Hacia políticas de drogas menos tóxicas

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El abordaje sobre drogas fijado a principios del siglo XX (exacerbado por la guerra contra las drogas exportada por Nixon en los años setenta) se basó en un esquema mental de prohibición y abstinencia, ligado a planteamientos ideológicos, morales, religiosos, políticos y geoestratégicos (e incluso racistas y de control social) más que a la evidencia. Estos aspectos modelaron los imaginarios, representando los problemas relacionados con drogas más como producto de malas decisiones personales que como un fenómeno complejo con múltiples dimensiones culturales, sociales y económicas.

Las herramientas e instituciones que emanaron de este paradigma se han caracterizado por trasladar el combate a las drogas hacia el origen, para evitar así su producción y tráfico y desincentivar su uso por el incremento de su precio en los mercados: se han erradicado millones de hectáreas de cultivos, se han incrementado desproporcionadamente las respuestas penales y carcelarias y se ha militarizado el abordaje, sin afrontar los enormes daños colaterales. Con la excusa de defender la salud y la vida, estas políticas siguen generando muchas más víctimas.

A pesar de su éxito como guiones de Netflix, los hechos demuestran que este enfoque ha sido un fracaso. Hoy en día nos enfrentamos a un mercado en Europa cada vez más boyante, que resiste incluso a la actual pandemia, con mayor demanda, disponibilidad, diversidad y pureza y precios cada vez más bajos. En América Latina y el Caribe, donde las vulnerabilidades sociales y las debilidades institucionales son mayores (y ahora ambas se deteriorarán más en el contexto de la crisis actual) se ha incrementado la corrupción, la violencia y la inestabilidad, multiplicado las encarcelaciones y las violaciones de derechos humanos, y está afectando gravemente la gobernanza democrática, la seguridad ciudadana, la salud pública y el medio ambiente.

¿Qué alternativas hay? El enfoque desde el desarrollo sostenible.

Tal y como plantea la nueva estrategia de la UE para los próximos cinco años, es necesario trabajar en “una política en materia de drogas, centrada en las personas y orientada a los derechos humanos (…) al mismo tiempo que se refuerza el compromiso con las políticas en materia de drogas orientadas al desarrollo”. Presento aquí algunas sugerencias de acción coherentes con este enfoque:

1. Evitar contradicciones y reducir daños. Las políticas de drogas no pueden ir en contradicción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es necesario visibilizar estas dimensiones y analizar cómo reducir estos daños y poner a las políticas a jugar a favor del desarrollo sostenible y de los derechos humanos.

El poder de quienes controlan el mercado de las drogas es enorme y las políticas de control deben enfocarse en las finanzas y el patrimonio del crimen organizado

1. Reducir el poder de las organizaciones criminales. El poder de quienes controlan el mercado de las drogas es enorme y las políticas de control deben enfocarse en las finanzas y el patrimonio del crimen organizado. Necesitamos más capacidad para generar inteligencia financiera y recuperar bienes de la economía ilícita. Por eso es tan buena noticia la creación de una nueva agencia europea contra el blanqueo de capitales. Por otro lado, un debate más informado sobre las opciones de regulación por el Estado que eliminan los mercados negros y sus rentas, podría ser más factible con la evidencia que se está generando de recientes experiencias.
2. Incrementar el apoyo a los más vulnerables. Las actuales políticas de drogas son débiles con los poderosos, pero extremadamente duras con los débiles. Reducir el castigo y mejorar el apoyo a las personas afectadas es un primer paso. Las personas con problemas de consumo, agricultores/as, transportistas o “mulas”, son los eslabones más débiles de la cadena y los que sufren directamente los impactos de estas medidas y han de priorizarse en la agenda.
3. Combatir el estigma. Como ya he comentado, el imaginario social hegemónico mira a las personas con problemas de adicciones, o a los que participan en los mercados ilícitos con temor y apoya medidas profilácticas de exclusión y represión. Apostar por respuestas de apoyo a las personas afectadas tiene un coste mucho menor.
4. Investigar e innovar para encontrar soluciones. Las políticas sobre drogas han sido muy resistentes al cambio, en parte por los riesgos políticos que asumen los que se atreven a proponer alternativas. Generar conocimiento y abrir espacios de innovación pública puede ser una vía interesante para conseguir mejoras sustanciales.
5. Incrementar el debate, el diálogo, la participación y el compromiso. El debate y la generación de respuestas sobre las drogas debe abordarse de forma completa y compleja con participación de todos los actores (incluyendo colectivos afectados), escapando de visiones simplistas en blanco y negro y desvelando y gestionando la amplia gama de matices grises que presenta este fenómeno.

Contamos con una oportunidad para aprovechar el excepcional consenso internacional establecido en la Agenda 2030 para mejorar políticas que, como las de lucha contra las drogas, siguen siendo “tóxicas” para los objetivos de desarrollo. Se trata, en esencia, de atender a la coherencia de las políticas públicas que la misma agenda plantea a los gobiernos y evitar que lo que hacemos con una mano destruya lo que la otra está intentando construir.

Javier Sagredo trabaja en la FIIAPP y es director del programa de cooperación sobre drogas entre América Latina y el Caribe y Europa (COPOLAD) que financia la UE.

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