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Coordinado por Gonzalo Fanjul

El Ingreso mínimo vital no llega a los niños pobres

El fortalecimiento del sistema de protección social podría ser una de las respuestas para hacer frente a la pobreza infantil en España

Acto de entrega de alimentos y material infantil de primera necesidad por parte de la Fundación Madrina a los niños de la Cañada Real, el año pasado.
Acto de entrega de alimentos y material infantil de primera necesidad por parte de la Fundación Madrina a los niños de la Cañada Real, el año pasado.Emilio Naranjo (EFE)

Si algo de verdadero hay en aquello del Spain is different, es que España, aun hoy, representa una anomalía dentro de Europa. Esta disfunción tiene su origen en nuestras inusuales tasas de pobreza infantil, muy por encima de aquellas que le corresponderían a un país de nuestro nivel de desarrollo socioeconómico. Como ya se apuntaba en este blog, el 27,4% de los niños y niñas que viven en nuestro país lo hacen en riesgo de pobreza y exclusión social. Tan solo Rumanía y Bulgaria tienen peores datos. Eso sin contar el impacto de la crisis del coronavirus, sobre el cual no hay datos actualizados todavía.

Esta, la de la pobreza infantil, es la otra epidemia en España, la de la que poco se habla en las tertulias televisivas, pero con nombres y caras mucho más familiares de lo que algunos querríamos. Como mínimo, el inicio de la andadura de España hacia la Garantía Infantil Europea ha reavivado estos días el debate sobre cómo atajarla de aquí hasta 2030. Encargado por la Comisión Europea, coordinado por la oficina regional de Unicef en Europa y liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Alcalá, las Bases para el Plan de Acción de la Garantía Infantil en España han identificado 19 objetivos en seis áreas de acción: pobreza monetaria y exclusión social, educación y cuidados de la primera infancia, educación, salud, nutrición y vivienda.

De todas las medidas propuestas, aquella que más atención ha atraído estas últimas semanas a raíz del debate sobre los nuevos Presupuestos Generales del Estado es la de alcanzar la media europea en nivel de transferencias monetarias a familias y niños. Ello significa triplicar la cuantía actual de los beneficios de protección social recibida en los hogares con niños y niñas. La solución propuesta por el Gobierno, y aquí está el quid de la cuestión, pasa por el éxito del reciente y polémico Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Ingreso Mínimo Vital ha fracasado estrepitosamente en alcanzar a aquellos que más lo necesitan; es decir, todos y cada uno de los niños y niñas de este país

La primera duda que se nos plantea con el IMV es la de si, realmente, es la herramienta más adecuada para acabar con las dos históricas barreras estructurales a la erradicación de la pobreza infantil en España —las débiles políticas de transferencias sociales, por un lado, y el limitado acceso a servicios para la infancia y familias con hijos, por el otro. La respuesta a esta pregunta me temo, es un rotundo no. Tras algo más de un año desde su puesta en marcha ha quedado claro que el IMV no es objetiva ni económicamente suficiente para sacar a niños y sus familias de la pobreza. Dado su carácter no universal, exclusivamente dirigido a los más pobres, sumado a las trabas administrativas, el IMV ha fracasado estrepitosamente en alcanzar a aquellos que más lo necesitan; es decir, todos y cada uno de los niños y niñas de este país.

Consciente del amplio margen existente de mejora, el Gobierno se ha embarcado en una doble reforma del subsidio. Por un lado, introduciendo una serie modificaciones en su regulación y diseño para mejorar su eficiencia y efectividad. Por el otro, ampliando cobertura y generosidad a través de la puesta en marcha del complemento de ayuda para la infancia. Si una cosa no se le puede negar al IMV es el hecho de que haya servido para establecer un suelo de protección social nacional para la infancia que ha elevado el listón para aquellas Comunidades Autónomas que carecían hasta ahora de este, o cuya cuantía era mucho menor. De la misma forma, el IMV es una medida positiva desde un punto de vista de equidad fiscal, esto es, la proporción del gasto en protección social dedicado al quintil más pobre.

Pero existen otras respuestas en las que podemos apoyarnos. Como ya ha subrayado la Organización Internacional del Trabajo en su último informe, la covid-19 ha recalcado la importancia crítica de lograr una protección social universal. Los países se encuentran en una encrucijada: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas. Es fundamental que estos se resistan a las presiones para volver a una vía sencilla y adopten la óptima hacia la protección social. Para seguir por esta última, es preciso construir sistemas de protección social universal y permanentes que proporcionen una cobertura adecuada e integral a todos.

La construcción de una España más resiliente empieza por la infancia. Todo plan de recuperación de la crisis del coronavirus debe de comenzar por la promoción de la resiliencia y el fortalecimiento de esta crisis. La Garantía Infantil Europea es ante todo una herramienta indispensable para comenzar a priorizar una mayor equidad y eficiencia en el gasto público e inversión española en la infancia. El IMV, en cambio, es hoy por hoy una medida insuficiente para desencadenar el tan necesitado recalibrado de nuestro estado del bienestar. Sin ello, es impensable que nuestro sistema pueda responder como debe a la acuciante necesidad que acecha a la infancia española en la era poscovid. Por lo que a la protección social se refiere, parece que la anomalía española se va a quedar entre nosotros por algunos años más.


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