La ONU acusa al régimen de Irán de disparar a los manifestantes con munición real

Naciones Unidas ha confirmado este martes que las fuerzas de seguridad iraníes han utilizado fuego real para reprimir las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial en Teherán de Mahsa Amini el 16 de septiembre, después de que la joven de 22 años fuera detenida por no llevar bien colocado el velo. “Las fuerzas de seguridad han respondido en ocasiones con municiones reales”, declaró en la ciudad suiza de Ginebra la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.

La acusación de la ONU corrobora las de numerosos usuarios de las redes sociales iraníes que, sorteando la interrupción del servicio de internet impuesta por las autoridades, difunden vídeos y fotografías de las manifestaciones. Algunas de estas publicaciones atribuyen al régimen de Teherán varias muertes por heridas de bala en las protestas, entre ellas, las de varias mujeres jóvenes. Las autoridades iraníes han admitido hasta ahora 41 muertos —además de 1.186 detenidos—, una cifra que la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, eleva al menos a 76 en los 11 días que duran ya las protestas. La portavoz de la ONU aludió a este último recuento y avaló la “fiabilidad” de los métodos de esta organización, que elabora su lista de fallecidos basándose en muchos casos en los certificados de defunción que los allegados de las víctimas les hacen llegar.

Según la información obtenida por esa ONG, seis mujeres y cuatro niños figuran entre los fallecidos y la mayoría de las familias han sido obligadas a enterrar a sus muertos de noche. También han sido presionadas para no celebrar funerales públicos. Iran Human Rights sostiene que las autoridades han amenazado a estas familias con presentar cargos contra ellas si divulgaban la muerte de sus seres queridos.

Ni la represión ni el elevado número de muertos —que podría ser aún mayor de lo que se conoce—han disuadido, sin embargo, a los manifestantes, muchos de ellos jóvenes, de seguir enfrentándose a las fuerzas de seguridad en diversas ciudades de Irán, incluso en localidades pequeñas consideradas tradicionalmente conservadoras. El lunes por la noche, multitud de iraníes se echaron a las calles al grito de “mujeres, vida, libertad” en las calles de Teherán, Yazd y Tabriz, entre otras ciudades, según Iran Human Rights. Incluso en los barrios acomodados del norte de Teherán, muchos vecinos amparados en la oscuridad coreaban “muerte al dictador” desde sus ventanas, en alusión al ayatolá Ali Jamenei, la máxima autoridad religiosa y, en la práctica, política del país.

Diversas publicaciones en las redes sociales, junto con algunos activistas iraníes, han difundido un llamamiento a una huelga general en Irán por la muerte de Amini.

Impunidad

En su comparecencia en Ginebra, Ravina Shamdasani, la portavoz de Naciones Unidas, criticó la impunidad de la que gozan los responsables de las muertes de manifestantes y de otras violaciones de los derechos humanos, tanto en el contexto de las actuales protestas como en las ocurridas en noviembre de 2019, julio de 2021 y el pasado mes de mayo. Esas manifestaciones anteriores estuvieron motivadas por la carestía de la vida, la elevada inflación y el aumento del precio de productos como la gasolina, y no por una reivindicación política, como sí es el caso de las actuales protestas contra las leyes opresivas iraníes contra las mujeres y, en última instancia, contra el régimen instaurado en Irán tras el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

“Nos preocupan los comentarios denigrantes de algunos líderes y el uso aparentemente desproporcionado e innecesario de la fuerza contra los manifestantes”, señaló la portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo con este organismo, entre el millar de personas detenidas figuran defensores de los derechos humanos, abogados, activistas y una veintena de periodistas.

Entre estas personas arrestadas están también, por ejemplo, cuatro abogados que habían asumido la defensa de manifestantes detenidos, según ha denunciado el también letrado Saeid Dehghan en un tuit, en el que señala que esto equivale a “prohibir que se defienda a los manifestantes”. También Nilufar Hamedi, la periodista del diario semireformista Shargh Daily, que divulgó la detención y posterior muerte en el hospital Kasri de Mahsa Amini. Hamedi está encarcelada en régimen de aislamiento. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) eleva ya a 20 los informadores detenidos por cubrir las manifestaciones.

Otra reconocida profesional, la fotoperiodista Yalda Moaiery, fue arrestada también hace días y se encuentra recluida en la cárcel para mujeres de Qarchak, en la capital iraní. Maryam Karimbeigi y Golrokh Iriyaei, dos reputadas activistas, están también bajo custodia policial, informó el lunes la Unión de Trabajadores Libres de Irán, así como el activista por la libertad de expresión Hossein Ronaghi. Todos estos detenidos habían compartido en sus perfiles en redes sociales imágenes y vídeos de las manifestaciones y de iraníes quemando sus velos, la prenda que se ha convertido en el símbolo de la opresión de las mujeres en Irán.

De forma paralela a la represión de las protestas, Teherán trata de silenciar las redes sociales, convertidas en el principal vehículo de difusión de los abusos de las fuerzas de seguridad y del régimen. La ONU ha confirmado que las autoridades iraníes mantienen cortadas las comunicaciones por cable e inalámbricas, al igual que el acceso a internet y a distintas redes sociales. Ya antes de esta nueva oleada de protestas, los iraníes no podían acceder ni a Facebook ni a Twitter, aunque los ciudadanos del país suelen sortear esta prohibición utilizando VPN —redes privadas virtuales que ocultan la ubicación del usuario― que ahora están también fallando.

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