Juicio a la amnistía fiscal

Las asociaciones de jueces y fiscales se muestran reacias, cuando no claramente contrarias, a la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno para hacer aflorar hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El Ejecutivo perdonaría los impuestos y las multas y recaudaría solo el 10% de ese capital blanqueado, 2.500 millones. A la espera del reglamento que precisará los detalles, se sabe ya que los defraudadores podrán regularizar su dinero negro hasta el 30 de noviembre de este año y el Ejecutivo garantiza confidencialidad.

Pablo Llarena, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, asegura que la APM “no tiene ninguna opinión” sobre la amnistía fiscal. Pero añade: “Si se introdujera la regularización fiscal para defraudadores con delitos tributarios, los tribunales están obligados a aplicar la ley. La valoración de esa ley no corresponde a los jueces, sino que lo que tienen que hacer es aplicarla. A nadie se le oculta que la defraudación es un delito que tiene que ser combatido y que los que pagamos rechazamos que puedan eludir sus responsabilidades. Pero los que regularicen al final, aunque tarde y eludiendo su responsabilidad penal, terminarán por hacer frente a sus obligaciones fiscales”.

José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), afirma con contundencia que la asociación progresista de jueces “es totalmente contraria a esta medida, de la que por ahora se desconoce si se va a aplicar a hechos delictivos”. “En el caso de que se aplicase únicamente a infractores administrativos”, prosigue Ramírez, “habría una duda sobre su constitucionalidad, porque colisiona con el derecho de los ciudadanos a la redistribución de la renta, de acuerdo con su capacidad económica y con el trato igualitario”.

“Pero si resulta que, además, beneficia más a los defraudadores que tienen más que ocultar, no se justifica una medida como esa en esta situación”, añade el portavoz de JpD. “Sería comparable a un indulto y no se les aplicará, supongo, en función de la cuota defraudada”.

Este periódico intentó, sin éxito, recabar la opinión de la asociación judicial Francisco de Vitoria.

La APM no valora la medida, aunque recuerda que defraudar “es delito”

Antonio Roma, portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF), indica que su organización no va a hacer una valoración de la amnistía fiscal “porque se trata de una decisión política de la que no se conoce la letra pequeña. No vamos a pronunciarnos hasta que se conozca”, dice. Si la amnistía no afecta a los que ya están incursos en un procedimiento penal, lo que está hecho va a continuar, como parece que debe ser.

En cambio, María Moreto, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), considera que la medida anunciada por el Gobierno es “un premio a los que no contribuyen como los demás”. La portavoz de los fiscales progresistas conviene en que el Ejecutivo “tiene que sacar dinero de debajo de las piedras” pero aun así, señala, no es “adecuado” premiar a los que no tributan. “Están diciendo, además, que va a ser de manera anónima, con lo que, encima de beneficiar a los que no tributan como los demás, ni siquiera les van a poner la cara roja. Aquí pagamos siempre los mismos, los que tenemos una nómina”, protesta.

Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente, también es concluyente: “Nuestra opinión de la amnistía fiscal es negativa. Creemos que al ciudadano hay que darle ejemplo de ciudadanía, y esta medida va a desmotivar al que contribuye con todos sus ahorros. Desde el punto de vista judicial, da a entender que la ley no es igual para todos”, afirma.

“Es un premio a los que no contribuyen”, critican los fiscales progresistas

Las dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía fiscal las han puesto sobre la mesa los propios inspectores de Hacienda. Nada más anunciar el Ejecutivo la medida, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que agrupa, según su portavoz, al 95% de los 1.500 inspectores de España, emitió una nota afirmando que el perdón legal de impuestos es “contrario a la Constitución”. Los responsables de la lucha contra el fraude advertían, además, de que se puede generar un “derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación”, porque muchos ciudadanos que sí pagan impuestos se sentirán agraviados.

El PSOE ha encargado un estudio jurídico para averiguar si hay base para recurrir la amnistía ante el Tribunal Constitucional.