‘Riders’, las mulas involuntarias de droga durante el confinamiento

Entregar un pantalón nuevo desde la madrileña calle Lagasca hasta la calle María del Carmen, a unos siete kilómetros, le supuso a Roberto una tarde en comisaría. Sobre las tres del pasado miércoles recogió una bolsa —irónicamente, de la marca Superdrug— en casa de un joven de “unos 18 o 19 años”. Dentro, un paquete bien embalado que, según él, no parecía sospechoso. En la plaza de Neptuno paró su moto en un control policial. “Todo en orden”, dice este venezolano que prefiere no dar su nombre real, “hasta que abrieron el paquete”. En el bolsillo del pantalón encontraron “dos o tres piedras de hachís”. Aunque intentó explicar a los agentes que no era suyo y les dio las direcciones de origen y de destino, fue detenido por un delito de tráfico de drogas. Glovo se negó a dar los datos del dueño de la bolsa —sin rellenar previamente una solicitud online— “amparándose en la ley de protección de datos”. “En un caso como este, ¿dónde está la protección del glover?”, se pregunta Roberto, quien pasó cinco horas en comisaría y cobró 8,48 euros.

Glovo es la única aplicación de reparto en España que cuenta con un servicio de recogida y entrega de un domicilio a otro, el llamado “envío exprés”. Desde que empezó el confinamiento, ha aumentado “más de un 100%” su uso, según los últimos datos de la compañía. “¿Necesitas algo? Con Glovo, lo tienes en casa en pocos minutos”, dice la propaganda oficial, con la que Pepe Fores, portavoz nacional de la plataforma Riders X Derechos, que aglutina a este tipo de mensajeros, ironiza: “Presumen de que te llevan lo que sea. Y definitivamente es cualquier cosa: incluida la droga”.

No dar datos del cliente

La compañía recuerda que “la prioridad son los repartidores” y que “anticipando las situaciones en las que se podrían ver inmersos, como el tráfico de sustancias ilícitas”, Glovo ha establecido un protocolo de actuación en coordinación con las autoridades. En él, se les pide que se denuncien casos de este tipo. Sin embargo, establece que bajo ningún concepto los riders “aporten datos de los usuarios”, que son los que podrían exculparlos, ni se acerquen a las oficinas con el pedido.

Si bien no existe un recuento oficial de casos, fuentes policiales reconocen haber interceptado “varios” similares e insisten en recordar que el procedimiento no varía, aunque lo justifiquen: “Si una persona está transportando droga, el indicio es el que es. Los veredictos los dicta un juez”.

A Lucas le pasó hace seis meses. El 5 de octubre le tocó llevar un sobre. La mujer que se lo entregó no le dio “muy buena espina”, pero aceptó el pedido igualmente. Al meterlo en su mochila se cayó un pastillero con sobres de cocaína. Avisó a la plataforma y le dijeron que lo denunciara. “Yo lo hice pero habrá gente que lo bote, otros que se lo queden y otros que lo entreguen para no perder tiempo y seguir ganando”, cuenta el mensajero, que no da su nombre real por miedo a las represalias. Desde entonces, revisa todos los pedidos y espera con recelo los encargos de la modalidad “transporte”. Y es que se juegan una condena por trayectos en bicicleta o moto por los que cobran, desde el jueves, 1,20 euros como base mínima, y después 0,34 euros por kilómetro recorrido hasta los seis, a partir del cual sube a 0,45 euros. Antes de este cambio de tarifa, la base mínima eran 2,50 euros.

Cancelar estos encargos es problemático por la forma en que los puntos de calificación que otorgan los usuarios penalizan a los repartidores. Revisar los paquetes a transportar para asegurarse del contenido es una precaución que toman muchos riders estos días, aunque en la formación que les imparte Glovo se les dice que está prohibido. Uno de ellos es Ramón. “Los abro porque al final es mi pellejo el que está en juego”, explica. En la última semana encontró droga en dos de sus repartos. “Pieza de lavadora” decía la descripción del primero y “comida” el segundo.

Una vez avisó a la empresa de que llevaba hachís, bloquearon al usuario y le aconsejaron tirarlo a la basura o denunciarlo. Optó por lo primero. “Yo tengo que seguir trabajando, no puedo perder mi tarde en la comisaría”, se justifica. Minutos después, empezó a recibir llamadas de un número que no tenía registrado. Era la clienta preguntando por su pedido. Ella había guardado su número cuando él llamó para asegurarse del piso. “Hola, ¿qué pasa con el pedido?”, le preguntó a través de WhatsApp. Cuando le explicó lo sucedido, la usuaria le pidió perdón y lo bloqueó.

“Los camellos nos usan”

Casos como el de Roberto, Lucas o Ramón son “cada vez más comunes”, asegura Fores. “No es solo por el confinamiento, pero claro que influye. Antes los camellos podían entrar y salir para vender. Ahora nos usan a nosotros”, explica.

Héctor Merino, presidente de la Asociación Española de Riders Mensajeros (Asoriders), pidió a la compañía el cese de este servicio dada la dificultad para controlarlo y la desprotección manifestada por los trabajadores. La respuesta fue negativa. El argumento: la demanda. Le aseguraron, sin embargo, que se crearía una especie de “botón del pánico” para que el rider pueda notificar sus dudas con un pedido y dar parte automáticamente a la policía y a Glovo. Pero aún no se ha puesto en marcha. “Cada pedido que hacemos es una familia que no sale a la calle. Estamos haciendo una labor esencial y no sé de qué lado está Glovo”, añade Merino.

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