El sector agrícola de India lidera una de las mayores protestas pacíficas de la historia

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Durante la instauración de la democracia en India a partir de 1947, el partido del Congreso quedó a cargo del desarrollo nacional del subcontinente, así como de intentar reducir las brechas que la administración colonial había ahondado. Desde entonces y hasta el 2020, la agricultura ha sido coordinada por el Gobierno central, quien además respalda la implementación de las políticas propias de los gobiernos estatales.

El sistema ha demostrado tener deficiencias que perjudican a los hombres y las mujeres que se dedican a los cultivos, siendo este trabajo altamente invisibilizado. Aún así, en algunos casos se disponía de subvenciones para el suministro eléctrico y un precio de apoyo mínimo para los productos que los agricultores vendían en los mercados estatales (mandis), donde eran adquiridos por terceras partes.

Actualmente, el Gobierno central está en manos del partido conservador Bharatiya Janata Party (BJP). En su segunda legislatura, el primer ministro Narendra Modi no ha dejado de enfrentarse a protestas nacionales, y es que su nacionalismo hindú y su máxima de “Una nación, una lengua, una religión”, incumplen con el principio constitucional de secularismo (entendido como el respeto y la igualdad de todas las religiones y no la separación del Estado federal de la religión), deteriorando la idea de democracia. Tras la visita del expresidente estadounidense Donald Trump en febrero del año pasado, el líder político convocó un repentino acto que puso fin a las revueltas populares en contra de la aprobación de la Ley de Ciudadanía vinculada al Registro Nacional de Ciudadanos (CAA y NRC por sus siglas en inglés) que vulnera los derechos de la población musulmana; meses más tarde anunció la completa reorientación del sector agrícola.

¿Qué implican estas nuevas leyes?

Con la justificación de proteger la economía del país en un momento de crisis sanitaria, el partido dirigente promulgó en junio de 2020 una serie de reformas agrarias que no solo incurren en competencias estatales, sino que además se elaboraron sin participación ciudadana. El Gobierno central declara que la liberalización modernizará el sector y agilizará su capacidad productiva y económica, garantizando la seguridad alimentaria del país.

Con la justificación de proteger la economía del país en un momento de crisis sanitaria, el partido dirigente promulgó en junio una serie de reformas agrarias que no solo incurren en competencias estatales, sino que además se elaboraron sin participación ciudadana

Por una parte, se introducen tres nuevas leyes agrarias: la primera diversifica las fuentes de ingreso, pudiendo vender a los mercados privados o a los estatales y facilitando igualmente el comercio intra e interestatal. La segunda ley permite que las empresas privadas y los agricultores establezcan los términos del contrato sin necesidad de intermediación. Los límites de almacenamiento y la desregularización de productos básicos (cereales, legumbres, aceites, etc.) constituyen el eje central de la tercera. Por otra parte, se incluyen la Ley de Enmienda de Electricidad y la penalización por la quema de residuos de las cosechas.

En marcha hacia Delhi

La organización de agricultores comprometida con la difusión de información sobre las protestas, Kisan Ekta Morcha, critica que las leyes pretenden “esclavizarlos”. Explican que los mandis son regulados por la Comisión de Comercialización de Productos Agrícolas y están sujetos a impuestos, mientras que los mercados privados quedan exentos. Así pues, el colectivo transmite la preocupación de que aunque estos funcionaran ineficientemente, si los mercados estatales desaparecen y con ellos el precio mínimo, las corporaciones aprovecharán la ocasión para lucrarse: fijarán el valor monetario que mejor les convenga y las subvenciones que recibe gran parte de la población india para adquirir artículos de primera necesidad en los mandis desaparecerán.

Si las comisiones cesan su actividad debido al monopolio de las empresas privadas, se libera a los gobiernos de sus obligaciones económicas. Asimismo, se teme que al suprimir las restricciones de almacenamiento los actores privados acaparen la mercancía y establezcan precios desorbitados en momentos de dificultad.

Desde noviembre, agricultores de toda India han estado marchando hacia Delhi para alzar su voz en contra de las reorientaciones crematísticas aprobadas por el Gobierno

Los agricultores denuncian que estas leyes invitan a las compañías privadas a desempeñar un puesto determinante, si no “dictador”, en la economía y seguridad alimentaria de India, donde los ingresos de más de la mitad de la población rural dependen de la actividad agrícola. Defienden que las reformas no atienden a la urgencia de poner fin al presente e insostenible sistema de producción, causante de los suicidios de trabajadores. Por el contrario, el proyecto liberalista se define como sinónimo de desarrollo y afianza la pervivencia de los monocultivos corporativistas por encima de los derechos e intereses de la ciudadanía.

A partir de la segunda quincena de noviembre, agricultores y agricultoras de toda India han estado marchando hacia Delhi para alzar su voz en contra de las reorientaciones crematísticas aprobadas por el Gobierno. La violencia y represiones policiales a las que se enfrentan en el camino no terminan en la urbe, pues han estado acampando más de dos meses en las afueras de la capital debido a que las fuerzas de seguridad les impiden la entrada.

Desde Scroll India informan del punto muerto de las negociaciones: por un lado se ha propuesto en el Tribunal Supremo que mujeres, mayores y niños se mantengan al margen de las revueltas. Esto ha fomentado la difusión mediática de las tareas desempeñadas por las mujeres, quienes constituyen la mayoría de la mano de obra del sector. Por otro lado, la clase dirigente asegura el bienintencionado carácter de sus propósitos, cediendo en anular la enmienda de las subvenciones eléctricas y la penalización por la quema de rastrojos, así como ha contemplado la suspensión de las leyes únicamente por 18 meses.

En lo que a los agricultores respecta, estos continúan en pie de guerra, pues de acuerdo con Kisan Ekta Morcha, “es una cuestión de vida o muerte”. No ha sido hasta el pasado 26 de enero, Día de la República, cuando las miles de personas congregadas han podido adentrarse en la ciudad. La manifestación pacífica encabezada por tractores agrarios fue respondida con cargas policiales, cortes en los servicios de Internet y manipulación de las noticias. El colectivo recalca que, a pesar de los inconvenientes ocasionados por las movilizaciones (cierre de carreteras e interrupción del transporte entre otros), la agricultura tiene repercusión a nivel nacional, por lo que la protesta es apoyada por el resto de la población de distintas formas, por ejemplo, con donaciones que hacen posible la prolongación de la lucha.

Además, las reformas presentadas por el partido del BJP han impulsado un movimiento de masas en momentos en los que impera la distancia social. Tanto en la capital como en el resto del país se denuncia que el Gobierno central conceda los derechos de la agricultura en forma de privilegios a actores privados, los cuales velarán por su bienestar sin importarle las repercusiones nocivas que puedan generar. Sin embargo, los hombres y las mujeres que mantienen a sus familias gracias a su actividad en los campos se mantienen firmes en su inconformidad y declaran que no descansarán hasta conseguir la completa derogación de las leyes. Como apunta Kisan Ekta Morcha, el sector agrario “ha demostrado ser el guerrero de la seguridad alimentaria durante esta pandemia, por lo que se le debe respetar”.

Indhira García Belda cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, centrando su investigación en ecología política de India.

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