El PP tumba con el apoyo de CiU las cinco enmiendas contra la reforma laboral

El voto manda: 194 votos frente a 138. Toda la Cámara tomó posición, nadie se puso de perfil por lo que en la votación de cinco enmiendas a la totalidad contra la reforma laboral no ha habido abstenciones. El PP con apoyo de CiU ha tumbado las enmiendas del PSOE, IU-ICV- CHA, UPyD, ERC y BNG, que han pretendido sin éxito que la reforma laboral saliera del Congreso y volviera al Gobierno para que hiciera un nuevo texto. Ahora solo queda la posibilidad de modificar algunos aspectos de la ley a través de enmiendas cuyo plazo de presentación termina el próximo 16 de abril. A últimos de mayo, la ley estará definitivamente aprobada después de haber pasado por el Senado.

Todos los grupos se aprestan a inundar de enmiendas la ley aunque, de entrada, solo CiU tiene posibilidades de mover la mano al Grupo Popular. No habrá cambios desde luego en el terreno de las indemnizaciones por despido, aunque el Grupo Catalán sí pretende que se suavice la posibilidad del despido objetivo por absentismo “para evitar situaciones injustas”, como defendió el diputado del Grupo Catalán Carles Campuzano. El debate revivió el fuerte enfrentamiento entre el PP y la izquierda parlamentaria, además de con UPyD. Con esta reforma no se van a crear puestos de trabajo sino que rescindir contratos será muy sencillo con la mera voluntad del empresario al tener un poder casi omnímodo. Este es el principal argumento de los enmendantes, en tanto que para el PP la izquierda se convierte en un bloque conservador “de lo antiguo”, en expresión de la diputada popular Carmen Álvarez-Arenas.

El debilitamiento de los derechos de los trabajadores y de la negociación colectiva no va a crear empleo" Soraya Rodríguez

“El debilitamiento de los derechos de los trabajadores y de la negociación colectiva no va a crear empleo como tampoco se puede imputar a la actual legislación la destrucción de puestos de trabajo”. Con esta tesis la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, redondeó su intervención, además de considerar inconstitucionales algunos de los artículos de la reforma, como también sostienen otros grupos parlamentarios y los sindicatos. Al sostener que la ley actual no es causa de destrucción de empleo se anticipaba a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, Carmen Álvarez-Arenas, que basó buena parte de su discurso en atacar la reforma laboral del Gobierno Socialista que provocó una huelga general en septiembre de 2010. En esa norma había principios y bases que facilitaban el despido aunque con menos facilidades que la del Gobierno del PP.

Tanto la enmienda del PSOE como la del resto de los grupos ofrece un modelo alternativo que comprende desde facilidades para acceder a créditos a la recuperación de la negociación colectiva, como hace la de los socialistas. Los enmendantes intentaron sin éxito que se recuperara el “acuerdo histórico entre empresarios y sindicatos” por el que se llegó a un pacto de moderación de rentas y que ha desaparecido con la nueva legislación. Aunque los cinco portavoces contrarios a la ley del Gobierno defendieron aspectos muy diferentes, sí pusieron un énfasis especial en el coste del despido, lo que no comparte el diputado de CiU Carles Campuzano para quien esos planteamientos de la izquierda, que vinculan la protección del trabajador a un alto coste del despido, están fuera de este tiempo.

Fuera o no de tiempo es lo que preocupa y mucho a los portavoces que ofrecieron un texto alternativo. Y ya se tienen pruebas de sus efectos, toda vez que aunque la ley está ahora en fase de tramitación sus contenidos fueron aprobados en un decreto que ya está en vigor. Así el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiera ( ICV) resaltó que esta “contrarreforma laboral” se traduce ya en rebajas salariales y “amenazas “ continuas de las empresas. Coscubiela trajo a la Cámara los ecos de la huelga general del 29 de marzo en la que, a su juicio, los trabajadores se opusieron al debilitamiento de los convenios colectivos y a dar todo el poder a los empresarios. En términos mucho más duros se expresó el diputado de ERC Joan Tardá para quien con esta legislación laboral España puede aspirar a ser “ el paradigma de productividad a precio de plato de arroz". El diputado republicano dejó en la tribuna unas preguntas inquietantes: “¿Cómo va a salir adelante un país cuando sus trabajadores salen de casa cada mañana y no saben si les van a bajar el sueldo, el horario y condiciones de trabajo”?.

Un ataque en todo regla a los derechos de los trabajadores, es el resumen que de la ley hace la diputada del BNG Olaia Fernández, cuyo grupo también presentó enmienda a la totalidad, así como Rosa Díez de UPyD, en cuya enmienda figura la unificación de contratos con indemnizaciones progresivas. Esta opción persigue mitigar la temporalidad y precariedad laboral.. Ana Oramas, de Coalición Canaria, y Uxúe Barkos, de Geroa Bai, también se oponen a la ley como se apreciará en sus enmiendas parciales. Lo mismo hará el PNV con más de 70 enmiendas anunciadas por el diputado Emilio Olabarría, que aspira a mover el ánimo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. “Espero que el tronco al que usted se refiere sea estrecho”. Aludía el diputado vasco a la afirmación de la ministra de que los aspectos “troncales” de la ley no se van a tocar.