Rebelarse contra el vergonzoso dato de pobreza infantil, que por tercer año consecutivo, empeora en España

Los hijos de Mayra aún no tienen la edad suficiente para entender lo que pasa en casa. Han pasado la tarde en la playa con su madre, que ha rellenado las botellas de agua y les ha preparado unos bocadillos para comer. No saben que sus padres no han podido pagar el recibo de la luz. Tampoco se dan cuenta de lo preocupados que están porque quizá suban el alquiler del pequeño piso de 40 metros cuadrados de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el que viven cinco personas. No son conscientes de que su madre está buscando un trabajo mejor y a jornada completa que no acaba de salir, ni del alivio que siente su padre cuando reciben alguna de las ayudas que han pedido, que no solucionan sus problemas económicos, pero son un parche hasta el mes siguiente.

Los hijos de Mayra y los de tantas otras familias son el rostro de la pobreza infantil en España. Quizá no la veamos o no seamos conscientes de ella, pero existe y es una realidad que los datos constatan. En España, uno de cada tres niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión. Uno de cada tres, repetimos. Un dato indignante que, tristemente, sigue creciendo. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que por tercer año consecutivo la situación de la infancia vuelve a empeorar. Más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en hogares con bajos ingresos, donde las personas adultas de la familia apenas han trabajado en un año, o con una serie de carencias materiales y sociales, como no poder alimentarse adecuadamente o no poder irse al menos una semana de vacaciones.

Una anomalía dentro de Europa

En España, la pobreza infantil es un problema arraigado desde hace décadas. Arraigado y anómalo si lo comparamos con lo que sucede en los países europeos de nuestro entorno. Solo Rumania tiene datos peores que los de España en esta deshonrosa clasificación.

Tampoco se invierte lo suficiente para acabar con ella. Si bien la infancia ocupa un buen lugar en la retórica pública y política, en la práctica España está a la cola de las políticas sociales, con una inversión del 1,3% del PIB frente al 2,4% de media de la Unión Europea. Ante esta realidad, desde el Comité de Derechos del Niño, la OCDE y el Consejo de Europa han dado un toque de atención para que el Estado formule políticas públicas que permitan abordar el problema. Y a pesar de los pasos dados, como la creación del Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la implantación del Ingreso Mínimo Vital con su reciente aporte para la infancia, aún queda camino por recorrer.

Asimismo, no se trata solo de invertir más, sino que también hay que invertir mejor. Medidas aisladas como las transferencias monetarias a las familias más desfavorecidas para reducir esta lacra se han demostrado insuficientes. Sin olvidar los bajos niveles de coordinación entre las diferentes Administraciones públicas, que complican aún más la resolución de un problema que lastra el presente y el futuro de la infancia. Porque la realidad nos dice que ser pobre de niño es el mejor predictor de la pobreza adulta.

La infancia, en el centro de las decisiones políticas

La pobreza infantil es un problema complejo, arraigado, pero que tiene solución. Los países de nuestro entorno cercano nos muestran el camino a seguir. Sus apuestas por las políticas universales han sido palancas de cambio que les han permitido reducir las tasas –siempre vergonzosas– de pobreza infantil. Universal quiere decir que cualquier niño o niña, sea cual sea su situación económica, debe tener asegurados sus derechos más básicos, como la alimentación, la educación o el ocio y tiempo libre. Medidas específicas como el acceso de todo el alumnado gratuito al comedor escolar, que la educación de cero a tres años sea para todas y todos o ayudas suficientes para todas las familias con hijos e hijas que permitan cubrir los gatos de la crianza son acciones concretas que ya han demostrado ser eficaces para acabar con este problema. Además, es necesaria una mayor coordinación entre las Administraciones y una actuación más integral, que alcance a las familias. El bienestar de la infancia depende de las políticas públicas destinadas a ello, pero también de otros factores, como el acceso y la calidad del empleo de sus padres y madres.

Los próximos presupuestos del Estado son una oportunidad primordial para pasar de la retórica a los hechos. Los partidos políticos y el Gobierno deben poner a la infancia en el centro y apostar por un gasto público que contemple el bienestar y los derechos de los niños. Solo así, con una mayor y más eficaz inversión, con medidas concretas y efectivas, seremos capaces de arrancar de raíz las problemáticas que impiden que la nuestra sea una sociedad más justa y equitativa. Solo así dejaremos de estar en los primeros puestos de la vergonzosa clasificación de la pobreza infantil para convertirnos en sus orgullosos perdedores.

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