El precio del combustible colma la paciencia de los sudafricanos

Nyasha Matambo está preocupada. Ha salido temprano de su casa, en un suburbio humilde a 20 minutos de Ciudad del Cabo, y ha entrado media hora tarde a su trabajo por el intenso tráfico de la primera hora de la mañana. Pero esta empleada de hogar ni siquiera sabe si al día siguiente podrá llegar a su puesto. Le inquieta un llamamiento a un paro nacional que ha circulado durante los últimos días por distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería. No se sabe dónde se inició ni por quién, pero sí que las advertencias son muy precisas: se planean manifestaciones en todo el país para que los ciudadanos expresen su descontento con la subida del precio del combustible y con el impacto que conlleva, incluyendo el aumento del precio de los alimentos por los también mayores costes operativos y de transporte.

“Si las protestas se materializan y cuentan con una gran asistencia, tenga en cuenta los siguientes riesgos: tráfico peatonal intenso, intimidación, caravanas de vehículos a baja velocidad y bloqueo de carreteras”, reza el texto. A continuación, aporta una inmensa lista de lugares que se consideran de alto riesgo de disturbios, y que incluye sedes de instituciones públicas, gasolineras de todo el país, principales autovías y carreteras nacionales. El anuncio es explosivo.

Sudáfrica no es uno de los países del mundo donde sale más caro llenar el depósito. La gasolina 95 cuesta 1,43 euros frente a los ya más de dos euros de España, por dar un ejemplo, mientras que las rentas per capita de cada país son de 4.833 euros en el primero y 27.000 en el segundo. Aun así, el pasado mes de mayo el Tesoro Nacional y el Departamento de Recursos Minerales y Energía (DMRE) aplicó una reducción temporal del gravamen general sobre el combustible, de 1,5 rands (0,09 euros) con el fin de aliviar el impacto del aumento causado por los altos precios del petróleo resultantes del conflicto entre Ucrania y Rusia y las sanciones que han llegado después, y que han dejado el litro de gasolina a 23,94 rands frente a los 19,36 rand (1,15 euros) que costaba en enero de 2022. Y en el diésel la subida es similar.

En Sudáfrica, 18 millones de personas viven con menos de 37 euros al mes mientras el coste medio de la cesta de la compra ha subido 35 euros en el último año

A más de diez mil kilómetros de distancia, los combates entre soldados rusos y ucranios se hacen notar en los bolsillos de los ciudadanos sudafricanos. Una diferencia de menos de 30 céntimos puede no parecer gran cosa, pero supone una diferencia abismal en la calidad de vida de millones de familias en un país donde el salario mínimo es de 270 euros, pero el precio medio de la cesta de la compra ha aumentado casi 35 euros en el último año, y la tasa de inflación ronda el 5,9% y se prevé que suba.

“Claro que lo noto. Sobre todo, el precio del aceite de cocinar”, se queja Agnes Wisilamu, zimbabuense y también empleada de hogar. “Tengo dos hijos de 17 y 19 años, los dos estudiando; a esa edad comen muchísimo…”. Ella, como madre soltera, debe hacer equilibrios con las cuentas. Por un día de trabajo cobra 170 rands, unos 10 euros. De esa cantidad debe descontar lo que gasta en el billete de autobús para ir y volver de su casa, en el barrio deprimido de Langa, al centro de Ciudad del Cabo. “Ahora pago 16 rands por trayecto, es decir, 32, de los 20 que costaba en enero”, calcula.

Sudáfrica es uno de los países más prósperos del continente, pero también es la nación más desigual del mundo. Antes del fin del régimen racista del apartheid, en 1992, la minoría blanca era mucho más rica que la mayoría negra. Cuando Nelson Mandela alcanzó la presidencia prometió acabar con esta brecha, pero 40 años más tarde esta persiste: si por entonces el 87% de la tierra estaba en propiedad de terratenientes blancos, hoy las circunstancias no son mucho mejores para los negros, que conforman casi el 90% de los 51 millones de habitantes que tiene el país y que, sin embargo, ganan tres veces menos de media que los blancos. Según datos del Gobierno, más de 18 millones de personas viven con menos de 37 euros al mes y 13 millones no tienen ningún ingreso.

Una economía golpeada

La economía sudafricana sufre desde 2009, cuando el país entró en recesión por primera vez en 17 años, y desde entonces no ha alcanzado los niveles de crecimiento anteriores. En los últimos dos años ha empeorado la situación la llegada de la covid-19, pues este país sufrió uno de los confinamientos más duros del mundo y esto afectó muy negativamente a los millones de personas, especialmente a aquellas que dependen de empleos informales.

Y aunque la pandemia cada vez es más cosa del pasado y las medidas se van relajando –el 43% de los sudafricanos tiene la pauta vacunal completa y ya se puede salir a la calle sin mascarilla– el desastre ha sido grande. Hoy por hoy, el país ha alcanzado una tasa de desempleo del 34,5%. Casi la mitad de toda la población negra del país, que son 45 millones, está en paro. Y entre los jóvenes, la situación es mucho peor: el 63,9% de ellos está desocupado, según las estadísticas estatales.

Si bien existe una ayuda mensual llamada Subvención para el Socorro Social aprobada el pasado marzo de 350 rands, unos 20 euros, que han solicitado más de siete millones de personas y que se debería otorgar hasta marzo de 2023, esta se dejó de abonar un mes después sin justificación alguna: “Es totalmente inaceptable que no se hayan pagado las subvenciones a los beneficiarios durante los dos últimos meses (abril y mayo). Esto está sumiendo a los 10 millones de beneficiarios en la más absoluta pobreza y desesperación”, denunció el pasado 10 de junio en un comunicado el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Cosatu). El Gobierno informó el pasado lunes que estas subvenciones se reanudarán antes de que acabe el mes en curso, pero por ahora siguen sin llegar a los beneficiarios.

Millones perdidos por la violencia

Los últimos escándalos de corrupción política también influyen en el descontento popular. Distintos miembros del Congreso Nacional Africano (ANC), partido de Mandela y en el poder desde el inicio de la era democrática, se han visto envueltos en escándalos de mayor o menor envergadura, pero uno de ellos sí que ha costado caro a Sudáfrica: la imputación del expresidente Jacob Zuma. El que fuera máximo dirigente del país entre 2009 y 2018 fue condenado a una pena de 15 meses de prisión en julio de 2021 por desacato ante la justicia, tras negarse a declarar hasta tres veces por 16 cargos de fraude, corrupción y crimen organizado.

Cuando en julio del año pasado se dictó la sentencia y Zuma ingresó en prisión, se produjeron los peores disturbios de los últimos 40 años. Los partidarios del expresidente salieron a incendiar las calles, y los saqueos de comercios, la violencia y el pillaje fueron una constante durante ocho días en los estados de Gauteng y KwaZulu-Natal. El saldo del levantamiento fue de 337 muertos, más de 40.000 comercios destruidos, una pérdida de un millón de puestos de trabajo –otros estudios calculan dos millones– y 50.000 millones de rands; casi tres mil millones de euros.

Con esta situación de malestar social, a Niasha Matambo no le sorprendería nada que el paro nacional triunfara y provocase disturbios violentos. De momento, sabe que no le queda otra que dejar a su hija de tres años en casa. “Su colegio no abrirá; me han avisado cuando la he llevado a clase esta mañana”, asegura. Y lo prefiere porque le da miedo lo que pueda pasar. “Cuando esta gente dice algo, lo dice de veras; cortan carreteras, queman neumáticos y son violentos con quienes intentan trabajar. Aún me acuerdo de los disparos a conductores del año pasado”, asegura sobre unos incidentes ocurridos en julio de 2021 que dejaron varios heridos por arma de fuego.

Ella se refiere a los conductores de los taxis, que en Sudáfrica no son coches, sino minibuses de propiedad privada que deciden la ruta y el precio. Y que son los que realmente deciden si se protesta o no. El apoyo de la Alianza Nacional del Taxi (NTA) y el Consejo Sudafricano del Taxi (Santaco), los principales sindicatos, es lo que ella teme de verdad.

Por eso ambas asistentas también están pensándose si pedir a sus empleadores que les permitan faltar un día y recuperar las horas al siguiente. Pero, como millones de personas, Matambo y Wisilamu cobran por día trabajado, no tienen un sueldo fijo, así que antes de preguntar tienen que hacer cuentas y ver si pueden permitírselo.

Una protesta muerta antes de nacer

Mientras, las redes sociales sudafricanas se multiplican de mensajes con la etiqueta #nationalshutdown los días previos a la protesta. “Apoyo totalmente el paro porque todo es un desastre, hay que arreglar el país”, escribe un usuario de Twitter. “No estoy desempleada ni soy pobre, soy una ciudadana de clase media, pero no puedo más”, tuitea otra. Muchos otros ciudadanos, sin embargo, disuaden a los internautas de participar en aras de la paz y la no violencia.

Los medios de comunicación, por su parte, restan importancia al llamamiento y durante los días previos apenas se mencionan en las cabeceras nacionales. Solo a última hora de la tarde del día anterior a la protesta, un par de periódicos anuncia que NTA y Santaco se han desmarcado del asunto. “La industria del taxi no se dejará intimidar por personas que promueven la conducta desordenada”, tuitean desde Santaco. También se distancian desde Cosatu. “Desaconsejamos a nuestros miembros que se sumen a esta huelga porque es una acción no protegida que puede dar lugar a su despido”, declara la portavoz Sizwe Pamla, si bien también indica que desde el sindicato comparten las mismas quejas que los convocantes, sean quienes sean.

Llegó el día D, que fue el pasado 10 de junio, el país amaneció tranquilo. Las noticias no informaron de ningún disturbio y las gasolineras donde supuestamente podrían darse más problemas no registraron incidentes; tampoco las carreteras nacionales ni las fábricas. A media mañana, Nyasha Matambo envió un WhatsApp: “todo ha ido bien, he podido salir a trabajar”. El llamamiento se desinfló tan rápido como había surgido y, como la mayoría de las veces, los sudafricanos demostraron que prefieren la paz a la violencia. Pero la asfixia económica es cada vez más evidente y la reciente noticia de que la economía se ha expandido un 1,9%, devolviéndola a los niveles anteriores a la pandemia, no significa todavía nada para Matambo y Wisilamu, que no hacen más que ver el tamaño los agujeros de sus bolsillos aumentar y su paciencia disminuir.

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