India en la encrucijada: ¿democracia o autoritarismo?

Tras cumplirse el 74.º aniversario de su independencia el pasado 15 de agosto, India se enfrenta a una encrucijada: ¿primarán los valores constitucionales de secularidad, igualdad y justicia social o, por el contrario, continuará la deriva a la autocracia y la erosión de los derechos fundamentales?

Hoy son numerosas las voces que denuncian la erosión de la democracia y de los derechos humanos en el país, así como el camino autoritario del Gobierno de Narendra Modi. Las pacíficas protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía, calificada como discriminatoria hacia la minoría musulmana o, las más recientes de los agricultores por tres leyes que los dejaban a merced del capital, han resultado en miles de detenciones arbitrarias, en muchos casos, sin juicio ni cargos. Por el contrario, tal y como denuncian numerosos activistas, las autoridades no investigan a culpables de violencia contra las minorías musulmanas o contra los dalits (clase social considerada inferior) o adivasis (indígenas), fomentando un discurso ultranacionalista (“India para los hindúes”) y, en muchos casos, de incitación al odio.

A través de varias leyes, el Gobierno de Modi sofoca cualquier tipo de disidencia contra sus políticas. Entre otras, la Ley de prevención de actividades ilícitas (UAPA por sus siglas en inglés). Modificada bajo su mandato y que inicialmente fue pensada para combatir el terrorismo, hoy permite encarcelar por delitos de sedición a cualquiera que disienta públicamente de las políticas gubernamentales, dejarle sin juicio durante años y denegar su libertad bajo fianza. Miles de personas languidecen en las cárceles de la India en virtud de la utilización arbitraria de esta ley.

La ley de prevención de actividades ilícitashoy permite encarcelar por delitos de sedición al que disienta públicamente de las políticas gubernamentales

Esto parece evidente si atendemos al número de detenidos entre 2015 y 2019 (5.922 casos) y los efectivamente condenados (en torno al 2%). Numerosas voces e informes internacionales se hacen eco del acoso por parte del Estado a activistas, defensores y manifestantes pacíficos. El informe de la organización CIVICUS señala el deslizamiento de la India hacia el autoritarismo a través de la identificación del disenso con el antinacionalismo y de las campañas de difamación contra defensores de derechos humanos. También un informe sobre Libertad en el Mundo de este año señala que el Gobierno indio y su partido Bharatiya Jarana Party (Partido Popular Indio) han intensificado la violencia contra la población musulmana y el acoso a periodistas, organizaciones no gubernamentales y otros críticos.

El pasado 5 de julio de 2021 falleció el Padre Stan Swamy SJ, en el Hospital de la Sagrada Familia de Bombay, bajo custodia judicial. Llevaba nueve meses en la prisión de Taloja de aquella ciudad, acusado falsamente de mantener vínculos con los extremistas maoístas (partido prohibido en la India) y de conspirar para derribar al Gobierno. Fue uno de los 16 detenidos por el incidente Bhima Koregaon, en la que murió una persona tras un estallido de violencia en una reunión conmemorativa por los 200 años de la batalla de Koregaon en 2018. En dicho evento participaron miles de dalits y las autoridades alegaron que la violencia fue motivada por activistas, entre ellos Swamy.

Los demás detenidos, todavía encarcelados a excepción de uno, son personas conocidas de la sociedad civil india por defender los derechos de las comunidades marginadas. Los cargos han sido negados por los acusados. Stan Swamy los niega rotundamente en un vídeo grabado dos días antes de su detención. Tal y como señala, su “delito” ha sido luchar durante más de cuatro décadas, por los derechos a la tierra y a los recursos de las comunidades indígenas o adivasis en el Estado de Jharkhand. Las acusaciones se sustentan en informaciones extraídas de los ordenadores confiscados a los detenidos.

Pero lo que resulta gravísimo es que, según una investigación de la firma Arsenal Consulting, con sede en Estados Unidos, las pruebas clave utilizadas para incriminar a varios de los activistas y defensores de los derechos humanos, incluido el P. Stan Swamy SJ, fueron colocadas deliberadamente en el ordenador portátil del activista Rona Wilson mediante malware. El Washington Post solicitó a tres expertos que verificaran la validez del informe de Arsenal, siendo confirmada su credibilidad.

Según una investigación de la firma Arsenal Consulting, las pruebas clave utilizadas para incriminar a varios de los activistas y defensores de los derechos humanos fueron colocadas deliberadamente en el ordenador portátil del activista Rona Wilson mediante malware

A pesar de que, como señalaba Stan Swamy, su caso no era único, sino que formaba parte de un proceso más amplio de hostigamiento contra activistas, defensores y estudiantes, el ensañamiento contra el jesuita ha sido llamativo. A pesar de su avanzada edad (cumplió los 84 años en la cárcel), de sus enfermedades (Párkinson severo, audífonos en ambos oídos, operado de hernia y, finalmente, con covid-19), de la gravedad de la pandemia en la India, de la movilización en su favor propiciada por la Compañía de Jesús y otros grupos y de las innumerables peticiones de personas y organismos, en la India y a nivel internacional, su libertad bajo fianza fue denegada repetidamente, sin tener en cuenta el creciente deterioro de su salud como consecuencia de su estancia en prisión. Familiares y amigos de los acusados de Bhima Koregoan han calificado la muerte de Swamy como “homicidio institucional”.

Las movilizaciones exigiendo la reparación a Stan Swamy, la derogación de la Ley UAPA y la puesta en libertad de los detenidos continúan en la India. Ojalá que el legado de Stan Swamy fructifique en un movimiento en favor de mayor justicia, derechos humanos y democracia en la India.

Valeria Méndez de Vigo es coordinadora de comunicación del Secretariado Justicia Social y Ecología Compañía de Jesús.

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