Viernes sin consultas en Sant Pau

El ajuste de 1.000 millones de euros que la Generalitat aplica en Sanidad sigue recortando servicios a los pacientes en una espiral que empieza a cuestionar la calidad asistencial de los centros públicos. El recorte presupuestario forzó ayer la concreción de nuevos cierres en el hospital barcelonés de Sant Pau, uno de los más antiguos de España y que atiende a una población de unos 500.000 habitantes del área metropolitana barcelonesa. Tras un año marcado por la clausura de plantas en todos los hospitales públicos de la comunidad, el Sant Pau añade ahora el cierre de una nueva planta, la aplicación de un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal que afecta aproximadamente a la mitad de la plantilla sin implicar despidos y el cierre parcial de consultas externas. Estas, a excepción de la consulta de oncohematología que trata procesos como leucemias o linfomas, no atenderá a pacientes los viernes. Se reduce así el 20% de la actividad de unos dispensarios que atienden una media de 1.150 pacientes al día. “Inevitablemente, los pacientes quedarán afectados de una u otra forma”, señaló el Sindicato de Médicos de la comunidad, representante profesional de un sector que ya teme perder calidad asistencial.

El cierre de las consultas se enmarca en un plan de ahorro que la Generalitat reclama al hospital, obligado a ahorrar diez millones de euros en 15 meses. La gerencia del centro, perteneciente a la red de hospitales de utilización pública y dirigido por un patronato que integra a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Arzobispado, ha acordado clausurar los servicios “para minimizar el impacto asistencial y laboral”. Ello en un entorno de progresivos recortes: la primavera pasada, el centro ya concretó una primera oleada de recortes con el cierre de los quirófanos por la tarde, la clausura de una planta —de unas 40 camas— y otros servicios como las visitas de control a los pacientes que han sido intervenidos o atendidos por alguna enfermedad en el centro. El nuevo anuncio supone perder otra planta de la quincena que tiene el centro —distribuidas en distintos módulos—, lo que eleva el número de 80 plazas de hospital cerradas además de dejar de atender a unas 20.000 visitas programadas al mes.

Las centrales sindicales añadieron que el recorte contempla otra reducción de operaciones, y una reducción de pruebas complementarias como radiología, resonancias y otros métodos de diagnóstico basados en medicina nuclear, que implica un mayor coste. La dirección del Sant Pau confirmó estas medidas y se limitó a señalar que están estudiando nuevas vías para reducir gastos.

Estos recortes irritaron a los empleados del centro, la mayoría de los cuales perderá temporalmente el puesto de trabajo. La dirección ha presentado un ERE que afecta a 1.491 empleados de una plantilla que el año pasado estaba formada por unas 3.800 personas, de las que 800 eran interinas. En apenas un año no se han renovado a cerca de 600 interinos, por lo que el ERE afectará a la mitad de la plantilla que, eso sí, recuperará su trabajo. 1.428 empleados se turnarán para quedarse sin empleo durante 15 días mientras 63 trabajadores perderán su trabajo durante 15 meses. El ERE, rechazado por los sindicatos, debe negociarse a lo largo de este mes con la Generalitat.

“Es absurdo creer que no perjudicará la calidad asistencial. Simplemente, dejarán de atender pacientes”, lamentó el responsable de sanidad de UGT en Cataluña, Juan García. Los primeros recortes ya han provocado una acumulación de retrasos en las listas de espera, especialmente en las operaciones quirúrgicas programadas, de cinco meses. “Los que desde abril esperan hora para operarse aún no han recibido noticias, cuando normalmente se les operaba en dos meses”, señala el sindicato CC OO. La capacidad de atención de los hospitales preocupa en el sector, especialmente a las puertas de la tradicional epidemia gripal de cada otoño. “Si ocurre lo de cada año, no daremos abasto”, avisó CC OO. “La población debe estar tranquila porque el sistema está preparado ante una posible epidemia gripal”, defendió ayer el consejero de Salud del Gobierno catalán, Boí Ruiz. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, del mismo partido que el consejero (CiU) reclamó sin embargo que “Barcelona necesita más centros sociosanitarios”, informa Camilo S. Baquero.

No es una excepción: la Generalitat exhibe tranquilidad pero el panorama sanitario inquieta incluso a los Ayuntamientos convergentes, que temen las consecuencias del amplio recorte. Este incluye el cierre de unos 40 ambulatorios, la reducción de horarios en otro centenar de centros, ajustes en los hospitales y la reducción de cerca del 10% del servicio de transporte sanitario.