Políticas de drogas: mirando hacia el desarrollo

La aprobación de la nueva agenda de global de desarrollo por todos los Estados Miembros de la ONU inyectó una buena dosis de optimismo y de energía renovada a las instancias multilaterales y al resto de los actores del desarrollo, alineados tras una visión compartida centrada en todas las personas, nuestro planeta, su prosperidad, la paz y las necesarias alianzas para hacerlo posible.

Los cambios requeridos para avanzar en esta agenda solamente se producirán si se generan en un marco de coherencia entre las distintas políticas que deben entrar en juego y con los medios necesarios para ponerlas en marcha. Los impactos, positivos y negativos, y las interrelaciones con el resto de objetivos de la agenda son fundamentales, complejizando tanto su análisis como las intervenciones para hacerlos posibles.

Hace unas semanas, en otra gran cita global, la comunidad internacional se reunió en Nueva York en una reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) para discutir, a petición de tres países latinoamericanos (Colombia, Guatemala y México), el enfoque internacional de algunas de las políticas que más impactos negativos han tenido en el desarrollo de muchas personas y comunidades en América Latina y en otros países: las políticas de drogas.

Ello es evidente cuando hacemos recuento histórico y presente de la gran cantidad de vidas y sueños perdidos; el impacto en los más vulnerables; el incremento de la violencia en los mercados y rutas de drogas; la exclusión social; el encarcelamiento de millones de almas en el olvido; la negación del acceso a la salud para muchos usuarios; el impacto especial de todas estas situaciones en las mujeres, en sus hijos, en los jóvenes, en los más pobres, en sus familias y en sus comunidades; de la expansión de la epidemia del VIH/SIDA y de otras enfermedades. La lista es mucho mas larga.

En la agenda 2030 el tema de drogas aparece formalmente sólo en una de las 169 metas, bajo el objetivo relativo a una vida sana y el bienestar para todos, apuntando a “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”.

Sin embargo, la realidad nos confirma que casi la totalidad de los objetivos de esta agenda se ven amenazados por los impactos negativos que el fenómeno de las drogas y las respuestas al mismo han tenido y siguen teniendo en nuestras sociedades.

Las dificultades que supone encontrar consensos globales en un tema tan complejo (y esta sesión de UNGASS lo ha evidenciado), se deben en gran medida a las relaciones de poder y a los poderosos incentivos involucrados en el asunto, tanto dentro de cada país como en la arena internacional.

Este es un factor fundamental que convierte a América Latina y el Caribe en la región en la más violenta y desigual del planeta. El futuro, lamentablemente comprometido en escenarios donde las opciones de vida para muchos se generan en lo informal y precario o en lo ilegal. Un escenario que convierte, en América Latina, la agenda de drogas, en una agenda de urgente y necesaria inclusión social.

Si, tal y como nos dice la Agenda 2030, el desarrollo humano debe ser la referencia para las políticas públicas, también debe cambiar el enfoque para evaluar el éxito de las mismas y los incentivos de los actores que trabajan en su pro.

El avance en las políticas de drogas no debe cifrarse en el número de hectáreas erradicadas o fumigadas, sino apuntar al número de familias y comunidades que han podido generar otros modos de vida dignos

El avance en las políticas de drogas no debe cifrarse en el número de hectáreas erradicadas o fumigadas, sino apuntar al número de familias y comunidades que han podido generar otros modos de vida dignos y sostenibles o al número de hectáreas de bosque protegidas. Tampoco en el número de personas detenidas, procesadas o encarceladas, sino en la cantidad de personas integradas afirmativamente para una vida plena en comunidad. No sólo en la prevalencia de consumo de la población a lo largo de toda la vida, sino también en la reducción de los daños y riesgos más importantes asociados al consumo problemático y en la reducción de las enfermedades asociadas. No sólo en el número de operaciones armadas contra el crimen organizado, sino también en la disminución de los abusos a los derechos humanos, como garantía del Estado de Derecho para todas las personas, hayan o no cometido un delito. Una nueva mirada, holística, que va mucho más allá de considerar el fenómeno de drogas como un tema exclusivamente de seguridad pública o de salud, de criminales o de enfermos; y que debe ayudar a su transformación profunda.

Nuestra intención es facilitar los objetivos últimos del sistema internacional de control de drogas, que apuntan a “la salud y el bienestar de la humanidad”, y de la propia ONU: la seguridad, la paz, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Las políticas de drogas no pueden seguir siendo un factor que afecte negativamente al desarrollo de nuestras comunidades, sino todo lo contrario; deben acercarnos a los objetivos de la Agenda 2030, facilitando un desarrollo sostenible e inclusivo para todos. Y con todos.

Jessica Faieta es Subsecretaria General de la ONU y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe.