Las migraciones pueden reducir la pobreza de los países de origen. ¿Por qué lo ignora el gobierno?

Ha llegado al final de la legislatura y por sorpresa, pero ya tenemos la propuesta que reforma parcialmente la gestión de la inmigración laboral en España. Los documentos presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que pilota José Luis Escrivá –medidas legales y memoria justificativa– contienen luces y sombras que deben ser debatidas a fondo en las próximas semanas. Pero suponen, en conjunto, una mirada lúcida y constructiva sobre lo mucho que necesita cambiar este modelo migratorio roto. Cuando lo peor que se puede decir de una reforma es que se queda corta, sabemos al menos que va en la dirección correcta.

Hay, sin embargo, una omisión que me ha parecido clamorosa, y es la que tiene que ver con el desarrollo. Lo crean o no, 51 páginas de memoria justificativa no han permitido incluir ni una sola mención al impacto de estas medidas sobre la estrategia global de lucha contra la pobreza y la responsabilidad de España en ella. Tampoco han considerado necesario añadir a las agencias públicas de cooperación en la poblada relación de instituciones cuyo dictamen es necesario.

La omisión es relevante por dos razones principales. La primera es que una buena política de migración laboral constituye una poderosísima arma de lucha contra la pobreza y la desigualdad. Este beneficio comienza por los propios migrantes y sus familias, que pueden ver sus ingresos reales multiplicados por tres, cinco y hasta 14 veces, dependiendo del lugar del que procedan y de lo que puedan ofrecer. El mero desplazamiento de un lugar de bajas oportunidades a uno en el que desarrollar tus capacidades supone una vía rápida y eficaz de desarrollo, como ha demostrado la literatura económica de manera repetida. Muy especialmente cuando este proceso se produce de forma segura y regular, que es exactamente a lo que dice aspirar la nueva norma.

Una buena política de migración laboral constituye una poderosísima arma de lucha contra la pobreza y la desigualdad

Además de los individuos que migran, el conjunto de sus sociedades de origen gana con las transferencias financieras y democráticas que estos remiten, con los incentivos a una mejor formación en origen o con el fortalecimiento de las instituciones involucradas en el proceso. Y lo hacen contra viento y marea: en el año 2020, en plena debacle económica internacional, los trabajadores y trabajadoras migrantes lograron sostener el nivel de sus remesas en 651.000 millones de dólares (608.000 millones de euros), una cantidad que multiplica por cuatro toda la ayuda oficial al desarrollo de los países OCDE.

La segunda razón es incluso más importante para el éxito de la reforma propuesta por el gobierno. En un proceso migratorio, las agencias de la cooperación pueden ser claves para lograr que los beneficios sean compartidos por todos, que no se produzca un abuso flagrante de una parte y que los cambios sean aceptados por quienes tienen la capacidad de bloquearlos.

Tomen el ejemplo de las contrataciones en origen, una de las propuestas estrella de esta reforma. El nuevo modelo introduce medidas que facilitan este proceso, premian el compromiso de las partes con él y favorecen la migración circular. Aunque deja fuera a muchos trabajadores no temporales y perpetúa vicios del modelo anterior que deben ser corregidos –como la dependencia de un solo empleador, que dispara los riesgos de explotación–, la experiencia demuestra que es posible hacer bien este tipo de operaciones. Y eso significa garantizar empleos remunerativos, ajustados al derecho laboral y los convenios, y capaces de satisfacer las demandas de la economía española. Hasta ahora, únicamente el tercero de esos objetivos se ha cumplido con el programa GECCO (Gestión Colectiva de las Contrataciones en Origen).

Pues bien, el modo en que estos flujos impacten en el desarrollo va a depender de una serie de condiciones en las que las agencias de cooperación tienen mucho que decir. ¿Cómo?

• Ayudando a definir los países de origen más adecuados para estos procesos de migración circular o definitiva. Un programa ambicioso de contratación en África occidental, por ejemplo, puede tener un impacto relativo sobre la pobreza mayor que el que se haga en el cono Sur americano.

• Actuando como intermediario necesario entre las autoridades españolas y las locales, sobre la base de la experiencia acumulada por otros países y garantizando los derechos fundamentales de las personas involucradas en el proceso.

• Contribuyendo a la formación en origen de los trabajadores y trabajadoras que podrían desplazarse a España.

• Anulando o compensando los potenciales daños colaterales de las medidas, como el desabastecimiento de capacidades esenciales en los países de origen (la mal llamada “fuga de cerebros”).

El verdadero drama de la visión española sobre migraciones y desarrollo es, en fin, que esta no existe

Esta aspiración no es una quimera. En una pieza escrita para este blog hace justo dos años, proponía aprovechar la pandemia para replicar en el modelo español algunas de las ideas que mejor habían funcionado en otros lugares. Una de ellas son los llamados Partenariados Globales de Capacidades, que definen programas de movilidad sobre la base de los intereses compartidos: responder a las necesidades del mercado de trabajo en destino, multiplicar las oportunidades de una emigración segura y rentable, y asegurar el impacto en el desarrollo de los países de origen. El prestigioso Center for Global Development ha documentado experiencias exitosas entre Australia y las islas de Pacífico (varios sectores, desde la agricultura a la salud o el turismo); Alemania y Kosovo (en construcción, ingeniería y manufacturas); o Bélgica y África (en tecnologías de la información y la comunicación). En cada uno de estos casos, las agencias de cooperación han actuado como impulsores o facilitadores: han testado los programas piloto, identificado a los potenciales participantes o establecido la arquitectura legal de los acuerdos. Las posibilidades son infinitas, como muestra su mapa de caminos migratorios.

El verdadero drama de la visión española sobre migraciones y desarrollo es, en fin, que esta no existe. Nuestras agencias de cooperación han sido incapaces de transformar realmente la visión securitaria y reduccionista del Ministerio del Interior. Pero tampoco nuestras instituciones laborales, como hemos visto, parecen ser conscientes de que los trabajadores y trabajadoras migrantes no nacen de los árboles. Por no hablar de las ONG y de demasiados académicos, que siguen reduciendo este asunto a un desafío humanitario. Ya es hora de que esto cambie. El debate sobre la reforma que se ha puesto sobre la mesa ofrece una oportunidad inmejorable para lograrlo.

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