¿Puede este colombiano dirigir la Organización Internacional de Migraciones?

El gobierno de Colombia y su presidente, Iván Duque, se han presentado ante el mundo como un modelo de integración de los migrantes. Con más de un millón y medio de residentes venezolanos, este país sudamericano ha sido el principal receptor de los flujos de desplazados forzosos y trabajadores que huyen del autoritarismo y la catástrofe económica del régimen caribeño. A diferencia de otros países de la región –y de casi toda Europa y de Estados Unidos, todo sea dicho–, la respuesta del gobierno colombiano fue la de la acogida. Una acogida con vaivenes, cuestionada por una parte importante de la población, pero que en marzo de 2021 se plasmó en la promulgación de un Estatuto Temporal de Protección para la población venezolana.

¿Cómo se explica entonces que la administración del mismo país se haya embarcado en una operación arbitraria, cruel y posiblemente ilegal para despojar de la nacionalidad a cerca de 43.000 ciudadanos colombo-venezolanos establecidos en el país? Como informaba este mismo diario a principios del mes de febrero, la decisión de la Registraduría Nacional de Colombia llegó sin aviso y de un día para otro.

Cientos, y luego miles, de venezolanos perfectamente arraigados en Colombia iban recibiendo la noticia de que sus papeles habían sido cancelados por un supuesto defecto de forma (“errores procedimentales y administrativos”). Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de un inconveniente para viajar al extranjero. Los afectados denuncian separaciones de familias, despidos laborales, niños en situación de apatridia o discontinuidad de los servicios de salud. Tu vida entera se tambalea sin que nadie sea capaz de darte una explicación diferente a la de un capricho burocrático. Aún más inquietante es la posibilidad de que la operación busque excluirlos de la participación electoral.

Cientos, y luego miles, de venezolanos perfectamente arraigados en Colombia iban recibiendo la noticia de que sus papeles habían sido cancelados por un supuesto defecto de forma

Cuatro meses después, el gobierno no solo se ha negado a corregir esta aberración jurídica, sino que ha cargado contra quienes la denuncian. La activista Gabriela Arenas de Meneses me remitía estos días un mensaje en el que decía: “Hoy estoy en España; mañana viajaré a Colombia, arriesgándome a ser detenida, así como en los últimos meses han sido detenidos cientos de colombo-venezolanos, privándolos de su derecho a tener la nacionalidad colombiana por ser hijos e hijas de miles de colombianos que cruzaron la frontera hace años escapando de la violencia y buscando una vida mejor”.

TAAP, la fundación que dirige, ha verificado más de cinco mil casos de personas afectadas por la medida. De acuerdo con sus averiguaciones, “la mayoría posee toda su documentación debidamente apostillada y no les han permitido hacer sus registros con las copias que poseen, obligándoles a viajar a Venezuela para solicitar una nueva apostilla”. Esta obligación resulta imposible para muchos de los afectados, por el riesgo para su seguridad o por el simple coste de un viaje que no pueden pagar.

Considerando que esta medida podría ser directamente inconstitucional –ya que niega el derecho a la nacionalidad a quienes han nacido en territorio colombiano–, las cuestiones reputacionales parecen de segundo orden. Sin embargo, en este caso cuentan mucho, porque el presidente Iván Duque está buscando un lugar en el mundo cuando su mandato termine en pocas semanas.

La imagen cultivada por Colombia como país de acogida y contrapunto a la deriva antimigratoria internacional podría ayudar para la dirección de la Organización Mundial de las Migraciones o el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, dos cargos que le interesan y que deben ser renovados en fechas próximas. La pregunta es: ¿pondría usted al frente de estas organizaciones a alguien que ha demostrado inconsistencias éticas y jurídicas de este calibre? Si Duque quiere alguno de estos cargos, va a tener que esforzarse un poco más e intervenir para que la administración colombiana corrija esta injusticia.

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