónomas-- para supervisar los planes de viabilidad regionales y controlar el déficit público. Rajoy ha avanzado que el CPFF se reunirá a principios de mayo para revisar el ajuste presupuestario que tienen que hacer las autonomías, así como la actualización de sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macro-económico del Gobierno.

El presidente se ha referido al papel de las regiones en el proceso de reducción del déficit. Por eso, ha confirmado que las comunidades autónomas adaptarán en pocas fechas sus presupuestos a las previsiones de las cuentas del Estado, lo que obligará a actualizar sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Todo esto se revisará a principios de mayo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La mayoría de las comunidades han elaborado sus presupuestos de 2012 con unas previsiones macroeconomícas inciertas. Además, las comunidades fueron las grandes culpables del incumplimiento del déficit el año pasado.

En ese sentido, Rajoy también ha reafirmado que las duras medidas de ajuste que está adoptando el Gobierno para rebajar el déficit continuarán durante toda la legislatura. "Ahora estamos en el kilómetro cero", ha explicado al tiempo que abordaba la reforma de la Administración Pública como tarea por concluir y la consolidación fiscal como objetivo. "Si las administraciones han sido responsables del descontrol del déficit, ahora todas serán responsables de su control", ha enfatizado.

Durante su intervención en la clausura de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el presidente ha recordado que la Administración Pública central rebajará el déficit en 17.800 millones de euros en 2012, es decir, 1,6 puntos porcentuales del PIB. Pero ha insistido en que la consolidación fiscal es una tarea que implica a todas las Administraciones sin excepción. De manera que el déficit de las comunidades se reducirá 1,4 puntos y en los ayuntamientos y Seguridad Social, un 0,1 puntos. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a que la desviación entre gastos e ingresos públicos no sobrepasará el 5,3% del PIB este año [El límite del déficit del Estado es del 1,6%; el de las comunidades, del 1,5%; los ayuntamientos, 0,3% y la seguridad social registrará equilibrio presupuestario] .

Las comunidades autónomas aún desconocen la fecha del nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Habitualmente, la secretaria de Estado de Administraciones Públicas suele convocar estas reuniones con tan solo dos días de antelación. Por eso, los Gobiernos regionales no tienen el orden del día del encuentro avanzado por Rajoy.

En la última reunión del CPFF celebrado a principios de marzo, las comunidades acordaron apoyar la Ley de Estabilidad Financiera y Sostenibilidad Económica por la que el Gobierno establece un techo de gasto y elimina el déficit a partir de 2020. Dicha Ley, aprobada la semana pasada en el Congreso, permite al Gobierno intervenir a las comunidades que incumplan repetidamente los objetivos marcados por el Ejecutivo. En dicho encuentro también se acordó poner en marcha un mecanismo para mejorar la liquidez de las comunidades autónomas. El plan de pago a proveedores, dotado con hasta 35.000 millones de euros, permitirá a las comunidades pagar las facturas pendientes. El plazo para que las comunidades presentaran la relación de facturas pendiente de pago venció ayer. En las próximas horas se debe conocer el importe total de la deuda impagada de las regiones.

Las comunidades que se acojan al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda tendrán que presentar un plan de viabilidad para garantizar la sostenibilidad presupuestaria. Además, la Ley de Estabilidad Financiera permite al Gobierno intervenir a las comunidades que incumplan repetidamente los objetivos marcados por el Ejecutivo.