La crisis del coronavirus

Multas, penas de prisión y encarcelamientos preventivos por saltarse la cuarentena

Los jueces que están de guardia durante el estado de alarma han dictado ya decenas de condenas contra ciudadanos que han sido sorprendidos reiteradamente en la calle o que agreden a los agentes

Agentes de la Policía Nacional realizan un control de tráfico con motivo del confinamiento decretado por el Estado de Alerta en la carretera de Valldemossa de Palma de Mallorca este lunes. En vídeo, declaraciones del general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. (FOTO: EFE | VÍDEO: EP)

Advertencia, sanción administrativa, detención y condena. Esta es la secuencia que están siguiendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales para castigar a quienes se saltan de forma reiterada el confinamiento decretado por el Gobierno. Los jueces que están en funciones de guardia durante el estado de alarma han dictado ya decenas de condenas contra ciudadanos que han sido sorprendidos varias veces en la calle sin poder alegar una de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública. La mayoría de las veces, el infractor acepta el delito y la pena se queda en una multa, pero en los tribunales empiezan a acumularse también las condenas de cárcel y algunos acusados han sido enviados a prisión preventiva tras enfrentarse a los agentes o intentar huir.

Hasta la medianoche del lunes las fuerzas de seguridad habían tramitado 216.326 propuestas de sanción a ciudadanos que han incumplido la cuarentena. Pero muchas de ellas comparten infractor: algunos han sido cazados deambulando una y otra vez sin poder alegar una razón justificada. Estos son, en su mayoría, los casos que acaban con el infractor detenidos y puesto a disposición del juez de guardia. Hasta este lunes, habían sido arrestadas 1.849 personas, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. No hay todavía cifras oficiales del número de procedimientos abiertos y sentencias dictadas, pero sí un goteo constante de resoluciones dictadas por tribunales de todo el país que muestran un patrón común: la mayoría de los detenidos acaba admitiendo el delito y aceptando la pena para beneficiarse de una rebaja en el castigo, que, en los casos menos graves, suele saldarse con una multa de entre 300 y 600 euros por un delito de desobediencia.

Algunos han visto incrementada la cuantía porque no solo no han podido alegar una razón justificada para estar en la calle, sino que han admitido ante el juez que su intención era saltarse el confinamiento por razones que nada tienen que ver con las recogidas en el real decreto del estado de alarma. Este es el caso de un hombre de 53 años detenido la semana pasada en Telde (Gran Canaria). Cuando los agentes le pidieron la documentación y le preguntaron donde iba, admitió que acudía a casa de su pareja “a mantener relaciones sexuales”. El infractor pasó la noche arrestado y ante el juez de guardia aceptó una multa de 720 euros por desobediencia grave. Con la misma multa se ha saldado la detención de un vecino de Santa María de Guía (Las Palmas), que fue sorprendido deambulando por la calle y, cuando fue requerido por los agentes para que se confinara en su casa, se negó a marcharse. El acusado, según recoge la sentencia, aseguró que él solo “obedecía órdenes de Dios para salir a la calle” y que “prefería ser detenido antes que volver a su casa”.

Los jueces canarios están siendo especialmente activos para solventar en juicios rápidos las detenciones por violar la cuarentena. De las islas salió una de las primeras condenas a prisión, impuesta a un ciudadano, que además tenía antecedentes penales, y que fue parado en un control policial en Santa Cruz de Tenerife. Al ser requerido por las razones que le habían llevado a abandonar el confinamiento, se dio a la fuga. Los agentes frustraron la huida y el juez le impuso una condena de cuatro meses de cárcel.

Una pena idéntica ha recaído sobre un vecino de Gandía que fue detenido tras cuatro sanciones administrativas por incumplir el confinamiento. Cuando los agentes le pidieron por quinta vez que se identificara y les explicara qué hacía en la calle, les espetó que había salido a pasear porque estaba “cansado de estar en casa” y les avisó de que seguiría haciéndolo aunque le multaran a diario, según recoge la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de la localidad. Acabó admitiendo los hechos ante el juez, que accedió a suspender la entrada en la cárcel con la condición de que no reincida en los próximos dos años.

Pero en las dos semanas que lleva en vigor el estado de alarma, son varios los acusados a los que los jueces ya han enviado directamente a prisión. Generalmente, porque además de reincidir, se han enfrentado a los agentes e incluso han llegado a agredirlos. Estos casos, en los que a la acusación por desobediencia se le une la del atentado a la autoridad, no se resuelven en juicios rápidos, sino que el juez abre diligencias previas para enviar la causa a los juzgados de lo Penal o a la Audiencia Provincial.

Es el caso de un vecino de Segovia, que fue detenido dos veces en apenas 24 horas. En la segunda, amenazó a la policía y escupió en tres ocasiones en la cara de uno de los agentes, lo que llevó al juez a imputarle un delito de desobediencia, otro de atentado a agente de la autoridad y a decretar contra él prisión sin fianza. En el auto de prisión, le acusa de actuar de manera “arbitraria e incívica” y advierte del "riesgo evidente de reiteración delictiva” y del riesgo para la salud que podía derivarse de su actitud.

También ha sido encarcelado preventivamente un hombre de 36 años de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) que, la semana pasada se saltó un control cuando circulaba en su coche y en su huida lesionó a un agente de la autoridad. En principio, el investigado está acusado de delitos de conducción temeraria, atentado a agente de la autoridad con lesiones y desobediencia. Muy similar es lo ocurrido con un joven de 19 años de Madrid, para el que se decretó prisión sin fianza tras atropellar a un cabo primero de la Guardia Civil durante un control. Se le investiga por delitos de atentado utilizando vehículo a motor, tentativa de homicidio y contra la seguridad vial, ya que conducía sin carnet y dio positivo en el test de sustancias estupefacientes que le fue realizado tras ser interceptado después de que se diera a la fuga.

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