La caza de brujas infesta Malaui: “Después de que quemaran a mi padre, ya no son mi familia”

Jean Hauli, una malauí de poco más de 20 años, mira fotos en su teléfono móvil. En la primera se ve a un hombre con una agradable sonrisa. Luego, imágenes oscuras y borrosas de una hoguera. Después, un cadáver carbonizado. “Muchos de los acusados son parientes nuestros, pero después de que quemaran a mi padre dejé de considerarlos mi familia. Las palabras no pueden describir lo que hicieron”.

Fue el 16 de agosto de 2021. Por la tarde, Mike Haule, de 49 años, fue a visitar a la familia de su hermano Edvin en la provincia de Karonga, en el norte de Malaui. Un grupo de vecinos y familiares se había reunido para llorar la muerte repentina de Edvin a causa de una perniciosa enfermedad. Pero lo que Hauli no sabía era que muchos de los allí presentes estaban convencidos que él lo había asesinado sirviéndose de la brujería.

“Me contaron que un niño se acercó a Mike y le dio un puñetazo. Eso animó a los conspiradores a atacar”, cuenta su viuda, Alice Mwakhwawa. Pronto se congregó una multitud que empezó a golpear con puñetazos y patadas al hombre. Cuando ya estaba sin vida, lo arrastraron a una pira y prendieron fuego al cuerpo. Alice Mwakhwawa estaba en una casa cercana y pudo oír los gritos. Cuando quiso salir y ver qué estaba pasando, un hombre que acababa de ver la hoguera se lo impidió. Tras el asesinato, la mujer dejó su casa, y vive con el temor a que la ataquen a ella. Lo mismo le pasa a su hija, Jean Hauli. “He recibido muchas llamadas anónimas, voces que me dicen que voy a morir ese mismo día”, relata.

Una crisis de derechos humanos a escala mundial

Cada año se producen en Malaui casi 150 casos de violencia colectiva relacionada con la brujería. Pero el problema no es exclusivo de este pequeño país africano. Según la organización Red de Información sobre Brujería y Derechos Humanos, en la última década se han denunciado más de 20.000 episodios en más de 60 países de los que más de 5.000 fueron asesinatos. Los crímenes relacionados con la brujería son especialmente frecuentes en India, Papúa Nueva Guinea y África subsahariana, y las víctimas son, en su mayoría, ancianas, niños y personas con albinismo. Los expertos en la materia piensan que el fenómeno está aumentando en todo el mundo, y el verano pasado, un mes antes del asesinato de Mike Hauli, Naciones Unidas adoptó por primera vez una resolución condenando las violaciones de los derechos humanos relacionadas con acusaciones de brujería.

Las incriminaciones contra Hauli venían de años atrás. “Todo comenzó cuando pidió un préstamo para construir una casa nueva y comprar un televisor y otras cosas”, cuenta su viuda. Los familiares empezaron a sospechar que Hauli, que se dedicaba a la agricultura para el autoconsumo y casi no tenía ingresos, había utilizado poderes mágicos para conseguir dinero. “Uno de ellos decía que asesinaba a personas empleando la brujería para conseguirlo”. Alice Mwakhwawa cree que los familiares y los vecinos vieron en la muerte de su marido la prueba definitiva de que tenían razón.

La muerte repentina de un pariente cercano suele ser un desencadenante de la violencia colectiva. En septiembre del año pasado, en el pueblo de Kafikisira 2, a pocos kilómetros de la escena del asesinato de Hauli, un niño murió de lo que los médicos consideraron que era malaria. Sin embargo, un buen número de habitantes de la aldea veía las cosas de otra manera, e intentaron matar al hermano mayor del niño, Kumbukani Mvula, y a su tío, Green Mwanyongo.

Los dos se apoyan en un carro rojo delante de la casa familiar mientras cuentan el incidente. Desde allí pueden ver las casas de los aldeanos que intentaron asesinarlos. No hace falta decir que ambos siguen temiendo por su vida. “Cuando volvíamos del hospital después de la muerte de mi hermano, una multitud nos atacó. Coreaban ‘Hoy vais a morir’, y nos arrastraron a un mango donde iban a quemarnos vivos utilizando gasolina”, recuerda Mvula.

Los aldeanos sospecharon que la muerte del niño tenía que ver con que Mvula hubiera comprado el carro rojo hacía poco. La teoría era que había creado riqueza embrujando y luego matando al niño. “Les rogué que nos llevaran al curandero. Si él confirmaba que habíamos matado al niño, podrían quemarnos. Si no, nos dejarían ir”.

Los vecinos del pueblo no los escucharon, pero justo cuando apenas les quedaba esperanza, cinco coches de policía llegaron al lugar. “La policía dispersó a la multitud y nos llevó con ellos. Nos tuvieron tres días en un lugar seguro, pero ahora hemos vuelto al pueblo, somos pobres y no tenemos otro sitio a donde ir”, lamenta Mvula.

Una inmensa mayoría de malauíes cree en la brujería. Sin embargo, el subinspector Enock Livasoni, de la policía de Karonga, se echa a reír cuando se le pide su opinión: “Personalmente, yo no creo en ella, no”. Livasoni dice que la policía se esfuerza por poner fin a las cazas de brujas. Realiza campañas de información e investiga los casos concienzudamente. El oficial cuenta, por ejemplo, que en el caso de Hauli se detuvo a 12 familiares y vecinos. Todavía siguen en la cárcel esperando el juicio.

Uno de los móviles frecuentes de la violencia es la envidia de alguien que ha adquirido riqueza o ha tenido éxito en sitios donde la pobreza es extrema. “Si a una persona le va mejor en el pueblo, la gente sospecha que practica la brujería, lo cual no es verdad. Esa persona trabaja duro para ganar algo y ayudar a su familia”, zanja.

Los curanderos, detrás de la violencia

Pero hay otro factor que empuja a cometer actos violentos: los curanderos. La gente acude a estos personajes, que ocupan un lugar importante en la sociedad malauí, en busca de curaciones y remedios tradicionales contra toda clase de dolencias. Muchos también identifican a los brujos a cambio de un pago en dinero. Estas identificaciones, a su vez, pueden acabar en ataques colectivos.

Muy pocos curanderos están dispuestos a ser entrevistados, pero Voster Ngona, uno de los más destacados del norte de Malaui, está encantado de hablar. Dentro de su oscura cabaña de Karonga hay calaveras de animales y pieles de serpiente colgando de las paredes. Un rincón está lleno de frascos y botellas que contienen varios remedios naturales. “Cuando muere una persona, a veces sus familiares vienen a verme con alguien que sospechan que la ha matado utilizando la brujería”, cuenta Ngona.

Un objeto en forma de cola cuelga de la pared. En su interior hay cerebros disecados de distintos animales, explica el curandero. “Con esto puedo percibir quién es un brujo”.

Ngona es consciente de a lo que pueden conducir sus prácticas, pero asegura que siempre insta a sus clientes a no usar la violencia. “En vez de ello, visito la casa del sospechoso. Allí suelo encontrar sus fetiches escondidos. Después de quemarlos, los poderes de brujería desaparecen y el sospechoso puede volver a ser aceptado en la comunidad del pueblo”.

Una nueva ley para hacer posibles los juicios por brujería

La legislación de Malaui incluye una ley de brujería que se remonta a la época colonial. La norma da por hecho que la brujería no existe, y por lo tanto, considera un delito acusar a alguien de practicarla. Pero la ley rara vez se cumple, y ha sido revisada para intentar frenar la violencia colectiva extrajudicial. A finales de diciembre de 2021, la Comisión Jurídica de Malaui publicó un informe en el que recomendaba que se modificase la ley para reconocer la existencia de la brujería y penalizar sus aspectos perjudiciales. La comisión concluía que “la mayoría de malauíes cree en la brujería, y esa creencia de la gente no se puede suprimir mediante la legislación”. Esto podría abrir la puerta a los juicios por brujería en los tribunales. La propuesta todavía no ha sido aprobada por el Parlamento. Ngona está de acuerdo en que la norma actual no sirve. “Si la ley dice que la brujería no existe, la gente se tomará la justicia por su mano, pero los juicios por brujería en los tribunales tampoco son buena idea”, opina.

“En vez de ello, las autoridades deberían colaborar con los curanderos para que podamos recoger los fetiches de los sospechosos de brujería, y así poner paz”.

La Asociación por el Humanismo Secular (ASH, por sus siglas en inglés), con sede en Lilongüe, capital de Malaui, es una de las pocas ONG que trabajan activamente para acabar con la violencia relacionada con la brujería. Wonderful Mkhutche, politólogo y portavoz de la organización, se muestra muy crítico con el proyecto de la nueva ley. “Se está haciendo una ley a partir de algo de cuya existencia no tenemos pruebas. Alimentar la idea o la creencia de que la brujería existe es peligroso en sí mismo teniendo en cuenta el aumento vertiginoso de los casos de violencia relacionada con ella”, denuncia. “Mientras la ley pasa por el Gobierno y el Parlamento, seguiremos con nuestra campaña haciendo manifestaciones y con intervenciones legales”.

A su compañero de asociación, George Thindwa, le hace reír la propuesta de Ngona de colaborar con las autoridades para acabar con los “brujos”. “Los curanderos tienen ayudantes que esconden los fetiches alrededor de las casas de la gente para que ellos puedan ‘encontrarlos”.

La creencia en la brujería aumentó con la democracia

La violencia derivada de la brujería aumentó considerablemente después de 1994, cuando el férreo dictador Hastings Banda fue expulsado del poder y se instauró una democracia multipartidista. “La dictadura reprimió esas prácticas, pero con la democracia salieron a flote. Al mismo tiempo, nuestra economía estaba en ruinas, el sida se propagaba incontroladamente y nos llegaban muchísimas películas nigerianas que presentaban la brujería como algo real”, explica Thindwa.

Hace algunos años, la ASH realizó una campaña de información contra la creencia en la hechicería. Thindwa cree que ayudó a que los problemas disminuyesen, al menos algo, en muchas partes del país. Pero no en Karonga. Allí los ataques todavía están extendidos, afirma el activista.

Según la asociación, en estos casos apenas hay detenciones y condenas. El hecho de que, muchas veces, los propios policías crean en la brujería, no ayuda. Además, los agentes pueden tener miedo de provocar más violencia, piensa Thindwa. “El caso de Mike Hauli es raro, porque detuvieron a 12 personas”.

En Karonga, Alice Mwakhwawa desconoce si algún curandero participó en el asesinato de su marido. La policía declara que “no tiene pruebas concluyentes” de esa participación. Pero a Mwakhwawa en realidad eso le da igual. Su esposo ya no está y su vida se ha derrumbado. No sabe cómo mantener a su familia y pagar el colegio. “La violencia es consecuencia de la envidia y la falta de educación”, denuncia. “Con el tiempo, estos problemas podrían ir desapareciendo si más niños pudieran terminar sus estudios”.

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