El pueblo dividido por una macrogranja de cerdos

Un tranquilo paseo puede llegar a convertirse, como en el caso de Kinchil, en un problema vital para sus pobladores. A finales de 2018, durante la búsqueda de unas cabezas de ganado en una zona recóndita de la selva que rodea esta localidad de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, unos pastores descubrieron algo: unas mangueras ocultas por donde se vertían residuos provenientes de la granja de cerdos Kekén, del Grupo Kuo, situada entre los pueblos de Kinchil y Celestún, y que habían formado una laguna de agua verde y pestilente.

La empresa responsable aseguró mediante una nota de prensa que se trataba de un sistema de riego, pero esta explicación no convenció. Al menos no a personas como Alberto Rodríguez, apodado El Jaguar, destacado miembro del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’, y protagonista del documental Laguna Negra, que narra la contaminación hídrica a través de los vertidos descubiertos.

Rodríguez aclara que un sistema de riego, además de innecesario en la selva, altera los ciclos de la flora y la fauna. El suelo de Yucatán es kárstico y filtra rápidamente el agua al subsuelo, donde se almacenan las reservas de agua dulce. El Jaguar calcula que se podían almacenar 82.000 litros de agua provenientes de la granja a diario, pero asegura que algunos de los trabajadores de Kekén con los que compartió sus estimaciones se rieron de él. “Eso es solo en la mañana. Los tanques rebosan, por eso se bombea día y noche”, asegura ahora.

La granja de Kinchil es un ejemplo de ganadería intensiva, aquella que acoge a miles de animales en una única instalación. Su pertinencia se ha discutido ahora a raíz de las declaraciones del ministro de Consumo español, Alberto Garzón, en contra de este modelo y de las enormes superficies donde se crían animales para consumo humano. Los datos de Greenpeace sobre las instalaciones de Kekén en Yucatán hablan de 70.000 hembras productivas, dos mataderos con capacidad de sacrificio diario de 5.000 ejemplares y una producción de 180.000 toneladas de carne de cerdo anuales que se exportan en su mayoría al mercado asiático.

En Yucatán hace tiempo ya que se generó una fractura social entre críticos y partidarios de este modelo comercial. En este caso, por el dilema entre la contaminación que provocan estos espacios con la generación de purines (excrementos líquidos) que van a parar a las reservas de agua que se emplea para la agricultura y el consumo humano. En el otro lado de la balanza, como beneficio, está el número de empleos que este tipo de negocios genera. Se trata de un debate sobre el que Kekén no se ha querido pronunciar (este periódico se ha puesto en contacto con la empresa en repetidas ocasiones).

El Consejo Maya al que pertenece El Jaguar fue fundado por 70 personas de diferentes comunidades que alzaron la voz a través de demandas ante el Gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de las que aseguran no haber recibido respuestas. El activista acompañó a Greenpeace México durante la recogida de muestras que la ONG efectuó en la zona, aportanso datos sobre el grado contaminación de las aguas que han sido publicados en un informe sobre el impacto de la industria porcina en Yucatán.

Jorge Herrera-Silveira es doctor en Biología en el Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav, en Mérida. Lleva décadas publicando estudios sobre el impacto de la descarga de aguas subterráneas en el lecho marino del Yucatán y cómo transporta contaminantes que deterioran el ecosistema costero. A su juicio, este sistema marino está muy influenciado por esos vertidos. “Las localidades como Celestún están incluidas en el llamado anillo de cenotes, en la zona de descarga, y tienen una influencia importante en la hidroquímica a lo largo de la costa”. En sus estudios denuncia cómo las actividades humanas han alterado el equilibrio de los ecosistemas, y ya en febrero de 2010 señalaba a las actividades de la industria porcina como principal aportador de nitratos al agua.

Alberto Velázquez pertenece, por su parte, a la organización Indignación, que asesora al Consejo Maya Chik’in Ja’ en sus acciones legales. El experto detalla cómo se utilizan los recursos hídricos en Yucatán, que posee una de las mayores reservas de agua dulce del continente. “La industria porcina necesita mucha agua para los cerdos, que tienen que estar constantemente mojados. Extraen muchos litros y aquí esa acción está muy poco regulada”. SEMARNAT y CONAGUA, la red hídrica estatal, dan permiso para su obtención, pero no tienen la capacidad para medir cuánto se extrae, ni se regula cuánta cantidad se inyecta al ecosistema.

En las dos últimas décadas, Yucatán incrementó notablemente su industria porcina para la producción de carne a gran escala. El Gobierno del Estado la ha incorporado a este sector como uno de sus ejes centrales en el plan de desarrollo, y este, a través del grupo Kuo, ha realizado millonarias inversiones en la península. Los trámites de los permisos de las empresas han sido herméticos, asegura Velázquez. Según el informe de Greenpeace, de las aproximadamente 300 granjas existentes en la región, tan solo 20 han ejecutado el estudio de impacto ambiental y en ninguna ha habido autoconsulta, aun estando ubicadas en territorio indígena. A simple vista, desde el mapa se observa que el grupo ecologista no exagera en cuanto a número de estas grandes superficies en la zona.

Según los datos que maneja Chik’in Ja’, tan solo en la finca de Kekén hay 10.000 cerdas que paren entre siete y doce gorrinos en aproximadamente diez embarazos durante su periodo fértil. Cada 24 horas pueden nacer unos 700 cerditos, 20.000 al mes. Son animales que necesitan agua para, sobre todo, mantener sus jaulas limpias. Los residuos o purines que generan estas instalaciones son tratados en biodigestores o tanques. Allí se procede a su limpieza para después ser reintroducidos en el ecosistema y para obtener fertilizantes.

El Jaguar cuenta que una vez que una cerda empieza a dar muestras de envejecimiento, comienza a parir crías más pequeñas que son directamente utilizadas para fabricar embutidos. Las madres son engordadas en un corto periodo de tiempo para, luego, ser sacrificadas y vender su carne en los mercados locales. “Ese es el beneficio que le queda a mi comunidad a cambio de que ensucien nuestra agua. Ni siquiera puedo consumir un producto de primera calidad, y tampoco puedo obtenerlo a un mejor precio”.

Problema adicional con la miel

Las instalaciones se encuentran, además, en una zona donde se dan hasta ocho variaciones de miel, por lo que los denunciantes advirtieron del peligro de esta finca para las abejas. Quizá para contrarrestar esta hipótesis, los propietarios del negocio porcino decidieron organizar su propia apicultura. Su miel orgánica ganó el segundo premio en una categoría del Primer Concurso Nacional de Miel Online, organizado por la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, Anmvea. Desde Chik’in Ja’ contestaron indignados que la miel que producían los mayas ancestralmente siempre había obtenido los primeros premios en cuanto a calidad hasta que llegaron ellos. Una de las normas para producir este producto de manera orgánica es que tiene que estar al menos a tres kilómetros de distancia de una granja de cualquier tipo. “Hasta esa ley van a violar”, critica Jesús Solís, uno de los integrantes del Consejo Maya.

Jose Luis Tzuc lleva años recogiendo el producto de sus colmenas en esta zona. “Tenemos que ser sensatos, no podemos echarles directamente la culpa”, sostiene. “Necesitamos un análisis detallado, pero a partir de que empezó la granja a funcionar hemos notado una caída del 30% en nuestra producción”.

La autoconsulta

La autoconsulta es un derecho de los pueblos indígenas que les permite decidir sobre procesos y proyectis de desarrollo en su territorio. Está reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificado por México en 1990.

Chik’in Ja’ apostó por no usar la vía Homun (el caso de seis menores de edad que pararon un proyecto similar en los tribunales alegando que contaminaba sus aguas) porque aquel proceso está atascado en los tribunales y porque en ese caso pudieron pararlo, ya que aún no se había metido a los cerdos. Para la organización, la autoconsulta es más efectiva, porque las leyes internacionales dicen que las comunidades indígenas deben ser interpelados ante cualquier gestión ambiental.

Tres pueblos decidieron ejercer su derecho a la consulta. Celestún, conocido por sus playas, por ser considerado Reserva de la Biosfera y estar incluido en el Programa Mundial de Protección de Humedales. La laguna de esta localidad es la más importante en la alimentación de los flamencos, que atraen a miles de turistas. Se encuentra en una zona de descarga de aguas, y entre el pueblo y la granja, hay un cenote que abastece de agua a sus 10.000 habitantes, que viven de la pesca y el turismo. Nueve personas votaron a favor de la continuidad de la empresa de cerdos; 1.101 se pronunciaron en contra. Los otros dos son Kinchil y San Fernando, en el interior, cerca de Mérida. Se encuentran en una zona de carga de agua cercana a la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Sus habitantes viven de la agricultura, apicultura y ganadería.

En el informe que realizó Indignación sobre la autoconsulta en San Fernando se recoge el testimonio anónimo de una vecina que declara que la empresa apoyó al equipo de béisbol con equipación, y que instalaron una unidad para consultas sanitarias, médicos y medicamentos tres días antes de la votación. “Estaban presionando de casa en casa”. El resultado fue ajustado: 58 votos a favor, 59 en contra.

La urna estaba lista en la plaza de Kinchil para recoger los votos. A Carlos Yama, uno de los organizadores del proceso, le sorprendió la llegada de multitud de personas con unas pancartas bien confeccionadas donde mostraban su apoyo a la empresa porcina. El anuncio de la consulta ha quebrado los cimientos de la convivencia con acusaciones mutuas de corrupción. “En ese momento se abre un camino de tensión. Kekén abre los brazos, conciencia a sus trabajadores, los trata muy bien, con bonificaciones, pero también existen amenazas de pérdida de puestos laborales”, explica Yama. “Hay empleados que están con nosotros y nos alertan. Contaron lo que habían visto y fueron despedidos. La mayoría prefiere callar porque sus familiares continúan en la empresa”.

Desde Chik’in Ja’ ven en la actuación de la granja una muestra de su preocupación por el posible resultado adverso en la consulta. Dan nombres y cifras de lo que han cobrado los colaboradores de la misma por hacer campaña en su favor, aunque los señalados lo niegan. Hablan de una pelea en la cantina entre algunos de los instigadores por el desigual reparto de los beneficios.

Severo Chuil es uno de los señalados como colaboradores de la empresa que movilizó a la gente para la consulta. Pensó que no era buena idea hablar con un periodista sin tener el consentimiento de sus jefes de Kekén, donde trabaja. “No nos dieron orden, pero si nos dijeron `no se metan ya en controversias´. Tal vez, si me graban, me sacan de mi trabajo”. Al día siguiente, en el grupo que tienen los habitantes de Kinchil en una red social, Severo ponía sobre aviso a sus vecinos de que habían llegado periodistas pagados y sobornados por Chik’in Ja’, y del peligro que suponía hablar con ellos o darles sus datos.

Entre los vecinos ha calado el mensaje de que el Consejo Maya solo busca el dinero de la empresa, que les pagó cuando empezaron a hacer ruido y por eso han estado callados más de un año, pero se les ha acabado el capital y retoman el asunto. Yama aclara que la consulta se planea desde 2019 cuando esta institución fue creada, pero que la pandemia les frenó. El negocio no paró, fue ampliado y pasó de 80 a 200 trabajadores. Jugó la baza de la supervivencia y la necesidad de los empleos, y se acercó a los pueblos ofreciendo comida en los momentos más duros del confinamiento. Son acciones que Yama tilda de chantaje. “Tratamos de que la gente pudiera dar su opinión sin miedo y que supiera que tiene derechos. La consulta viene de los acuerdos internacionales que México ha firmado, por eso es vinculante. Ahora viene la fase en la que se hagan respetar los resultados. Aquí salió la permanencia, pero en las otras dos localidades no fue así”. En Kinchil ganó la opción a favor de la finca por 576 votos a favor y 423 en contra.

Carlos Valentín Pech es el presidente municipal y la prueba en la que se apoya la teoría sobre la existencia de casos de corrupción en las filas de los ambientalistas. En un principio trabajaba por el cierre de la granja. “Pero cambió su actitud y ahora nos evita a toda costa”, se queja Yama. Martín Humberto Solís, veterinario del pueblo, recuerda que las primeras protestas fueron encabezadas por el actual presidente municipal. “Trajeron mucha prensa, y luego supimos que la empresa le pagó y se acabó el movimiento. Se menciona que a todos les dieron dinero, por eso tuvo una tregua de casi dos años”. Sobre este extremo tampoco se ha pronunciado Kekén.

Los dos bandos ven en el comportamiento de Pech una prueba de que ha sido comprado por la empresa porcina. El aludido niega las acusaciones y declara que, cuando llegó a la alcaldía, vio que esta había regularizado sus papeles de propiedad de las tierras en el vecino pueblo de Maxcanú, por lo que el asunto había dejado de pertenecer a la municipalidad de Kinchil. “La granja tiene sus permisos. Desde que soy alcalde permanezco neutro, no puedo actuar como antes, que era apicultor, no puedo provocar violencia, sería un grave error posicionarme de cualquiera de las partes”, justifica.

Martín Humberto Solís tiene terrenos entre la granja y la carretera, y consiguió un contrato de servidumbre de paso con Kekén. “¿Quién quiere perder su empleo saliendo de la pandemia? El problema de contaminación es obvio, no se puede negar. Pero es la cantidad lo que se está cuestionando porque la finca tiene muchos controles de tratamiento de agua. Que las autoridades nos demuestren que ensucian y nosotros mismos obligaremos a la empresa a tomar medidas correctivas. Para cerrar esto, primero tienen que demostrar que genera polución, y tener alternativa a los dos mil empleos que se van a perder”.

Eva Ventura Tus votó a favor de la continuidad. “Salí a apoyarla por mí misma, no me pagaron y nadie puede decirlo. Nos trajo muchos beneficios, Kinchil ya no es una zona de marginación. Sé que existe contaminación, pero se genera empleo. Conozco unos biólogos que trabajaron allí y uno de ellos, al que apodan Américo, me dijo que dejó el empleo porque la empresa sabe que los biodigestores no funcionan adecuadamente y podrían evitar los vertidos, pero no hacen nada”.

Donde documentaron la suciedad hoy no queda rastro de ella. La zona ha sido repoblada por la empresa con piñuelas y henequén, plantas muy resistentes. “Es complicado ubicar el lugar donde están realizando los vertidos; hablamos de un perímetro de entre 1.600 y 2.000 hectáreas. Fue su estrategia desde que les descubrimos; ellos se van adecuando según nuestros pasos”, asegura Carlos Yama.

El Jaguar tiene claro el final de este conflicto. “Para que la empresa siga funcionando vamos a acondicionarla porque existen las herramientas para que puedan tratar el agua. Si vas a producir cerdo, que sea para nuestro consumo. ¿Por qué se lo tienes que vender a los chinos, si ellos tienen un amplio territorio? ¿Por qué no hacen sus cerdos allá? Aprovechan la corrupción que hay con nuestros gobernantes, por eso es frágil México. Pero hay hombres y mujeres valientes que nos resistimos. ¿Qué le estoy dejando a ese niño que hoy nació? Un paraje sin agua. Mandarán a unos delincuentes que me hagan sufrir y hagan desaparecer mi cuerpo e inventaran una historia, pero me recordarán como uno de los héroes que mandó cuidar el agua, y de mi sangre van a salir semillas, otros hombres, otras formas de pensar. A los mayas todo el mundo nos ha oprimido, ahora nos han esclavizado nuevamente con el consumismo”.

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