Los paramilitares de Sudán siembran el terror con la violencia sexual contra las mujeres

Desde que estalló la guerra civil en Sudán, en abril de 2023, unas 10 millones de personas han huido de casa en busca de un lugar más seguro, en la que se considera la mayor crisis de desplazados del mundo. Millones de personas más han quedado, sin embargo, atrapadas atrás, también en territorios ocupados por las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, una de las dos principales partes beligerantes.

En las zonas bajo su control, y en menor medida en las que controla el ejército regular, se han producido todo tipo de atrocidades: campañas de limpieza étnica, matanzas, uso de niños soldado, detenciones por perfil étnico, torturas, quema de pueblos, saqueos. En este contexto, la violencia sexual está siendo una de las formas más extendidas para sembrar el terror entre la población civil, aunque también una de las más difíciles de documentar.

En el caso de las mujeres y las niñas, que son las víctimas principales, las agresiones y la explotación sexual suelen ir acompañadas de otras formas de violencia como secuestros, palizas, torturas, trabajo forzado —cocinar, prestar servicios domésticos y recoger cosechas— y abuso verbal, según han documentado organizaciones de derechos humanos.

“Hasta ahora hemos documentado 194 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto”, señala Sulaima Ishaq, directora de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, afiliada al ministerio de Asuntos Sociales de Sudán. “[Pero sabemos] que es básicamente la punta del iceberg, quizás solo refleje un 2% de lo que realmente ocurre”, desliza. “La situación de las mujeres y las niñas [en Sudán] se deteriora cada día”, lamenta Ishaq. “Están pagando un precio muy alto en esta guerra”.

Infierno en Jartum

Uno de los primeros lugares donde se registraron casos de violencia sexual generalizada fue en las tres ciudades que conforman la capital del país y donde estalló inicialmente la guerra: Jartum, Omdurman y Bahri. Una investigación reciente de Human Rights Watch (HRW), centrada en estas ciudades y apoyada principalmente en proveedores de atención sanitaria, contó un total de 262 supervivientes entre abril de 2023 y febrero de 2024.

La mayoría de casos en la zona de la capital se han atribuido a los paramilitares, que son quienes controlan la mayor parte, y han afectado sobre todo a mujeres y niñas sudanesas, pero también a refugiadas. Según un informe de febrero de la oficina de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), más de la mitad de los incidentes de violencia sexual en Jartum se producen en el interior de residencias, mientras que otros tienen lugar en la calle.

Casi un tercio de los incidentes documentados por HRW fueron violaciones en grupo, en ocasiones de más de una víctima a la vez. Afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores

Casi un tercio de los incidentes compartidos con HRW, ocurridos entre mayo y noviembre del año pasado, fueron violaciones en grupo perpetradas por entre dos y cinco miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En algunos casos, además, estas violaciones se cometieron contra más de una víctima a la vez, en ocasiones varias mujeres de la misma familia. Y afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores.

Un fenómeno alarmante que está acompañando algunos de estos casos de violencia sexual cometidos por los paramilitares son los matrimonios forzados e infantiles de las víctimas. En algunos casos, las familias se han visto obligadas a aceptarlo por el poder sin control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o han accedido a hacerlo por desesperación económica o creyendo que protegerían a una mujer o niña de otras futuras violaciones, según HRW.

Aunque la mayoría de casos de violencia sexual en la capital sudanesa han sido cometidos por los paramilitares, otros se han atribuido a soldados del ejército regular. En los últimos meses, los militares han logrado recuperar poco a poco territorio en Omdurman, pero su avance ha ido acompañado de numerosos casos de violencia sexual, según un artículo reciente del medio británico The Guardian basado en más de dos docenas de testimonios.

En muchos de estos casos, que tienden a denunciarse menos por temor a represalias, las mujeres afirmaron que mantener relaciones sexuales con soldados fue su única forma de lograr comida, en un contexto de hambre generalizada. Aun así, Ishaq apunta que el 95% de casos que ha confirmado su unidad fueron perpetrados por los paramilitares.

Aunque menos documentada, la violencia sexual también se ha utilizado contra hombres y niños en Jartum, principalmente en las decenas de centros de detención —muchos de ellos informales— que controlan tanto los paramilitares como el ejército regular en la zona de la capital, según reveló en un informe de finales del año pasado elaborado por un grupo de abogados de derechos humanos sudaneses conocidos como Abogados de Emergencia.

Un miembro de este grupo asegura, en condición de anonimato, que hasta ahora han confirmado seis casos de violación en centros de detención y que han documentado tres: una mujer extranjera a manos de los paramilitares, una niña de 13 años a manos de un grupo aliado del ejército, y un joven trans en un campamento del ejército.

“El uso de la violencia sexual como arma contra las mujeres es sistemático”, afirma por teléfono el mismo abogado, que subraya que, en el caso de los niños y hombres, “la mayoría de los casos de violencia sexual se produce en centros de detención”. “Fuera de estos no hemos documentado ningún caso de violencia sexual contra varones”, explica.

Terror rural

Más allá de la capital y otras grandes ciudades, informes recientes han empezado a arrojar luz sobre el uso sistemático de la violencia sexual por parte de paramilitares también en zonas rurales ocupadas. Allí, la mayor dispersión de la población, las limitaciones de acceso a servicios, la menor organización social, los apagones de internet y una sociedad aún más conservadora hacen mucho más difícil dar a conocer y documentar atrocidades.

Una de las regiones más castigadas hasta ahora ha sido Jazira, al sur de Jartum y ocupada por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de 2023 en una ofensiva relámpago que empujó hacia otras partes del país a cientos de miles de personas. Una de las únicas instancias en las que Jazira recibió atención internacional fue a principios del pasado junio, cuando un asalto paramilitar sobre la localidad de Wad Al Nora dejó más de un centenar de muertos.

Un informe publicado en julio por la prestigiosa Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA) concluyó que la violencia sexual de los paramilitares en Jazira ha sido muy extendida pese a haber recibido poca atención. Al igual que ocurre en la capital, la mayoría de denuncias se corresponden a violaciones en grupo, lo que sugiere una campaña “diseñada para instigar terror” y asegurar el control sobre la población local.

Cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido invaden una aldea, su primera ola de violencia tiene por objetivo asegurar su control, aunque luego mantengan una presencia física escasa o nula, según el informe de SIHA. Al entrar, sus miembros suelen disparar al aire, saquear negocios, y asaltar viviendas en busca de combatientes y soldados del ejército, matando a hombres y ejerciendo violencia sexual contra mujeres y niñas.

Después de esta primera ola inicial de violencia, SIHA señala que parecen producirse otras dos en zonas donde los paramilitares ya se han asegurado un cierto grado de control. En estos casos, la violencia sexual puede ir acompañada de secuestros y de matrimonios forzados y se centra más bien en mujeres concretas, en su mayoría con presencia pública, como personal sanitario y trabajadoras del sector informal, o como represalias selectivas.

Este uso extendido de la violencia sexual, junto al resto de atrocidades, y la persecución selectiva de mujeres presentes en el espacio público propaga el miedo entre los locales muy rápidamente, lo que, según SIHA, permite a los paramilitares someter y asegurarse el control de los lugares rurales que invaden, aunque no estén presentes en todo momento. También les sirve para desincentivar que la gente se reúna y acuda a servicios sanitarios.

“La violencia sexual siembra el terror y creemos que, como las Fuerzas de Apoyo Rápido carecen de capacidad administrativa y están muy interesadas en el saqueo, les interesa el desalojo forzoso [de la población]; vaciar de locales, en la medida de lo posible, las ciudades y los pueblos que están ocupando”, considera Hala Al-Karib, directora regional de SIHA.

Tanto Al Karib como Ishaq apuntan que los mismos patrones de violencia sexual documentados en Jazira se han replicado en otras zonas rurales de Sudán posteriormente ocupadas de forma total o parcial por los paramilitares, como el Estado de Sennar, al sur de Jazira y con frontera con Etiopía y Sudán del Sur.

Esclavitud en Darfur

La violencia sexual ya fue una de las principales armas de guerra de las milicias a las que el régimen del exdictador Omar Al Bashir subcontrató la campaña de contrainsurgencia que dio lugar al genocidio de Darfur de principios de siglo; las mismas que años más tarde se institucionalizaron en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ahora, en la guerra civil en curso, estos mismos crímenes se están cometiendo a escala mucho mayor por todo el país.

Un informe de un panel de expertos de la ONU filtrado a finales del año pasado, después de que los paramilitares se hicieran con el control de casi todo Darfur ―su feudo tradicional― ya subrayó que la violencia sexual en la región en el marco de su ofensiva no solo fue generalizada, sino que se intensificó a medida que avanzaba el conflicto. Entre abril y agosto de 2023, observadores locales ya habían registrado 262 violaciones.

El mismo informe, que también señalaba que era muy probable que la cifra de violaciones real fuera mucho más elevada debido a que muchos casos no se denuncian, notó que la falta generalizada de acceso a atención sanitaria en la región, y el miedo al estigma y la marginación por parte de sus propias comunidades dificultan poder hacer un seguimiento más preciso sobre el alcance real de estas violaciones.

En Darfur, las niñas y mujeres corren un riesgo particularmente alto de ser violadas en campos de desplazados internos, mientras huyen en busca de lugares seguros, en puestos de control durante desplazamientos, y en sus propios hogares, según el anterior informe. Además, en Darfur la violencia sexual también tiene un marcado carácter étnico, y las principales víctimas son niñas y mujeres de comunidades locales no árabes.

Ishaq, de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, explica que ahora tienen también conocimiento de la existencia de mercados en Darfur en los que se está traficando con niñas y mujeres, que en ocasiones son incluso trasladadas a la fuerza fuera de Sudán. En Darfur se lamenta desde hace años la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población local desde hace dos décadas. Y muchos consideran que esta falta de justicia ha allanado el camino a los crímenes actuales en el resto de Sudán.

“En 2019, cuando el régimen de Al Bashir fue derrocado tras la revolución de Sudán, el Gobierno de transición presionó mucho a la ONU para que pusiera fin a la misión de mantenimiento de la paz conjunta con la Unión Africana [en Darfur], que hasta cierto punto había mantenido mecanismos de observación de los derechos humanos y reducido la capacidad de los [paramilitares] para cometer violaciones extremas”, señala Al Karib.

“Tras la cancelación de la misión a finales de 2020, la violencia en Darfur se exacerbó considerablemente”, agrega la directora de SIHA. “A las Fuerzas de Apoyo Rápido no les importa su imagen; su esencia como institución es dominación, control y desposesión”

Atrapadas y solas

Los combates, las restricciones a la circulación, la destrucción de instalaciones sanitarias, la ocupación de hospitales, los ataques contra personal médico y sociedad civil, el bloqueo de la ayuda humanitaria y los saqueos, sumados al estigma social entorno a la salud sexual y reproductiva, forman una barrera de obstáculos muy difícil de sortear para que las víctimas puedan acceder a atención sanitaria de emergencia y a apoyo psicosocial.

Las consecuencias para las víctimas son muy profundas. HRW se ha hecho eco de casos de infecciones de transmisión sexual y hemorragias vaginales, hematomas y otras lesiones provocadas durante las violaciones que, en al menos cuatro ocasiones, causaron la muerte de la víctima. Muchas han quedado embarazas después de no haber podido acceder a una anticoncepción de emergencia ni al aborto. Y las supervivientes presentan síntomas de estrés postraumático, depresión, miedo, insomnio, ansiedad y pensamientos suicidas.

“La gente está atrapada. Todos lo estamos de diferentes maneras, y esto está afectando la forma en que realmente se pueden gestionar los casos [de violencia sexual]: encontrar apoyo a la salud y apoyo social”, nota Ishaq.

En paralelo a la violencia sexual perpetrada por las partes beligerantes, el rosario de crisis que atraviesa Sudán también ha incrementado de forma preocupante el riesgo de sufrir violencia marchista en el ámbito doméstico. En esta línea, se estima que unas 6,5 millones de mujeres podrían padecer este tipo de violencia, de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, que cuenta con unos 60 espacios seguros de prevención y respuesta.

Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan que desde el exterior de Sudán se puede contribuir a afrontar esta lacra de violencia sexual con mayores ayudas a grupos que estén documentando estos crímenes y a establecer puntos de servicios y centros de atención, incluidas clínicas, dentro del país, para registrar casos y atender a las víctimas. HRW, por su parte, pide a la ONU y a la Unión Africana que formen una nueva misión de protección de civiles en Sudán cuyo mandato incluya atajar la violencia sexual. “El mundo debe mirarnos con una mirada humanitaria y no olvidarnos. No se olviden de Sudán”, reclama Ishaq.

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