Exiliados iraníes en España: “Allí me arriesgaba a la horca”

El recuerdo de aquel día de 2013 que empezó tan feliz aún atormenta a Sara Sangsefidi. Ella y otros jóvenes —hombres y mujeres— reían en una playa del norte de Irán, ajenos a la transgresión que acecha siempre cuando las prohibiciones abundan. Sin despojarse de su ropa ni de su velo, una de las chicas entró en el agua; el vestido se le pegó al cuerpo. “De repente, aparecieron 10 o 15 policías de la moral. Nos llevaron a una comisaría y nos pegaron. ‘¿Sois vírgenes? ¿Habéis bebido alcohol?’, nos preguntaban. Y luego nos amenazaron con hacernos un examen de virginidad. Me decían: ‘No eres buena, eres una puta’. Después, nos condujeron al tribunal. El juez también me llamó puta”, recuerda esta exiliada iraní en España, de 40 años. Esas risas en una playa les valieron a ella y a sus compañeros una condena a flagelación y tres días de cárcel. Su amigo recibió 100 latigazos; las otras mujeres, 40. Ella, 50, 10 más, “por haber contestado”, recuerda. “Los iraníes vivimos desde hace 43 años bajo unos dictadores satánicos”, se le quiebra la voz.

Desde la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial ―detenida el 13 de septiembre en Teherán por llevar mal puesto el velo―, el dolor no da tregua a Sangsefidi. El cuerpo de esta exiliada tardó tres meses en sanar de aquellos 50 trallazos; pero su mente sigue tocada y estos días esa herida “se ha vuelto a abrir”. Como Sangsefidi, la mujer de 22 años cuya muerte ha desencadenado las protestas no era una opositora política, sino una joven más, una chica que a su sexo sumaba otro factor de riesgo, su origen kurdo, y cuyo destino se torció al toparse con la policía de la moral.

Cada año, miles de ciudadanos de Irán son “interrogados, enjuiciados injustamente, sometidos a detención arbitraria (…) y a violencia y discriminación arraigada, especialmente las mujeres, las personas LGTBI y las minorías étnicas y religiosas”, según Amnistía Internacional, que acusa al país de los ayatolás de practicar la tortura “de forma generalizada y sistemática”. Castigos como la flagelación, la amputación, la ceguera por extracción de los ojos y la pena de muerte se aplican a menudo, no como una excepción, sino como la norma para castigar los delitos considerados “ofensas a Dios”, o la mera sospecha de haberlos cometido.

El miércoles, en una manifestación frente a la Embajada de Irán en Madrid ―el sábado se celebró otra en la plaza madrileña de Callao―, Sangsefidi y otros iraníes veían en la infausta suerte que corrió Amini un reflejo del destino que quizás les habría aguardado a ellos si no hubieran abandonado su país. Estos exiliados observan las protestas en Irán ―en las que ya han muerto 133 personas por la represión y más de un millar han sido detenidas, según la ONG Iran Human Rights ― divididos entre el miedo por sus familias que siguen allí y la esperanza de que la revuelta encabezada por las mujeres despeje el camino para un regreso a su patria que solo sucederá si el régimen cae.

Sus historias justifican la imposibilidad de ese retorno de momento. Hace siete años, Sangsefidi se convirtió al cristianismo. Aunque el Código Penal iraní no prevé la pena capital para quienes abjuran del islam, los jueces del país invocan no pocas veces una interpretación reaccionaria de la ley islámica para justificar condenas a muerte contra conversos. “En Irán, me arriesgaba a la horca”, argumenta esta mujer, que llegó hace cuatro años a España y que ahora pide al mundo que “escuche la voz” de sus compatriotas.

En España hay censados algo más de 7.000 iraníes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una pequeña comunidad entre los más de cuatro millones de personas de la diáspora iraní, según datos de 2021 del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, que cuenta con 83 millones de habitantes. La cifra del INE no incluye a los iraníes ya nacionalizados españoles. Muchos de ellos llegaron tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

La familia de Nilufar Saberi, de 56 años, arribó a Madrid en 1980, después de escapar por un motivo aparentemente banal: su padre era mago y había actuado ante el sah Mohamed Reza Pahlevi. Solo por eso, la recién instaurada teocracia lo condenó a morir ahorcado. Saberi todavía recuerda lo duro que fue llegar solo con unos cuantos dólares escondidos en la tripa de una muñeca. A esta “activista independiente”—así se define ella— los ayatolás la han privado de conocer su tierra, que dejó con 14 años y que aún añora: “No la volveré a pisar mientras no haya democracia”.

Condenado por sodomía

Mani (prefiere no dar su apellido) tampoco podrá volver a Irán si no se arrebata el poder al régimen que lo condenó a recibir 70 latigazos por ser homosexual. A este exiliado de 37 años la policía de la moral y los tribunales de su país lo arrastraron por un camino de humillaciones y violencia que “todos los gais en Irán” se ven obligados a recorrer, lamenta. Su tristeza sobrecoge, pero en su voz hay orgullo al alabar a sus cuatro hermanas y a todas las “valientes iraníes que liberarán” su país.

En 2014, Mani fue detenido en una fiesta de cumpleaños de un amigo gay en su ciudad, Rasht, en el noroeste de Irán. “Los basiyíes [paramilitares que colaboran con la policía de la moral] irrumpieron en la casa y me rociaron la cara con un espray de pimienta. La piel y los ojos me ardían, no veía nada, pensé que era ácido. Luego me golpearon hasta que no pude respirar; mi ropa quedó hecha jirones. Después, me obligaron a firmar una confesión que no pude leer. Me insultaban, me decían que yo no era ni hombre ni mujer y se reían de mí”. Tras un juicio plagado de mofas, preguntas sobre su sexualidad y amenazas para que delatara a otros homosexuales, fue condenado a flagelación por sodomía. La sentencia no llegó a ejecutarse gracias a los contactos de su familia.

Otro día, la policía de la moral lo arrastró a una barbería para cortarle el pelo: su peinado no les gustaba. En otra ocasión, lo retuvieron durante horas y le hicieron firmar un documento por “llevar las uñas largas”. Los agentes acudían cada día al cibercafé que regentaba para registrar los ordenadores. El acoso era tan constante que el joven no salía ya de casa. La sensación de no sentirse nunca a salvo lo empujó a la depresión.

Cuando Mani acudió a un médico para obtener una dispensa del servicio militar —“temía que me violaran”, explica—, el facultativo le recetó hormonas femeninas. Aunque la homosexualidad en Irán es un delito que puede llevar al patíbulo, cambiar de sexo es legal desde 1986 por un edicto del ayatolá Jomeini. “Mira lo que me han hecho”, dice y señala la camiseta que luce con el rostro de Mahsa Amini. Bajo la tela, se percibe un pecho incipiente.

“Yo no sabía si era gay o transexual. No había información. En Irán hay muchos homosexuales que han cambiado de sexo y se arrepienten. Muchos iraníes no saben quiénes son a causa de las presiones”, afirma. Las autoridades iraníes promueven e incluso financian en parte el coste de la reasignación quirúrgica de sexo como terapia contra la homosexualidad.

Dos de los amigos gais de Mani aparecieron asesinados en casas de familiares. Uno, estrangulado con sus propios calzoncillos. En 2016, este iraní huyó a Turquía y, en 2021, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo reasentó como refugiado en España. Ya no toma hormonas, pero sigue en tratamiento por depresión. “Me han quitado una gran parte de mi vida”, musita.

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