Hacia un mundo libre de la pena de muerte

En el vigésimo aniversario del Día Mundial contra la Pena de Muerte, llamamos a todos los países y a todas las personas a respetar el derecho humano más fundamental, el derecho a la vida. Hoy hacemos balance de la situación mundial de la pena de muerte, de los éxitos conseguidos por el movimiento abolicionista de los Estados y de la sociedad civil.

Pero al mismo tiempo, somos conscientes de los retos de abolir una pena cruel, inhumana y degradante cuyas dimensiones se acentúan al ser una pena discriminatoria que afecta con mayor virulencia a las comunidades económicamente pobres y vulnerables, con un menor acceso a una justicia adecuada y oportuna. Estas comunidades, marginadas por su pobreza económica y su condición social, sufren discriminación y tienen un acceso limitado a una educación adecuada.

Creemos que la abolición de la pena de muerte permite un mayor respeto, protección y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que todos los países, incluida España, se han comprometido a alcanzar.

Hasta hoy, 112 países han abolido la pena de muerte por completo, mientras que nueve aún la contemplan para tiempos de guerra. En el último año, Sierra Leona, Kazajstán, Papúa Nueva Guinea y la República Centroafricana han puesto fin a la pena capital, y recientemente Guinea Ecuatorial también lo ha hecho en su Código Penal, pero la ha mantenido en su Código Militar. En Zambia y Malawi hay signos prometedores de que los países avanzan también hacia la abolición.

Sin embargo, los desafíos continúan. Al menos 18 países llevaron a cabo ejecuciones, muchas de ellas en secreto y lejos del escrutinio público. Muchas personas condenadas a muerte proceden de entornos económicos desfavorecidos o de sectores socialmente marginados. Por ejemplo, en India, más del 70% de las personas sobre las que recae esta sentencia proceden de las capas más pobres de la sociedad, mientras que, en Estados Unidos, más del 90% se encontraban en situación de vulnerabilidad económica.

Además, las personas con dificultades económicas son discriminadas socialmente y no han tenido un acceso adecuado a la educación, y, por tanto, en muchos casos no son plenamente conocedoras de sus derechos a lo largo del procedimiento penal. Conseguir una representación legal experimentada y adecuada, con la importancia que conlleva en los casos de pena capital, les resulta mucho más difícil. Así, las posibilidades de ser condenados y de correr el peligro de ser ejecutados son mayores cuando los acusados carecen de medios económicos y se hallan en situaciones más desfavorecidas. En Bangladés, un estudio realizado en 2019-20 reveló que el 87% de los presos que se enfrentaban a la pena de muerte no habían terminado la enseñanza secundaria.

Las mismas vulnerabilidades se extienden a las mujeres que se enfrentan a la pena de muerte. En la actualidad hay, al menos, 500, y varios cientos más han sido ejecutadas en los últimos 10 años. Aunque se ejecuta a un número significativamente menor de mujeres que de hombres, ellas suelen proceder de entornos muy vulnerables, marcados por mayores dificultades socioeconómicas y analfabetismo. Todo ello tiene consecuencias fatales.

En al menos 11 países, la homosexualidad se castiga con la pena capital, sin contar con la discriminación que sufren estas personas en las cárceles

La pobreza y la desesperación económica llevan a muchas mujeres a cometer delitos relacionados con las drogas, actuando a menudo como mulas y estos delitos son castigados con la pena de muerte en varios países del mundo. Las migrantes y las víctimas de violencia de género o de abusos físicos, sexuales y psicológicos son particularmente vulnerables y carecen de protección. Cuando una mujer es condenada a pena muerte, la sentencia rara vez tiene en cuenta estas variables de violencia, explotación, discriminación o incluso trata. Además, muchas se enfrentan al estigma social y al rechazo familiar mientras esperan la ejecución de la sentencia.

El impacto discriminatorio de la pena de muerte también afecta a la comunidad LGTBIQ+. En al menos 11 países, la homosexualidad se castiga con la pena capital, sin contar con la discriminación que sufren estas personas en las cárceles y en el corredor de la muerte.

Mientras continúan los avances hacia la completa abolición a nivel mundial, creemos que es extremadamente importante garantizar que la pena de muerte no se ejecute de manera arbitraria. Por ello es fundamental que las personas con esta condena tengan un acceso adecuado a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que es un castigo irrevocable. No olvidemos que, por muy desarrollado que sea un sistema jurídico, la posibilidad de ejecutar a un inocente por error siempre existe. En países como China, Estados Unidos, Egipto, Irán e Indonesia se han exonerado a condenados a muerte por errores judiciales, desgraciadamente en algunos casos demasiado tarde.

La pena de muerte también está estrechamente vinculada con problemas de salud mental, tanto como un factor preexistente de riesgo que debe ser tenido en cuenta y cuidadosamente sopesado durante el proceso legal, sino también porque las personas sobre las que recae esta sentencia están muy expuestas debido al posible deterioro de su salud mental.

Aunque el derecho internacional consuetudinario prohíbe la ejecución de personas con enfermedades mentales, algunos países siguen llevándolas a cabo. Algunos estudios sugieren que todas las personas implicadas en el proceso de ejecución de una persona se ven de una manera u otra afectadas por problemas de salud mental, incluyendo trastorno de estrés postraumático. Entre ellas se encuentran las familias de los condenados, pero también los funcionarios de prisiones, los guardias, los verdugos y los médicos.

Por tanto, la abolición de la pena de muerte está intrínsecamente relacionada con el enfoque de los derechos humanos de los ODS. La Agenda 2030 promueve la erradicación de la discriminación y la pobreza, el acceso adecuado a la sanidad y a la educación para todos, la igualdad de género, el Estado de Derecho y el acceso a un proceso legal; todos ellos derechos ineludibles de las personas condenadas a pena de muerte.

La abolición universal de la pena de muerte es una prioridad para España, como parte de su política más amplia de defensa de los derechos humanos a nivel mundial. En 2010 España cofundó la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte conocida como la CIPM. España preside el Grupo de Apoyo de la CIPM, compuesto por 23 Estados miembros, y cuya Secretaría está en Madrid. Los 24 comisionados de la CIPM trabajan discretamente para alentar y prestar apoyo a los altos representantes de los gobiernos de todo el mundo para que abandonen la pena de muerte, con el objetivo final de lograr un mundo libre de pena de muerte. Un mundo así conduciría a un mayor respeto, protección y cumplimiento de los ODS, especialmente en el aspecto de los derechos humanos.

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