El Gobierno continúa con el debate de la reforma laboral y busca el voto de CiU

La cuestión central del arranque del Gobierno de Mariano Rajoy, la reforma laboral, no está aún cerrada. Los movimientos son intensos dentro del Ejecutivo y su entorno —los polos de presión son múltiples— hasta el último minuto, que se sitúa en el jueves, cuando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos protagonice la última discusión entre ministros que concluirá con la decisión final de Mariano Rajoy, que preside ese órgano. Al día siguiente, el Consejo de Ministros la rematará. Las discrepancias siguen siendo importantes. Luis de Guindos, ministro de Economía, presionado por una situación económica europea que sigue complicándose con los problemas en Grecia, quiere una reforma más ambiciosa que pueda ser bien interpretada en los mercados y en Europa, sobre todo en Alemania.

Fátima Báñez, responsable de Empleo y principal redactora de la reforma, quiere evitar a toda costa una huelga general y un momento de gran conflicto a pocas semanas de las elecciones andaluzas, el 25 de marzo.

Anoche, ni siquiera estaba decidido, según fuentes de Empleo, si será un decreto ley, que entraría en vigor de inmediato, o un anteproyecto de ley, que llevaría semanas de tramitación. Parece más probable lo primero.

El punto clave para rematar parece estar en la posibilidad de algún tipo nuevo de contrato para jóvenes. Economía se inclina aparentemente más por alguna fórmula de ese tipo. Empleo descarta un contrato de crisis como el que pedía la patronal. Pero hay muchas opciones encima de la mesa y todas las fuentes insisten en que hasta el jueves no se tomarán las decisiones definitivas.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, ya trabaja para consolidar algún apoyo para que la reforma no salga solo con los votos del PP. Ayer almorzó con Josep Antoni Duran, portavoz de CiU, el mismo día en que el PP catalán garantizaba a los nacionalistas su respaldo a los Presupuestos de la Generalitat. Ninguno quiso dar muchos detalles de la reunión, pero el apoyo de CiU a la reforma laboral —ya respaldó la subida de impuestos, con más coste político— parece seguro.