España, en la diana del Estado Islámico

España no solo comparte con numerosos países la amenaza “global” que representa el Estado Islámico (ISIS) sino que “ha sido amenazada directamente a través de las redes sociales como objetivo de sus actuaciones por el doble motivo de integrar la Coalición Global contra el Daesh [acrónimo en árabe del ISIS], así como por formar parte del territorio reivindicado por los radicales y al que se refieren como Al Andalus”. Así lo advierte el informe anual de 2016 que el Gobierno ha remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

Para apuntalar su alerta sobre la amenaza yihadista, el documento recuerda que se han publicado “algunos comunicados en español, lo que implica un incremento del riesgo por su influencia sobre los radicales instalados en nuestro país” y que, el pasado verano, “Daesh lanzó una campaña para contratar traductores de español, [lo] que sugiere un creciente interés en la captación de combatientes extranjeros hispanohablantes”.

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El retroceso del llamado Califato en Siria e Irak, bajo la presión de la coalición internacional, no solo conlleva el riesgo de los denominados combatientes retornados, sino que puede tener como efecto colateral “una Al Qaeda más fuerte que intente recuperar el liderazgo perdido ante el Daesh con atentados en suelo europeo [...] un escenario de considerable probabilidad”.

Entre las medidas de prevención, destaca la puesta en marcha, en diciembre de 2015, de una página web y una línea telefónica de colaboración ciudadana, que han recibido casi 2.700 comunicaciones, de las que el 37% “se consideran de interés”. El año pasado se realizaron 36 operaciones policiales contra el yihadismo, con 69 detenidos. Desde junio de 2015, España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista, el segundo más alto de una escala de 5.

Sobre ETA, el informe es mucho más optimista: constata que “ha perdido gran parte de su capacidad organizativa y operativa” y, por vez primera, aunque con cautela, admite que “no se puede descartar la eliminación total de esta organización terrorista”.

Uno de los campos más sensibles es el de la ciberseguridad. El Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del servicio secreto CNI, registró 21.000 incidentes el año pasado, un 15% más que en 2015, de los que el 3,6% son considerados muy graves o críticos por su peligrosidad. Especialmente preocupantes son los ataques contra operadores estratégicos, incluidas las infraestructuras críticas, que se han más que triplicado respecto al año anterior, alcanzando los 441. Por ejemplo, los incidentes de ciberseguridad en Renfe “han experimentado un crecimiento exponencial”, por lo que la compañía ferroviaria ha creado un "equipo de respuesta ante emergencias informáticas".

“Diversas campañas contra redes gubernamentales con información sensible y empresas de sectores estratégicos son atribuibles, con un alto grado de probabilidad, a estados extranjeros”, reconoce el documento. “A los países tradicionalmente más conocidos por el empleo de este tipo de herramientas ofensivas”, prosigue, en alusión a Rusia y China, a los que no cita, “se han unido nuevos actores”. Pero determinar de manera irrefutable la autoría de un Estado “sigue constituyendo el mayor problema”, se lamenta, lo que impide aplicar la regulación internacional (por otro lado, insuficiente) y “dota a los actores ofensivos de una gran impunidad”.

La crisis migratoria que trajo a casi dos millones de personas a la UE en 2015 se contuvo en 2016, con medio millón en total, y la ruta del Mediterráneo occidental, la que afecta más directamente a España, siguió siendo la de menor tránsito, con 8.797 entradas, frente a más de 360.000 en el Mediterráneo oriental y central.

Pese a ello, constata que la llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas aumentó el año pasado un 54% y que la fuerte presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, con saltos masivos de las vallas fronterizas, saturó el centro de estancia temporal (CETI) de esta última ciudad, “La cooperación de Marruecos resulta esencial para frenar esos flujos migratorios”, admite el informe.

El documento advierte de que "el masivo flujo de migrantes y refugiados que tratan de entrar en Europa [es] aprovechado por antiguos combatientes europeos del Daesh para camuflarse en su retorno", aunque en otro apartado reconoce que no puede confirmarse que sea un fenómeno masivo y que solo "se han registrado [algunos] casos de terroristas islámicos que han utilizado la ruta mediterránea". Del mismo modo, al analizar el riesgo que supone la proliferación de armas de destrucción masiva, constata que el ISIS las ha utilizado en Siria e Irak y que "el principal reto [...] es evitar que el Daesh pudiera utilizar esa tecnología para atacar objetivos en occidente".

Aunque el presidente del Consejo de Europeo, Donald Tusk, calificó de "amenaza exterior" al presidente estadounidense, Donald Trump, en el informe no aparece ninguna mención a los efectos de su victoria electoral de noviembre pasado ni a las promesas que hizo durante la campaña. Y no por falta de tiempo, ya que el capítulo sobre seguridad económica y financiera alude al rebote del sector bancario estadounidense tras las elecciones presidenciales. Tampoco hay referencias al auge de los populismos o al ascenso de los eurófobos, más allá de alguna alusión al "cuestionamiento del avance del proyecto de integración de la UE". El Gobierno ha querido evitar cualquier asunto políticamente espinoso, como el proceso secesionista en Cataluña o la corrupción política, por más que alguno de esos temas afecte a la seguridad nacional más que la mayoría de los que menciona.