El Gobierno espera reducir el déficit con 20.000 millones de ahorro y ventas

Italia y Francia acaban de anunciar medidas extraordinarias para rebajar el déficit y calmar a los mercados. España, que ya había abordado un paquete de medidas similares el año pasado, tampoco puede quedarse dormida. El último castigo de esos mercados le tocó de lleno y vio como la prima de riesgo se disparaba. Por eso, el Gobierno ha decidido convocar dos consejos extraordinarios en pleno mes de agosto —los próximos días 19 y 26— para dar una vuelta de tuerca a la política de austeridad y demostrar que sigue haciendo sus deberes. El objetivo es muy claro: movilizar de aquí a final de año en torno de 20.000 millones de euros, entre recaudación y ahorro de gastos.

El Ejecutivo quiere hacer caja cuanto antes de aeropuertos y Loterías

Para lograr ese objetivo, el Ejecutivo cuenta con materializar medidas ya anunciadas como la privatización de la gestión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de El Prat de Barcelona, así como la salida a Bolsa del 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Además, los dos consejos extraordinarios permitirán llevar al Boletín Oficial del Estado dos medidas paliativas: el adelanto del cobro del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y un ahorro en el gasto farmacéutico.

Además del control del déficit, el Ejecutivo también quiere aprovechar estas dos reuniones de urgencia para transmitir el mensaje de que sigue acometiendo las reformas estructurales que reclama Bruselas con una nueva modificación —la enésima— de los contratos temporales para dotarles de más flexibilidad, el adelantamiento a septiembre de la regla de gasto que debe pactar con las comunidades autónomas y otras normas menores. Ninguna de estas medidas tiene efecto presupuestario.

Es probable que las medidas laborales no se aborden en el primer consejo extraordinario, sino en el siguiente, con el fin de intentar pactarlas con los sindicatos.

La prórroga de los 400 euros a los parados costaría 240 millones

Para que toda la música no suene a recorte y a obediencia ciega a las políticas que se dictan desde la UE, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se guarda un as en la manga de contenido social y, en cierto sentido, electoralista: la prórroga por seis meses de los 400 euros que reciben los parados que ya han agotado su prestación y que siguen cursos de formación (Plan Prepara). Aunque el Gobierno no se ha pronunciado aún, se espera que acepte la petición del candidato socialista en las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha pedido públicamente al Ejecutivo que apruebe esa prórroga. El coste de la misma rondaría los 240 millones de euros, según los cálculos de UGT, que estima que a 30 de junio alrededor de 105.000 parados cobraban esta ayuda.

Hacer caja es lo más urgente para cumplir con el objetivo del déficit. El Ministerio de Fomento se ha puesto a ello. Debe acelerar los trámites para que las concesiones de Barajas y El Prat estén listas antes de fin de año. Las empresas que se adjudiquen su gestión deben abonar un pago único al formalizarse el contrato (y otro anual en función de los ingresos) que en el caso de Madrid partirá de al menos 3.700 millones de euros y en el de la capital catalana los 1.600 millones.

La misma prisa por cobrar existe con Loterías. El objetivo que le han marcado al presidente de LAE, Aurelio Martín, es que la sociedad empiece a cotizar en la primera semana de noviembre. Un reto difícil si se tiene en cuenta la extrema volatilidad de las Bolsas, como se ha demostrado en las últimas colocaciones: la de Atento se suspendió y tanto las de Bankia como la de Banca Cívica tuvieron que rebajar el precio de salida por debajo de la horquilla mínima. Por el 30% de Loterías esperan obtener entre 6.500 y 7.500 millones de euros.

El Gobierno ya ha hecho caja en la subasta de frecuencias del móvil por el que las compañías han abonado 1.850 millones, pero espera otro pellizco de en torno a 200 millones en la subasta que convocará en otoño para las bandas que quedaron desiertas.

Los consejos de agosto deben aprobar el nuevo modelo de gasto farmacéutico —sólo se recetarán genéricos— que supondrá un ahorro de 2.400 millones, y el adelanto del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, una inyección de 2.500 millones. Esta última medida puede ser un regalo envenenado para el Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre, que no contará con esos fondos en la recaudación del 2012.