Ideas augura que la reforma laboral destruirá 800.000 empleos más

La reforma laboral de Mariano Rajoy no solo no creará empleo, sino que lo destruirá, además de pasar "una enorme factura" económica a España. Es la tesis de la fundación Ideas, el laboratorio ideológico del PSOE, que pronostica que solo este año van a desaparecer entre 740.000 y 800.000 puestos de trabajo. Esta cifra supera largamente las estimaciones del Gobierno, que cifró el pasado 1 de marzo en 640.000 los empleos que se perderán en 2012. Pero sobre todo rebate la principal justificación que ha ofrecido el propio Rajoy sobre la reforma laboral, que era precisamente la necesidad de flexibilizar los contratos para fomentar la creación de puestos de trabajo y reducir el paro, que supera los 5,2 millones de parados.

Además, la fundación sostiene, en el documento Reforma laboral y crisis: efectos sobre la economía española, que la reforma laboral va a pasar "una enorme factura" a la situación económica del país, porque el diagnóstico que ha hecho el Gobierno de sus efectos es "inadecuado". El estudio -un documento de análisis que fija el posicionamiento político de la fundación Ideas, dirigida por el exministro Jesús Caldera- asegura que no se han tenido en cuenta factores que provocarán, en la actual situación de recesión, "una espiral de menos crecimiento, más desempleo y más déficit". Y calcula que en ese círculo vicioso se alcanzarán los seis millones de parados a final de año, que el Producto Interior Bruto (PIB) se contraerá hasta cinco décimas más de lo previsto (se calcula que ya lo hará en un -1,7%) y, por lo tanto, que las estimaciones del déficit público para este año se dispararán, por lo que habrá que hacer un ajuste adicional de 38.000 millones de euros "para cumplir el compromiso del -5,3%" fijado por Bruselas.

El razonamiento expuesto en este estudio señala tres factores que no se han tenido en cuenta y que van a agravar la situación económica: el primero es que los cambios en las relaciones laborales que implica la reforma del Gobierno facilitan la reducción de salarios y, por tanto, que sea menor la renta de la que disponen las familias, lo que se traducirá a corto plazo en una contracción del consumo y la caída del PIB, salvo que a corto-medio plazo sirva para bajar los precios, lo que puede mejorar la competitividad, siempre que los empresarios no decidan mejorar sus márgenes.

El segundo es que la nueva normativa laboral también abarata el despido, por lo que, si los empresarios utilizan esta facultad, puede deteriorarse aún más el mercado laboral. Por último, el Ejecutivo no ha tenido en cuenta que los dos factores anteriores se plasmarán en una menor recaudación de impuestos, porque las familias tendrán menos recursos; y que aumentarán los gastos de la Administración porque habrá más desempleados que cobren la prestación por desempleo.

La fundación calcula que el Estado dejará de ingresar entre 1.340 y 1.675 millones de euros -en función de cómo se produzca la bajada de salarios- solo por el impuesto de la renta (IRPF), mientras que prevé que deje de ingresar entre 240 y 375 millones de euros en concepto de IVA, "que cada vez depende más del gasto final de los hogares.

Y, en cambio, el aumento del paro en entre 103.000 y 172.000 desempleados más de los previstos, elevará a entre 825 y 1.370 millones de euros lo que la Administración central tendrá que abonar de más en concepto de subsidios de desempleo. La fundación Ideas estima que eso supondrá un déficit adicional de entre 2.400 y 3.400 millones de euros. De ahí que estime que habrá que hacer nuevos ajustes de casi 40.000 millones de euros para cumplir el pacto de estabilidad al que se ha comprometido España con la Comisión Europea.

La fundación urge al Gobierno a "revisar algunas de las transformaciones más radicales" que plantea la reforma 

Por eso, la fundación de Jesús Caldera cuestiona que se haya impuesto una reforma que en principio iba a defender los intereses de los más de cinco millones de parados, modificando "las reglas del juego para 17,8 millones de ocupados". A estos últimos, agrega, se les impone "una presión para que sus salarios se ajusten a la baja y una enorme incertidumbre sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo". Por eso, tacha la reforma de "inadecuada e inoportuna".

La fundación concluye que la reforma laboral no está motivada por las necesidades reales del sistema laboral español, sino por la intención de trasladar a los mercados financieros y al resto de países de la Unión Europea "la imagen de que se están acometiendo cambios de calado en la economía española". Y, por tanto, urge al Gobierno a "revisar algunas de las transformaciones más radicales de las relaciones laborales que se están planteando con esta reforma".