Al-Hol: la prisión al aire libre a la que nadie quiere mirar

El campo de Al-Hol, en el noroeste de Siria, fue inicialmente diseñado para proporcionar alojamiento temporal y seguro, así como servicios humanitarios a los civiles desplazados por el conflicto en Siria e Irak. Tras el traslado de miles de personas desde los territorios controlados por el Estado Islámico, en diciembre de 2018 esta prisión se convirtió en una cárcel al aire libre, insegura e insalubre y de la cual es casi imposible salir.

Se han puesto en marcha políticas excepcionales que suponen la detención indefinida y arbitraria de alrededor de 53.000 niños, mujeres, y hombres en el campo. Todos ellos —la mitad, niños menores de 12 años—, languidecen en un contexto muy violento, sin recursos de protección ni medios de subsistencia, con un acceso muy limitado a los servicios básicos y sin perspectivas de futuro.

En 2021, la principal causa de mortalidad en el campo fue la violencia relacionada con el crimen, que supuso el 38% de todas las muertes

Alambre de púas, vallas y trincheras bordean el perímetro del campo, y múltiples puestos de control dirigidos por las fuerzas de seguridad controlan todos los movimientos de entrada y salida. El campo está dividido en dos zonas: un área principal, donde viven sirios e iraquíes; y otra en donde residen mujeres y niños de otras 60 nacionalidades, a la que denominan El Anexo. Estos últimos sufren restricciones adicionales de libertad de circulación y acceso a servicios básicos. Tampoco se le permite tener teléfono móvil ni televisor y tienen prohibido comunicarse con otras personas fuera de Al-Hol.

Todos los residentes de este campo están atrapados en una espiral de violencia continua. Por un lado, delincuentes cada vez más peligrosos, con acceso a armas; por otro lado, las excesivas medidas de seguridad dentro del campo añaden altas cotas de sufrimiento a una situación ya límite. Las consecuencias son durísimas: en 2021, la principal causa de mortalidad en el campo fue la violencia relacionada con el crimen, que supuso el 38% de todas las muertes. Los niños y niñas son especialmente vulnerables. Ese mismo año, murieron 79 menores de 16 años. La violencia encabeza las causas de mortalidad infantil, le siguen los atropellos y los ahogamientos tras caídas en zanjas profundas de agua sucia.

Las condiciones de este campo son similares a las de una prisión. Los servicios médicos están muy limitados, especialmente en el Anexo, en donde solo hay una clínica fija, gestionada por Médicos Sin Fronteras (MSF), y tres clínicas móviles para una población de unos 11.000 habitantes. MSF a menudo presiona por facilitar las consultas médicas fuera del campo para los pacientes que lo necesitan, pero generalmente solo se derivan los casos más urgentes. Actualmente, hay unas 700 personas en lista de espera para atenciones no urgentes fuera del campo. Estas deben ser autorizadas por los responsables de Al-Hol.

La falta de acceso a la atención médica tiene consecuencias trágicas. En febrero de 2021, un niño de siete años murió de camino al hospital, bajo vigilancia armada, separado de su madre, y en plena agonía. Había sufrido quemaduras de segundo grado en la cara y los brazos. Tuvo que esperar dos días para obtener el permiso de las autoridades del campo para ser trasladado al hospital. Además, la vigilancia médica que podía salvarle la vida estaba a menos de una hora en coche. Lamentablemente, no se trata de un hecho aislado. También es habitual que los niños no puedan ser acompañados por un familiar o cuidador y deban ir solos al hospital de referencia.

El impacto en la salud física y mental de niños y adolescentes es devastador. La detención y separación por la fuerza de niños varones que aparentan tener más de 11 años se ha convertido en algo rutinario y sistemático en el Anexo. También es frecuente que durante el día las fuerzas de seguridad se lleven a niños de las zonas comunes, como el mercado o las plazas. Todo esto se comete sin el consentimiento de sus padres o cuidadores. El informe recientemente publicado, Entre dos fuegos: peligro y desesperación en el campo sirio de Al-Hol, recoge numerosos testimonios de residentes del campo que explican las terribles condiciones de vida a las que deben hacer frente.

Repatriación: una de las posibles soluciones, pero no la única

En estos días ha circulado la noticia de que el Gobierno español va a repatriar a varias mujeres y niños de nacionalidad española que viven en los campos de Siria, varios de ellos en Al-Hol. La noticia es excepcional porque las posibilidades de salir del campo son muy limitadas, como han relatado muchos residentes a compañeros de MSF que trabajan en esta zona.

En febrero de 2021, un niño de siete años murió de camino al hospital, bajo vigilancia armada, separado de su madre, y en plena agonía

España es uno de los 85 países que conforman la Coalición Global de lucha contra el Estado Islámico, y que, además, ha subcontratado la gestión del campo de Al-Hol, a la Administración Autónoma del Noreste de Siria y a las Fuerzas Democráticas Sirias. Estas entidades han se han centrado en la seguridad y la contención a corto plazo, sin gestionar el campo de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.

La negligencia y la mala gestión del campo por parte de las autoridades locales del noreste de Siria y de los miembros de la Coalición Global, han dejado a decenas de miles de hombres, mujeres y niños de este campo de refugiados atrapados en ciclos recurrentes de violencia y explotación, despojados de sus derechos según el derecho internacional y con un acceso limitado a la asistencia humanitaria.

La repatriación —voluntaria e informada— es una posible solución para algunas personas detenidas en el campo, pero no podemos permitir que decenas de miles más sigan viviendo en una prisión de estas características. España y el resto de los países miembros de la Coalición Mundial, la Administración Autónoma del Noreste de Siria, los países con ciudadanos en Al-Hol, los donantes y las organizaciones humanitarias deben incrementar los esfuerzos para identificar soluciones políticas a largo plazo que pongan fin a la detención arbitraria de personas en este campo/prisión. Cerrar los ojos y condenar al terror a una generación entera de niños que actualmente malvive en este campo no puede ser una opción.

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