El Gobierno renuncia a elaborar un decreto de prórroga de los Presupuestos

El Gobierno que salga del urnas el 20-N dispondrá de apenas un mes para adoptar una decisión crucial: prorrogar sin más los Presupuestos de 2011 o aprobar algún decreto con modificaciones. Lejos de ser un trámite técnico, esa maniobra encierra una gran carga política, con decisiones clave como si se congelan otro año más las pensiones o los sueldos de los funcionarios. El PP instó el miércoles al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que asuma él esa tarea, pero Hacienda responde que las cuentas de 2012 serán competencia exclusiva de los próximos gobernantes.

Con esa decisión, Economía renuncia a dejar como legado un decreto de prórroga que condicione las decisiones del equipo entrante tras los comicios. La vicepresidenta y ministra, Elena Salgado, ya avanzó la semana pasada esa idea y su departamento se reafirma en ella. Sin decreto de por medio, los Presupuestos se prorrogan automáticamente.

Las cuentas de 2012 serán competencia exclusiva de los próximos gobernantes

Paradójicamente, la formación que aspira a aplicar sus propias políticas de aquí a un par de meses exige al Ejecutivo saliente una serie de reglas que marquen su actuación en 2012. Esa maniobra, en principio contraria a la lógica, obedece, sin duda, a motivos electorales. Al partido que se sabe ganador le interesa que el perdedor adopte cuantas más decisiones duras mejor antes de abandonar el poder. También para que la idea permanezca en la mente del votante a la hora de acudir a las urnas.

La Constitución española establece en su artículo 134 que, si llega el 1 de enero sin unos Presupuestos refrendados para ese ejercicio, automáticamente se prorrogan los del anterior “hasta la aprobación de los nuevos”. Es decir, el Gobierno entrante puede optar por prorrogar lo que hay y elaborar con más calma unas nuevas cuentas públicas a partir de enero. Ni la Carta Magna ni la Ley General Presupuestaria fijan un tope temporal para ese trámite durante el año en curso, aunque lo más lógico es que se haga en los primeros meses para que haya tiempo de aplicar las nuevas directrices.

La prórroga automática implica que el nuevo Ejecutivo no puede cambiar nada de las cuentas actuales (ni la cuantía de los salarios públicos, ni las tasas, ni las políticas de vivienda…). Pueden ampliarse, eso sí, las partidas cuyo crecimiento no depende de decisiones políticas, sino de su evolución natural. Por ejemplo, si aumenta el número de pensionistas -o los que se jubilan lo hacen con mejor prestación-, el capítulo destinado a pensiones se adaptará a las nuevas necesidades, aunque eso signifique gastar más que en 2011. Algo similar ocurre con los funcionarios, los desempleados o con el pago de la deuda, según la ley, que considera ampliables todos esos créditos.

No obstante, la prórroga automática sitúa al nuevo Gobierno en una difícil tesitura. Porque las cuentas de este año fijan un déficit del 6% del PIB para el conjunto de Administraciones públicas, mientras que la senda de reducción comprometida en Bruselas obliga a reducir esa cifra al 4,4% en 2012. Inevitablemente, el nuevo Ejecutivo tendrá que aprobar rápidamente nuevos recortes (máxime si se tiene en cuenta que el 6% de este año probablemente se rebasará). Existen dos opciones, una rápida y la otra más lenta. La primera consiste en aprobar un decreto de no disponibilidad para inhabilitar algunas de las partidas incluidas de las cuentas de 2011 de forma que no lleguen a gastarse. La segunda supone esperar hasta la redacción definitiva de las cuentas de 2012 para incluir ya los nuevos recortes.

La prórroga presupuestaria más reciente en la historia política española se produjo en 1995, cuando el Gobierno de Felipe González agonizaba. El escenario era diferente porque entonces el Ejecutivo sí presentó a la Cámara un anteproyecto de Presupuestos que no logró sacar adelante. Eso precipitó las elecciones anticipadas y González presentó, al filo del año nuevo, un decreto de prórroga con algunas modificaciones. En este caso es al revés. Al convocarse elecciones anticipadas en apenas dos meses, el Ejecutivo renuncia a elaborar unas cuentas que gestionará en su integridad otro equipo, al que se le exigirá retratarse desde el primer minuto.