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Los políticos suelen ser conservadores en las políticas sobre la regulación de drogas. Solo unos pocos países están empezando a legalizar las blandas y la simple mención a que las duras vayan por el mismo camino suena a tabú. Pero cuando no están en el poder, algunos tienen un discurso más contundente. Es el caso de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En la 26ª conferencia sobre reducción de daños de Harm Reduction International (HRI) en Oporto, a la que ha sido invitado EL PAÍS, la política dio unas cuantas razones por las que el modelo actual no está funcionando. “La llamada guerra contra las drogas se basa en que las medidas de represión [...] harán que su consumo desaparezca. Pero sabemos, por experiencia, que esto no es verdad. Después de décadas con este enfoque, los países que lo adoptaron no están libres de drogas. Por el contrario, el rango y la cantidad de sustancias que se producen y consumen hoy es mayor que nunca”.

Bachelet fue desgranando en su discurso datos que refuerzan su tesis:

1. Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015, según la Organización Mundial de la Salud. “Las políticas represivas han impedido abordar algunos de los factores sociales que agravan la vulnerabilidad de un individuo ante el consumo y sus resultados nocivos”, ha asegurado.
2. Más del 80% de las personas que se inyectan drogas viven con hepatitis C o han tenido una infección, y padecen un riesgo 23 veces mayor de contraer el VIH. Aunque la incidencia mundial del virus del sida disminuyó en un 25% entre 2010 y 2017, entre las personas que se inyectan drogas y sus parejas está aumentando. “A pesar de esto, las intervenciones efectivas de reducción de daños, que podrían prevenir su propagación, carecen o están gravemente insuficientes en muchos países”, añadió Bachelet.
3. En el mundo hay algo más de 10 millones de presos. Uno de cada cinco está encarcelado por delitos relacionados con las drogas, muchos por la posesión para uso personal. Ante esta realidad, la postura de la alta comisionada es clara: “El encarcelamiento en prisiones superpobladas y con fondos insuficientes aumenta la probabilidad de que cometan delitos tras su liberación. La prisión también es muy costosa, mucho menos rentable que el tratamiento y el asesoramiento. En este contexto, con frecuencia parece ser una sanción injusta o desproporcionadamente grave. Y aunque las cárceles representan entornos de alto riesgo para la transmisión de virus transmitidos por la sangre, en general en ellas se ofrecen incluso menos servicios de reducción de daños que en la comunidad, lo que agrava el riesgo de dañar la salud”.
4. El número de países que ofrecen programas de agujas y jeringas, y/o terapia de sustitución de opioides ha disminuido desde 2014. El uso de drogas inyectables está presente en 179 de los 206 países revisados por la revista The Lancet, pero solo 86 implementan el intercambio de agujas y jeringas. Y 86 (no necesariamente los mismos) permiten la terapia de sustitución de opioides. “Los programas que existen con frecuencia están privados de fondos adecuados, particularmente en países de ingresos bajos y medios”, denuncia Bachelet, quien recuerda que Onusida ha alertado sobre la escasez del 20% en la financiación para la respuesta mundial al VIH. Si hablamos de políticas de reducción de daños, la brecha alcanza el 90%.
5. Un sexto motivo es que está demostrado que la criminalización del uso de drogas disuade a las personas de acceder a tratamientos y otros servicios sociales y de salud. “Junto con las actitudes estigmatizantes y la discriminación que alimenta, la criminalización también puede conducir a tasas más altas de prácticas de inyección de riesgo y a riesgos más altos de sobredosis, debido a la necesidad de inyectar rápidamente y en lugares inseguros”.

Entre 2000 y 2015 ha habido un aumento del 60% en las muertes relacionadas con las drogas: 450.000 fallecimientos en 2015

En el congreso de HRI se acaba de presentar un nuevo estudio que refuerza esta evidencia. Tras cuatro años tomando datos en un local controlado de consumo de Estados Unidos (ilegal, ya que en el país no están permitidos), después de la supervisión de más de 9.000 inyecciones entre más de 500 consumidores, no se produjo ni una sola muerte por sobredosis. Las 26 que se produjeron en este periodo fueron resueltas por el personal del centro aplicando naxolona, algo que hubiera sido muy complicado de producirse en la calle y que habrían terminado muy probablemente con la muerte de la persona afectada.

“Con una evidencia tan persuasiva y un claro consenso internacional a favor de las políticas de drogas basadas en los derechos humanos, ¿por qué tantas personas están privadas de sus derechos como seres humanos porque han estado atrapadas en el uso de drogas? ¿Por qué tantos países aún tienen barreras legales y políticas para los servicios de reducción de daños que salvan vidas, incluidas las leyes que hacen que el intercambio de agujas y jeringas y el tratamiento de sustitución de opioides sean ilegales?”, se preguntó Bachelet.

Aunque la alta comisionada en ningún momento habló directamente de legalización de los narcóticos, en su discurso sí hizo un llamamiento a una mejor regulación, información y sensibilización: “La abstinencia total del consumo de drogas ha sido el mensaje principal de prevención en muchos países hasta la fecha. Pero hay muy poca evidencia de que este mensaje sea efectivo. Una información sincera, que fomente la moderación en la experimentación juvenil y dar prioridad a la seguridad mediante el conocimiento es mucho más probable que conduzca a resultados positivos. También es esencial para cada campaña de prevención y sensibilización promover actitudes no estigmatizantes hacia las personas que consumen drogas”.

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