Por qué la guerra contra las drogas puede ser una amenaza a los derechos humanos

El acercamiento punitivo se opone a cualquier perspectiva de derechos humanos en las políticas que pretenden erradicar el consumo, la producción o la comercialización de drogas ilegales. Esta es la principal conclusión del primer Índice Global de Políticas sobre Drogas, recién publicado por el Consorcio para la Reducción de Daños, una alianza de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en colaboración con expertos del mundo académico. En la tabla comparativa de los 30 países estudiados para este índice inaugural, el que sale mejor parado es Noruega y el peor, Brasil.

Para medir la efectividad de las políticas actualmente aplicadas en el mundo, en términos de protección y derechos de las personas, el consorcio tomó como parámetro las recomendaciones básicas de Naciones Unidas (ONU), para diseñar 75 indicadores que abarcan dimensiones como la justicia penal, las respuestas extremas ante faltas o delitos, la salud y la reducción de daños y el acceso a medicamentos fiscalizados internacionalmente. Con estos datos compilados se midieron, por primera vez, las políticas nacionales a través de la asignación de un puntaje por país. El resultado es que la mayoría de los países incumplen las recomendaciones más básicas de la ONU.

Entre los seis países que sacan peor puntuación en políticas antidrogas figuran dos africanos (Kenia y Uganda), dos del sudeste asiático (Tailandia e Indonesia) y dos latinoamericanos (México y Brasil). Entre los seis que más cuidan el aspecto de la salud y la proporcionalidad en la aplicación de justicia, hay tres países europeos: Noruega (en el primer lugar, con solo un 74/100), Portugal (en el tercero) y el Reino Unido (en el cuarto); dos países de Oceanía: Nueva Zelanda y Australia; y un americano: Canadá, en sexta posición, con una puntuación de apenas un 56 sobre 100.

“Nefastas” fue el adjetivo más escuchado en relación con las políticas que actualmente se aplican en el mundo en materia de drogas ilegales durante la reciente presentación del informe, en el marco de una reunión virtual con periodistas de varios países. En efecto, uno de los asuntos más mencionados fue el de la sobrerrepresentación, entre la población carcelaria, de personas acusadas de delitos relativos a las drogas, que se estima en 2,5 millones de hombres y mujeres (la proporción femenina en prisión por estas faltas casi duplica la masculina, según la World prison population list). De ellos, se calcula que el 22% de los reclusos está en la cárcel por posesión de drogas para uso personal, según el último informe de Penal Reform International de tendencias globales en 2021.

¿Qué tiene que ver la salud con la pena de muerte?

El impulso y el lanzamiento público de este estudio comparativo cuenta nada menos que con el liderazgo de la ex primera ministra neozelandesa Helen Clark, presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas y que, hace cinco años, fue candidata a la secretaría general de Naciones Unidas.

Fue justamente Clark quien, en esa reunión informativa, se refirió al “discurso de muy mala calidad” que promueve este “enfoque basado en la represión” en el que todo se reduce a cuántos kilos de droga se decomisaron en una operación, sin tener en absoluto en cuenta los perjuicios humanos. “¿Cuál es la preocupación por la salud de las personas en los países que aplican la pena de muerte, por ejemplo?”, se preguntó retóricamente la ex primera ministra, después de haber mencionado el nombre del expresidente norteamericano Richard Nixon como impulsor del concepto y la práctica de la “guerra contra las drogas” (War on drugs).

Este clamor por el respeto de los derechos humanos surge en un escenario mundial pospandémico en el que hay más y más personas empobrecidas que trafican por falta de alternativas laborales y que acaban en la cárcel (a veces, en prisiones extranjeras, simplemente al pisar un aeropuerto), lo que incrementa su círculo de marginalidad, desarraigo y miseria. En el caso de los menores, según consigna Naciones Unidas, muchos niños sin hogar están expuestos a abusos físicos y sexuales, y el consumo de sustancias forma parte del alivio para sobrellevar esas duras condiciones de vida en la calle. En cuanto a las políticas relativas al cuidado de la salud, ONU también viene dejando constancia, año tras año, de cómo se incumplen los objetivos mundiales en materia de distribución de agujas-jeringuillas, así como los de las terapias de sustitución con opiáceos. Hay, además, una falta de alternativas de desarrollo colectivo para los países con altas tasas de población pauperizada, que alienta el narcotráfico.

En este contexto, la predominancia global de políticas basadas en la represión y el castigo en esta materia ha llevado a que el Índice inaugural ofrezca puntuaciones generales que no llegan a resultados ni de 50 puntos sobre los 100 posibles. Los autores del informe resaltan que las expectativas de los expertos de la sociedad civil varían de país a país y que la desigualdad es una dimensión profundamente asentada en materia de políticas antidrogas, en parte debido al legado colonial de la mencionada guerra, según ellos mismos interpretan. Las políticas antidrogas son, en esencia, complejas, tal como se lee en el informe, y afectan desproporcionadamente a la población marginada, con virulencia diferenciada en función del género, el origen étnico, la orientación sexual o el estatus socioeconómico.

Las políticas antidrogas son, en esencia, complejas y afectan desproporcionadamente a la población marginada, con virulencia diferenciada en función del género, el origen étnico, la orientación sexual o el estatus socioeconómico

De hecho, Helen Clark lo expresó con nitidez: “Una puntuación de 100 querría decir solamente que ese país pone en práctica el mínimo de medidas que recomienda Naciones Unidas y eso no significa que las políticas sean perfectas”. En este sentido, Matt Wall, profesor asociado y Jefe del Departamento de Política, Filosofía y Relaciones Internacionales de la Universidad de Swansea, añadió: “Noruega arroja resultados aceptables en tanto que no tiene una política de criminalización, en lo referente a la reducción de riesgos y al acceso equitativo a un sistema sanitario de calidad que da posibilidades de contar con productos de sustitución”.

Precisamente este catedrático, que es uno de los autores del informe, se pronunció específicamente por las tendencias en América Latina: “La situación allí está signada por la violencia, la militarización y la utilización de la policía, combinada con resultados muy pobres en materia penal”. En el caso de Brasil y Colombia, la evaluación fue muy pesimista, porque, además, allí está muy extendida la tóxica fumigación aérea de los cultivos. “En efecto, América Latina padece esa mentalidad de ‘guerra a las drogas’ que es la que reina en la región”, apuntó Wall.

Solamente ocho de los 30 países estudiados ha descriminalizado el consumo y la posesión de drogas

Más allá de consignar la creación de cruentos escenarios bélicos o desproporcionadas penas por delitos menores, el informe sostiene que la aplicación de la ley en materia de drogas se centra en delitos no violentos, especialmente por parte de las personas usuarias y, en este sentido, solamente ocho de los 30 países estudiados ha descriminalizado el consumo y la posesión de drogas y, de ellos, solo tres consiguieron que los ciudadanos no pasaran por la justicia penal. En este aspecto, ante una pregunta de una periodista de Burundi, Joana Canedo, punto focal de la Red Europea de Personas Usuarias de Drogas, respondió, desde Portugal: “La criminalización ha sido una decisión política, tomada incluso antes de ser demandada por los ciudadanos. Podemos demostrar, gracias a este Índice, qué políticas pueden funcionar mejor que otras. Si optamos por la encarcelación en lugar de dar respuestas en las que interviene la sanidad pública, nosotros negamos a la gente que utiliza drogas el acceso a productos de sustitución, que constituye un derecho fundamental. Con estos datos, podemos reclamar mejores políticas y denunciar las acciones punitivas”.

Por lo demás, el Índice también destaca la “enorme” brecha entre las políticas gubernamentales y su aplicación para garantizar el acceso a los medicamentos sustitutivos, especialmente en países como India, Indonesia, México y Senegal, que obtienen una alta puntuación en cuanto a las políticas sobre el papel, pero una nula puntuación en cuanto a la disponibilidad real de esos recursos.

¿Es pertinente la herramienta?

Esta herramienta de medición se suma al Informe Mundial sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cual, en su edición de 2018, estimaba en unas 275 millones de personas de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años ―aproximadamente el 5,6% de la población mundial― las que habían consumido drogas en, al menos, una ocasión, durante el año 2016, una cifra que se ha mantenido en alza desde entonces. De ellas, más de 36 millones habían padecido trastornos por consumo, como es el caso de quienes se inyectan drogas, que son unos 10,6 millones en todo el mundo, de las cuales más de la mitad vive con la hepatitis C, y una de cada ocho es portadora de VIH.

Con todo, en el informe 2021, esta misma oficina aclara que los efectos de la pandemia han agravado la situación, a la vez que se han diversificado las fuentes a comercialización, y que la tendencia es a un incremento sostenido en el uso de drogas. De hecho, las proyecciones actuales sugieren, también en base al aumento de población, un alza del 11% en el número de personas que las consumen a nivel mundial para 2030, y un “marcado incremento del 40% en África, debido a su población creciente y joven”.

Más de 36 millones habían padecido trastornos por el consumo de drogas y una de cada ocho es portadora de VIH

De ahí que la responsable de la Comisión Global de Política de Drogas, Helen Clark, se mostrase dispuesta a promover el uso de estos indicadores en el futuro: “Es la primera edición y queríamos probar que es posible hacer un índice de esta naturaleza. Aunque nuestros recursos han sido limitados (hemos elegido solo 30 países), somos ambiciosos sobre el porvenir de este proyecto. Esta vez hemos demostrado que es posible contar con una herramienta que pondrá luz sobre las políticas nacionales. Es un proyecto en desarrollo que nos gustaría actualizar cada dos años (estamos en la búsqueda de financiación) y extenderlo a otros países”.

En cuanto a las posibilidades de continuar con el impulso de nuevos donantes, la responsable del estudio apuntó que Alemania ha sido uno de los principales financiadores y que, a la vez, podría estimular la adhesión de otros socios. “Hay países que tienen un acercamiento más activo y abierto a este tema”, afirmó. Incluso los hay en África, según el testimonio de Adeeba Kamarulzaman, presidenta de la Sociedad Internacional del Sida e investigadora de la Universidad de Malasia. Kamarulzaman mencionó en la reunión un informe elaborado en Nigeria que recomendaba a los países de África Occidental “tratar la utilización de drogas como un problema de salud pública”, porque “lo que los países dedican a la reducción de riesgos es una mínima fracción de lo que destinan a la represión”. La investigadora malaya asevera que “si se analiza la sobrepoblación en las cárceles, particularmente en Asia, pero también en los Estados Unidos, se advierte que una proporción importante de reclusos están allí por faltas menores relacionadas con el uso de drogas”.

Adeeba Kamarulzaman, presidenta de la Sociedad Internacional del Sida recomienda “tratar la utilización de drogas como un problema de salud pública”. Y denuncia: “Lo que los países dedican a la reducción de riesgos es una mínima fracción de lo que destinan a la represión”

En la experiencia de Kamarulzaman, hay, no obstante, motivos para la esperanza: “En Malasia, hemos tenido desde hace décadas un enfoque punitivo, pero después de 2005, cuando empezamos a tener en cuenta la noción de la reducción de riesgos, especialmente por la prevención del sida, hemos bajado el número de casos de la enfermedad y, al mismo tiempo, según un informe del Banco Mundial, también se ve que hemos economizado recursos. Hay que continuar activos en políticas basadas en estos índices”.

El Consorcio de reducción de daños internacional incluye a los siguientes socios: la Red europea de personas usuarias de drogas (EuroNPUD), la Asociación euroasiática de reducción de daños (EHRA), la Red euroasiática de personas usuarias de drogas (ENPUD), la Comisión global de políticas de drogas (GDPO)/Universidad de Swansea, Harm Reduction International (HRI), el Consorcio internacional sobre políticas de drogas (IDPC), la Asociación de reducción de daños de Oriente Medio y Norte de África (MENAHRA), la Red de políticas sobre drogas de África Occidental (WADPN), la Red internacional de mujeres y reducción de daños (WHRIN) y Youth RISE.

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