Más de 30.000 denuncias y 350 detenidos por saltarse la cuarentena del estado de alarma

Más de 300 personas (350 a las 19.00 de este jueves) han sido ya detenidas por incumplir la cuarentena del estado de alarma. En total, la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto más de 31.100 denuncias por saltarse alguna de las medidas decretadas por el Gobierno, según los datos aportados este viernes por el ministro del Interior, Fernando-Grande-Marlaska. Durante el fin de semana se han reforzado los controles en las carreteras para evitar que algunos ciudadanos aprovechen estos días para pasar la cuarentena en su segunda residencia.

Los primeros días del estado de alarma la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedicaron, sobre todo, a hacer “pedagogía”, en palabras del ministro del Interior. Si veían a alguien que aparentemente se estaba saltando el decreto de alarma le explicaban lo que podía y lo que no podía hacer y, salvo que el supuesto infractor se resistiese a acatar lo que los agentes le decían, todo acababa de forma amistosa. “Pero ya ha transcurrido un tiempo razonable”, advirtió este viernes Marlaska, que definió como “insolidarios” a los incumplidores. Interior ha contabilizado más de 31.100 propuestas de denuncias y 350 detenidos. Solo este jueves fueron detenidas 75 personas (55 por la Policía Nacional y 20 por la Guardia Civil) por desobedecer el decreto del estado de alarma declarado el pasado sábado.

En una rueda de prensa conjunta con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Marlaska se mostró satisfecho con el cumplimiento general de la cuarentena, aunque llamó a no bajar la guardia. Interior ha puesto en marcha con la Dirección General de Tráfico (DGT) un plan para evitar traslados desde las residencias habituales hacia las segundas residencias durante el fin de semana. De momento, ayer por la tarde, la utilización de las carreteras en las vías nacionales había disminuido en más del 65% respecto al mismo fin de semana del año pasado, mientras que en la entrada y salida de Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga la bajada oscilaba entre el 70% y el 80%.

El titular de Interior dio cuenta también de la incidencia del virus, algo por encima de la media, entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Ya son 157 los positivos dentro de un colectivo de más de 145.000 personas (146.482 personas a datos del 31 de diciembre, 68.013 policías y 78.469 guardias civiles). “Hay que tener en cuenta que es un personal muy expuesto”, señaló Marlaska, que defendió las medidas de aislamiento frente al coronavirus puestas en marcha por el Gobierno y criticadas por deficientes por el presidente de la Generalitat, Quim Torra. “Las de España son las más drásticas en Europa y de las más drásticas a nivel mundial”, aseguró el ministro, que recordó que, además de ser severas, “lo son conforme a los criterios de las autoridades sanitarias”. El ministro defendió también la actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para desinfectar el aeropuerto de Barcelona y aseguró que los militares van a seguir actuando en los aeropuertos de Cataluña, del País Vasco y del resto de España.

Junto al ministro del Interior compareció el de Justicia, que no había hecho balance de la gestión de su departamento desde que se activó el estado de alarma pese a que jueces, fiscales y funcionarios judiciales han estado entre los colectivos más activos en los últimos días para exigir que se les faciliten medidas de protección para poder cumplir con los servicios que se han declarado esenciales. La administración de Justicia es un engranaje complejo del que forma parte el ministerio, las comunidades con las competencias transferidas, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Campo asumió ayer la coordinación de la actividad de todos los funcionarios de la administración de Justicia a través de una orden firmada por el ministro de Sanidad, que le da competencias para constituir un gabinete de crisis cuya misión principal es consensuar las medidas necesarias para mantener los servicios esenciales.

Esa comisión, de la que forman parte los consejeros de Justicia de las 12 comunidades con competencias en esta área, se reunió ayer por primera vez. Del encuentro, virtual, salieron algunas medidas como poner a disposición de Sanidad a los médicos forenses y los técnicos de laboratorio, y la redacción de una norma común para toda España en materia de medidas preventivas y de seguridad que deben adoptar los funcionarios de justicia durante la pandemia. El documento, anunció el ministro, estará listo el lunes.

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